OPINION
Variables de ajuste
Por Jorge Domingo Petrillo * |
La
universidad pública argentina enfrenta un grave avasallamiento: un fuerte recorte
presupuestario, que pone en riesgo la posibilidad de continuar cumpliendo con sus
funciones y su rol dentro de la sociedad. Estas medidas no nos debieran asombrar; el
Gobierno no ha hecho otra cosa que cumplir con las indicaciones del Banco Mundial, como lo
viene haciendo en estos últimos años. Es cada vez más claro que, en el juego perverso
de la exclusión e inclusión, la educación, la salud y la justicia son variables de
ajuste y, por ende, sus efectos siempre recaen en la sociedad argentina, dado que la
justicia, la educación y la salud son cuestiones de Estado.
En todo el mundo, la vinculación sociedad-Estado-universidad es necesaria para que,
justamente, los hombres gocen de los beneficios de una calidad de vida acorde con los
tiempos; tiempos que exigen la distribución social del conocimiento, el acceso a la mejor
educación, al mejor sistema de salud y a una justicia independiente. De todo esto ya
carecemos. Hoy, se profundiza aún más la brecha entre países ricos y países pobres.
Nos empobrecen nuestros propios gobernantes, quienes impunemente aceptan, sin resistencia
ni argumentos, las órdenes de quienes pertenecen justamente a los países ricos.
En la actualidad, nuestra universidad posiblemente esté mejor equipada pero está
endeudada. No sólo eso: con estos recortes, se está buscando despoblar a las
universidades nacionales de quienes son el sentido mismo de su existencia, los alumnos
–a través de cupos y aranceles, sin becas-, y los docentes –sobreexigidos por
sistemas de ponderación de su calidad profesional que desconocen la misma realidad–.
Desde hace varios años, la universidad ha estado obligada a administrar sus magros
recursos con permanentes amenazas de recortes, algunos concretados, otros disfrazados en
la postergación de la remisión de los fondos según la planificación financiera,
previamente acordada. Por otra parte, al no tener asegurado el cumplimiento de la ley de
presupuesto, aprobada por el Congreso de la Nación, discutir, año tras año, al interior
de cada universidad, la apertura de presupuesto es más una quimera que una realidad
posible.
Desde hace varios años, en consecuencia, hemos reclamado un mayor presupuesto del sistema
universitario en su conjunto y, dentro de él, una distribución equitativa para cada
universidad. No estamos reclamando caprichosamente. Estamos reclamando en función del
aumento significativo de la demanda de estudios superiores, de la mayor expansión de
programas que vinculan la universidad con la sociedad para transferir los conocimientos
generados en ella en pos del mejoramiento de su calidad de vida y del desarrollo
significativo de las tareas de investigación.
Ahora, ya casi en agonía, ya en riesgo de no poder levantar las persianas, revisando una
y mil veces cada inversión para decidir a quién o a qué le recortamos, hoy, reclamamos
a toda la comunidad a sumarse en la defensa de aquello que nos es propio: la educación,
la salud y la justicia.
Porque mi sueño –como el de todos los que han ganado la calle–, es una
universidad autónoma, participativa en la que convivan, armoniosa y cooperativamente, la
docencia, la investigación y la extensión, cuyos resultados, generados en su interior,
se inscriban en la sociedad y compitan académicamente con estándares internacionales,
logrando modificarlos en función de nuestra impronta y nuestra cultura, presente y
futura; una universidad, cogobernada, cuyos actores dejen atrás su presente inmediato y
coyuntural por una solidaridad generosa con vistas al futuro, al crecimiento en calidad y
en cantidad de la misma institución; una universidad, en la que la formación de los
estudiantes sea la preocupación y el eje directriz de cuanto proyecto o acciones se
lleven a cabo; una universidad, articulada con todo el sistema educativo, con equitativas
oportunidades de acceso, de permanencia y de promoción, una universidad, firmemente
sostenida por el Estado nacional, para garantizar el derecho a una educación para todos;
por todo esto, digo:* basta a los decretos de necesidad y urgencia;
basta al incumplimiento de las leyes nacionales;
basta de implementar políticas neoconservadoras, que llevan y profundizan la
exclusión social;
basta a este estilo de gobierno centrado en el mercado internacional y en el
eficientismo y no en la eficiencia vinculada a la calidad;
basta a este modelo que nos lleva a la pérdida de valores tales como la
solidaridad, participación, colaboración;
u basta a un Estado ausente que no tiene como principio rector la dignidad del ser humano.
* Rector Universidad Nacional de Mar del Plata. Miembro del Comité Ejecutivo del C.I.N.
Presidente de la Comisión de Economía del C.I.N. |
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