 Human Rights Watch, la organización humanitaria más importante
del mundo, entre cuyos directivos está el financista George Soros, afirmó que los
bombardeos de blancos civiles por parte de la OTAN podrían constituir violaciones a la
ley internacional sobre derechos humanos. Se trata de la crítica más severa a la
campaña aérea iniciada el 24 de marzo, por parte de una organización con sede en
Estados Unidos y que goza de un amplio respeto internacional. En una carta dirigida ayer
al secretario general de la OTAN, Javier Solana, el director ejecutivo de Human Rights
Watch, Ken Roth, reclamó una investigación rápida y enérgica de cada caso, la
adopción de medidas correctivas de modo de asegurar el estricto cumplimiento de la OTAN
con la ley humanitaria y la eventual sanción disciplinaria y penal de toda violación a
esa ley. “La OTAN dice que está librando una guerra en defensa de los derechos
humanos. En ese caso es esencial que respete escrupulosamente los derechos humanos en la
conducción de esa guerra. La OTAN debe hacer todo lo posible para evitar golpear a
civiles”, dice Roth.
La carta dirigida a Solana cuestiona tanto la elección de blancos civiles como la
insuficiente adopción de precauciones para evitar daños a civiles al atacar blancos
militares. Entre los episodios recientes, menciona la destrucción de fábricas y de otras
propiedades pertenecientes a partidarios del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic;
ataques a usinas eléctricas que atienden básicamente a civiles; la destrucción de
estaciones de radio y televisión y el bombardeo de vehículos civiles porque desde la
altura a que volaban los aviones no fueron vistos o identificados correctamente.
“Nuestra principal preocupación es si se han elegido blancos civiles, en violación
de la ley internacional. Puentes, fábricas, emisoras y servicios públicos son de típico
uso dual: mientras sus propósitos normales son civiles, también pueden ser usados con
fines militares”, dice la carta. El texto cita el Protocolo I a las Convenciones de
Ginebra, según el cual esas instalaciones sólo pueden ser atacadas si, por su
naturaleza, ubicación, propósito y uso contribuyen en forma efectiva a la acción
militar y si su captura, neutralización o destrucción, ofrece una categórica ventaja
militar, esto es una “ventaja concreta, no potencial o indeterminada. Esto no cubre
objetivos tales como desmoralizar a la población civil enemiga silenciando, por ejemplo,
las emisiones de propaganda o dejando a oscuras zonas residenciales. Tampoco incluye el
daño a los partidarios políticos, y no militares, de los líderes enemigos”. Human
Rights Watch añade que aunque el blanco cumpliera un propósito militar, el artículo 57
del Protocolo prohíbe atacarlo si son previsibles muertes, heridas o daños a civiles
excesivas en relación con la ventaja militar “concreta y directa” esperada.
Respecto de la decisión de bombardear estaciones de radio y televisión, Human Rights
Watch entiende que tales instalaciones puedan teóricamente usarse para emitir
comunicaciones militares pero dice que no conoce ninguna afirmación de la OTAN de que
estuvieran siendo usadas con ese fin. “Tampoco se ha denunciado, que sepamos, que
hayan sido usadas para incitar a la violencia, lo cual podría haber justificado su
destrucción. La propia OTAN declaró que había bombardeado las instalaciones de la
televisora porque servían como instrumento propagandístico. Aunque detener tal
propaganda pudiera servir para desmoralizar a la población yugoslava y minar el apoyo
político al gobierno, ninguno de esos propósitos ofrece la concreta y directa ventaja
militar necesaria para convertirlas en blanco militar legítimo. Las bajas de civiles que
trabajaban en esas instalaciones pueden haber sido mayores ante la evidente ausencia por
parte de la OTAN del claro aviso previo de los ataques” tal como lo prevé el
Protocolo I. Las mismas preocupaciones provoca el ataque a fábricas civiles propiedad de
socios políticos de Milosevic, entre ellas varias de tabaco. Human Rights Watch también
cuestionó el ataque a las plantas eléctricas, a la luz de las “devastadoras
consecuencias” que tuvo la destrucción de la capacidad energética de Irak en 1991 y
los daños consecuentes a los servicios sanitarios, de provisión de agua, salud y
servicios agrícolas. El artículo 54 del Protocolo I prohíbe la destrucción de
objetivos indispensables para la supervivencia de la población civil. “Reconocemos
que la electricidad también tiene usos militares, al facilitar las comunicaciones y la
producción militares. Pero la experiencia iraquí sugiere que Fuerzas Armadas modernas
como las de Yugoslavia poseen generadores alternativos para sus propósitos, lo cual
significa que los transformadores eléctricos civiles tendrán poco o ningún impacto en
la capacidad del país para hacer la guerra. Nos parece difícil ver cómo este beneficio
militar marginal puede pesar más que las predecibles severas consecuencias para los
civiles de la destrucción de la capacidad eléctrica de Yugoslavia”.
La carta a Solana cuestiona la decisión de la OTAN de poner la seguridad de sus pilotos
por encima de cualquier otra consideración, ya que por volar fuera del alcance de las
defensas antiaéreas “no han podido verificar la naturaleza militar de un blanco o
tomar todas las precauciones posibles para impedir daños civiles”. Entre otros
ejemplos, menciona el bombardeo de un tren de pasajeros que cruzaba un puente el 12 de
abril y el de un convoy de refugiados el 14. La carta concluye objetando el error de
inteligencia que redundó en el bombardeo de la embajada china en Belgrado y la decisión
de arrojar bombas de fragmentación sobre una pista aérea en Nis, que causaron víctimas
en un hospital y un mercado. Ese tipo de bombas, sostuvo Roth, dispersan centenares de
municiones más pequeñas sobre grandes áreas. Un alto porcentaje de ellas no explotan
con el impacto, pero quedan activas durante mucho tiempo, creando riesgo para la
población civil y su efecto es “tan indiscriminado como el de las minas
antipersonales”. La carta concluye exigiendo una inmediata y rigurosa investigación
de cada caso en el que fue atacado un blanco civil o se produjeron pérdidas de vidas
civiles para determinar sus exactas circunstancias. “Las conclusiones deben ser
hechas públicas y deben tomarse las medidas disciplinarias o judiciales apropiados contra
los responsables de cualquier violación a la ley humanitaria”.
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