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Por Horacio Cecchi  Ayer comenzó el
principio del final. Con puntillosidad, como si estuviera hilando la trama de una
telaraña, el alegato de Omar Ozafrain, abogado de la familia Bru, empezó definiendo un
término: la impunidad selectiva y, lentamente, se volcó a una tarea de demolición,
anticipando y destruyendo cada uno de los puntos sobre los que se apoyaba la estrategia
defensiva de los ex policías Walter Abrigo, Justo José López, Juan Domingo Ojeda y
Ramón Ceresetto, imputados por la desaparición y muerte de Miguel Bru. Lo había
antecedido el fiscal general Héctor Vogliolo, quien solicitó reclusión perpetua para
Abrigo y López, como autores directos de las torturas y muerte del estudiante platense,
cuatro años para Ojeda, comisario de la 9ª, donde se supone que ocurrieron los hechos, y
tres para Ceresetto, acusado de fraguar el libro de guardia de la comisaría. “De la
pena, además del castigo por el mal causado –cerró su alegato Ozafrain–,
deberá leerse un mensaje: se acabó la impunidad. A partir de ahora, quien ponga sus
manos sobre una persona deberá saber que la tortura se castiga y se condena”.Ceresetto, Ojeda, López y Abrigo. En ese orden, de izquierda a derecha, de cara al tribunal y de espaldas a la sala repleta de público, los cuatro ex policías sentados en el banquillo de los acusados escucharon los alegatos del fiscal Vogliolo, del abogado de la familia Bru, Omar Ozafrain, y de su defensor, Alejandro Casal. La sala los siguió durante cinco horas de silencio absoluto, sólo interrumpidas en tres ocasiones: la primera, cuando Vogliolo pronunció las palabras “prisión perpetua”, del fondo de la sala, se oyó un grito contenido de aprobación y dos palmas que aplaudieron tímidamente. La segunda, cuando Ozafrain, imaginaba en voz alta cuál sería la estrategia defensiva: “Supongamos que alguno de los detenidos mintió”. En ese momento, desde las butacas donde se concentran los familiares de los ex policías, alguien murmuró “mienten todos”. La tercera fue un receso, posterior al alegato de Ozafrain, que pareció pedido por la defensa: fueron los únicos que abandonaron la sala. La de ayer fue la 14ª jornada del juicio oral más extenso en la historia de los tribunales platenses. El interés en los alegatos quedó demostrado en las largas filas que formó el público para ingresar en la sala que, finalmente, no dio abasto: hubo que habilitar un salón contiguo. Vogliolo inició su alegato a las 16.08, con la misma presentación con la que había abierto la primera jornada: afirmando que el delito se puede demostrar sin la aparición del cadáver. Según su argumentación, Miguel Bru fue levantado por el servicio de calle de la 9ª, integrado entre otros por Abrigo y López el 17 de agosto del ‘93, trasladado a la 9ª, donde habría sido torturado hasta la muerte. El cuerpo fue cargado en el baúl de un auto, para hacerlo desaparecer. Según Vogliolo, la ausencia del cadáver hacía necesario recorrer el camino de demostración de la prueba en sentido contrario al usual. “Eso fue lo que hicimos y creemos que está demostrado”, señaló el fiscal, además de enumerar las “graves fallas cometidas por el juzgado del doctor (Amílcar) Vara”, destituido por connivencia con la policía. “No se investigó la desaparición de Miguel Bru, sino su vida, sus costumbres, incluso su ideología”, dijo, en alusión a Vara. Y recorrió las persecuciones y hostigamientos que sufriera Bru previos a su desaparición. “¿Semejante saña por ruidos molestos?”, preguntó el fiscal. “¿A quién le creemos? ¿A los policías que negaron rotundamente haber visto y conocido a Miguel Bru, o a los detenidos que compartieron sus sufrimientos?”. El fiscal dio por demostrado que López y Abrigo conocían perfectamente a Bru y que Ojeda conocía y era capaz de frenar los habituales castigos a los detenidos. Para cerrar su presentación, solicitó reclusión perpetua e inhabilitación por el mismo tiempo contra Abrigo y López, como responsables de “tormentos seguidos de muerte”, cuatro años contra Ojeda,y seis de inhabilitación, por “posibilitar por negligencia” las torturas, y tres contra Ceresetto por “supresión de documento público”. Abrigo permaneció con la vista baja, y se restregó los ojos mientras escuchaba el pedido de Vogliolo. Ojeda se mantuvo hundido en su asiento. Ceresetto bostezaba. López, como siempre, permaneció duro como una piedra. Ozafrain coincidió con el fiscal, salvo en dos detalles: sostuvo que la condición de funcionarios públicos de los acusados actúa como agravante y que el ex comisario de la 9ª no actuó por negligencia “porque sabía perfectamente lo que estaba pasando”. Solicitó entonces, seis años de reclusión para Ojeda y cuatro para Ceresetto. Ozafrain inició y cerró su alegato hablando de la impunidad. Después de más de una hora, miró a los jueces Eduardo Hortel, María Rosentock y Pedro Luis Soria, y señaló el sentido que debía tener la sentencia: “No sólo el de la pena por el mal causado, también el de decir que se acabó la impunidad, que la tortura se castiga y se condena”. Veinte minutos después del receso, el defensor Alejandro Casal inició su maratónico alegato, en el que pidió la absolución de los cuatro policías (ver recuadro). El próximo lunes, a las 18, será el día de la sentencia. Entonces se habrá cerrado sólo parte de esta historia negra.
LOS DETUVIERON POR LLEVAR MORFINA, PERO ERA
AZT
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