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Por Cledis Candelaresi  La Secretaría de
Transporte acaba de inaugurar un régimen de “admisión voluntaria de multas”
para todos los autotransportistas bajo la órbita de la Nación, por el que se les puede
condonar hasta el 70 por ciento de las penas que acumularon hasta junio de 1998. El
ventajoso programa de facilidades, con que el Gobierno pretende auxiliar a un sector
empresario con rentabilidad en picada, también otorga a los colectiveros de corta, media
y larga distancia la posibilidad de pagar en módicas cincuenta cuotas mensuales el
importe que resulte de aquella quita. Estas prerrogativas no son bien vistas por el
órgano regulador, entidad comandada por el menemista Roberto Ciappa, cuyo presupuesto se
nutre en parte de la recaudación por sanciones pecuniarias. Según precisaron fuentes oficiales a Página/12, entre las transgresiones más frecuentes de los colectiveros están las de eludir la inspección periódica; no tener habilitación del vehículo o los seguros reglamentarios; deficiencias mecánicas serias; no disponer de los “mínimos elementos de seguridad” que exige la ley; y violar el régimen de frecuencias y rutas. Transporte justifica su decisión en la necesidad de deshacerse de un paquete de “viejos sumarios”, cuya lenta tramitación hizo que en un momento se acumularan 80 mil actas en los estantes del poco resolutivo órgano regulador. Gustavo Alvarez, subsecretario del área, reconoce que la medida es “bastante benévola” con las empresas. Pero, al mismo tiempo, el subsecretario de Transporte Terrestre reconoce que el Gobierno debe tender una mano a la actividad que, a su juicio, fue una de las más castigadas en los últimos años. No sólo por la mayor competencia del ferrocarril y del subte, sino por las propias exigencias oficiales de que se reconviertan, renovando íntegramente las flotas. “Endurecimos muchísimo las normas –asegura Alvarez–. Por eso, en larga distancia, dispusimos 80 caducidades. Además, inauguramos el régimen de oferta libre de servicios, aumentando la competencia”, justifica. Sin embargo, hay directores de la CNRT que no advierten esta presunta dureza en Economía y, por el contrario, cuestionan esa resolución por el perjuicio fiscal y por otorgar un elevado beneficio a los empresarios. Según comentó el aludido regulador a este diario, la CNRT habría conseguido triplicar el monto de la recaudación por multas en los dos últimos años, llevando a poco más de 6 millones de pesos anuales. La Secretaría de Canosa tiene una percepción completamente diferente. Para esa dependencia de Economía, la Comisión ni siquiera fiscaliza lo que le corresponde por ley y tiene un directorio con escaso poder resolutivo. Por esta razón, tendió línea directa con los distintos gerentes del órgano regulador (en lugar de hacerlo con sus directores) y hasta le quitó funciones: la fiscalización de los 1200 pequeños buses que prestan servicios en Capital Federal, una modalidad cada vez más difundida en el área metropolitana, es ahora controlada directamente por Transporte, cuando naturalmente debería estar bajo la lupa del ente de control. Esa compulsiva transferencia de funciones y los cambios legales que proyecta Roque Fernández en la materia garantizan un desfile de autotransportistas por el Palacio de Hacienda. Economía también prevé legalizar la incorporación al mercado de novedosos servicios como el puerta a puerta, otros nuevos competidores de los tradicionales bondis.
BRASIL AVANZA EN CALZADO Y EN NEGOCIOS DE
ALPARGATAS
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