Por Maximiliano Montenegro
El último ajuste
comandado por el Ministerio de Economía tiene una virtud. Revela, como ninguna otra poda
del gasto público realizada anteriormente, que la tijera no tiene ninguna racionalidad,
más que cortar donde sea más sencillo. Sin embargo, esta vez esa lógica chocó contra
la movilización de la comunidad educativa. Página/12 seleccionó una serie de partidas
de gasto social, incluidas las educativas, que demuestran la irracionalidad del ajuste.
Dicen los expertos en finanzas públicas que es difícil que un programa de gastos soporte
una poda superior al 25 por ciento, sin que sea afectada su propia finalidad. De otro
modo: más allá de ese umbral caben dos hipótesis: o el programa no tenía razón alguna
de existir o a nadie le interesa que se cumpla con sus objetivos mínimos.
El asesor parlamentario de la Alianza, Horacio Rovelli, efectuó un detallado estudio
sobre el decreto 455, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial. Allí queda en
evidencia la desaprensión del viceministro de Economía, Pablo Guidotti, a la hora de
orientar la guadaña. Hay áreas que no se pueden tocar, dijo un funcionario
de Economía, cuando este diario le preguntó por qué no avanzaron en el recorte de los
ATN que maneja el ministro Carlos Corach o de los fondos reservados de la SIDE.
La contrapartida fue el ensañamiento con programas sensibles de gasto social, muchos de
los cuales fueron descuartizados si se considera el presupuesto original con que contaban.
Algunos ejemplos:
Si una de las
prioridades del Gobierno era ayudar a los afectados por las terribles inundaciones
ocurridas en el Litoral el año pasado, después del ajuste, para cerrar las cuentas con
el FMI, ya no lo es más: el programa fue recortado en un 95 por ciento.
Si el gobierno
nacional realmente creía que era necesario, dado los estudios de crecimiento poblacional,
construir más aulas para los niños y adolescentes que se incorporarían al sistema
educativo durante este año, entonces el ajuste que se realizó en esta área fue un
despropósito. Guidotti pasó, con liviandad, la tijera por la mitad de los fondos
presupuestados para este fin.
Lo mismo sucede
con el Programa de reformas educativas en las provincias: un recorte del 60
por ciento como había dispuesto Economía era darle el acta de defunción.
En el área de
la Secretaría de Desarrollo Social también resulta desproporcionado el ajuste del 28 por
ciento en dos programas: acciones sociales compensatorias y desarrollo
de capital social, ambos orientados a las familias pobres.
El ajuste en el
programa de atención de enfermedades del Ministerio de Salud alcanza al 13 por ciento del
total de presupuesto para este fin. Pero lo crítico del área y el exceso de demanda
sobre los servicios públicos de salud cuestionan severamente la lógica de este recorte.
En igual sentido pueden evaluarse los 3,6 millones recortados del programa materno
infantil. O el 9 por ciento de reducción en el presupuesto del INCUCAI, el instituto
oficial de trasplantes.
Aunque
originalmente se decía que no habían sido afectados, de las planillas del decreto surge
que hubo podas de magnitud tanto en el Instituto del Teatro como en el de Cine.
El recorte de
137 millones de pesos en las viviendas financiadas por el FONAVI, representa el 15 por
ciento de los recursos presupuestados y ya desató la rebelión de los gobernadores del
propio oficialismo, donde se concentran las obras.
Con la poda del
44 por ciento en el presupuesto de la Escuela de Economistas de gobierno, ¿Roque habrá
querido hacerle un favor a futuros ministros de Educación?
GRUESA LISTA DE GASTOS SOSPECHOSOS PARA CORTAR
El país ya no se banca tanta deuda
Por Julio Nudler
En el preciso momento en
que la presión pública obligó al Gobierno a recular, decidiendo que emitirá más deuda
para poder limitar el recorte presupuestario forzado por la caída en la recaudación, la
consultora Ecolatina, que dirige Roberto Lavagna, difundió un estudio sobre la explosiva
evolución del endeudamiento público. El trabajo advierte que la deuda del país ya
traspuso la raya a partir de la cual se convertirá en una restricción al crecimiento de
la economía. Según indica, ya se están prendiendo luces de alerta en los mercados,
ahuyentando a las potenciales fuentes de financiamiento.
En concreto, la conclusión que explicitó Lavagna ante Página/12 es inequívoca:
El recorte es inevitable. Sin embargo, propone una manera de hacerlo,
diferente de la elegida por Economía, poniendo el dedo, por ejemplo, en partidas del
Presupuesto como Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático, que
le asigna al Ministerio del Interior 135,3 millones de pesos en el actual ejercicio.
O los 122 millones que Hacienda está poniendo este año en el bolsillo de algunos
banqueros en concepto de Comisiones y otros Gastos de la Deuda Externa a Largo
Plazo.
La agrupación de los datos de la deuda logra un efecto escalofriante, sobre todo si se
osa proyectarlos hacia el futuro. A lo largo del Plan de Convertibilidad, la deuda
pública externa e interna creció en 37.755 millones, pese a que el Estado cobró 29.500
millones por las privatizaciones (que ahora han dejado de ser un recurso relevante) y a
que el Plan Brady implicó una quita de 2300 millones. Al finalizar 1998, la deuda
pública ascendía a 112.357 millones. Su expansión se aceleró notoriamente a partir de
1995, cuando arreció el efecto tequila. Así, en el conjunto de los últimos ocho años,
por reducción de activos y aumento de pasivos el patrimonio del sector público se
contrajo en 69.500 millones.
Lavagna sostiene que, en términos de competitividad, la economía argentina no puede
soportar el fardo de un gasto público que, sumando nación, provincias y municipios, suma
ya 80.000 millones de dólares, y que ninguna devaluación licuará porque está
descartado devaluar. Sin embargo, no se le puede pasar un rasero generalizado al gasto
porque sus dos mayores componentes son intocables: jubilaciones e intereses de la deuda,
en ese orden. Como esquema alternativo, Ecolatina propone cortes discriminados, para lo
cual tomó una muestra de 60 partidas del Presupuesto de 1999, que representan en conjunto
más de 5100 millones de gasto. En ese conjunto limitado estimaron posible un ahorro
superior a los 500 millones.
Pasándole la lupa al Presupuesto en busca de gastos inflados, los consultores hallaron
muchas partidas sospechosas. Entre ellas:
Casi $ 80
millones dedicados a Difusión de Actos de Gobierno y Transmisión Radiofónica
Informativa. Salta a la vista aquí la falta de relación entre la relevancia de la
función y la magnitud de la partida.
Enormes sumas
asignadas a organismos de formulación de políticas, con real o aparente repetición de
funciones. Sólo los de Agricultura y Energía suman casi 500 millones de pesos.
Más de 218
millones de pesos destinados a escuelas separadas para formación en cada una de las
Fuerzas Armadas, con una división de tareas que sube los costos fijos.
La Secretaría
de Desarrollo Social recibe casi 950 millones para infraestructura, sin que quede claro el
efecto de tan enorme monto.
Cuando la deuda por habitante (sumando la nacional y provincial) es ya de 3587 dólares,
aumentarla para sostener esos gastos es tan malo como cortar el presupuesto educativo.
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