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La mas severa critica a los
bombardeos contra blancos civiles
La OTAN es derecha
y humana

Por Horacio Verbitsky

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t.gif (862 bytes) Human Rights Watch, la organización humanitaria más importante del mundo, entre cuyos directivos está el financista George Soros, afirmó que los bombardeos de blancos civiles por parte de la OTAN podrían constituir violaciones a la ley internacional sobre derechos humanos. Se trata de la crítica más severa a la campaña aérea iniciada el 24 de marzo, por parte de una organización con sede en Estados Unidos y que goza de un amplio respeto internacional. En una carta dirigida ayer al secretario general de la OTAN, Javier Solana, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, reclamó una investigación rápida y enérgica de cada caso, la adopción de medidas correctivas de modo de asegurar el estricto cumplimiento de la OTAN con la ley humanitaria y la eventual sanción disciplinaria y penal de toda violación a esa ley. “La OTAN dice que está librando una guerra en defensa de los derechos humanos. En ese caso es esencial que respete escrupulosamente los derechos humanos en la conducción de esa guerra. La OTAN debe hacer todo lo posible para evitar golpear a civiles”, dice Roth.
La carta dirigida a Solana cuestiona tanto la elección de blancos civiles como la insuficiente adopción de precauciones para evitar daños a civiles al atacar blancos militares. Entre los episodios recientes, menciona la destrucción de fábricas y de otras propiedades pertenecientes a partidarios del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic; ataques a usinas eléctricas que atienden básicamente a civiles; la destrucción de estaciones de radio y televisión y el bombardeo de vehículos civiles porque desde la altura a que volaban los aviones no fueron vistos o identificados correctamente. “Nuestra principal preocupación es si se han elegido blancos civiles, en violación de la ley internacional. Puentes, fábricas, emisoras y servicios públicos son de típico uso dual: mientras sus propósitos normales son civiles, también pueden ser usados con fines militares”, dice la carta. El texto cita el Protocolo I a las Convenciones de Ginebra, según el cual esas instalaciones sólo pueden ser atacadas si, por su naturaleza, ubicación, propósito y uso contribuyen en forma efectiva a la acción militar y si su captura, neutralización o destrucción, ofrece una categórica ventaja militar, esto es una “ventaja concreta, no potencial o indeterminada. Esto no cubre objetivos tales como desmoralizar a la población civil enemiga silenciando, por ejemplo, las emisiones de propaganda o dejando a oscuras zonas residenciales. Tampoco incluye el daño a los partidarios políticos, y no militares, de los líderes enemigos”. Human Rights Watch añade que aunque el blanco cumpliera un propósito militar, el artículo 57 del Protocolo prohíbe atacarlo si son previsibles muertes, heridas o daños a civiles excesivas en relación con la ventaja militar “concreta y directa” esperada.
Respecto de la decisión de bombardear estaciones de radio y televisión, Human Rights Watch entiende que tales instalaciones puedan teóricamente usarse para emitir comunicaciones militares pero dice que no conoce ninguna afirmación de la OTAN de que estuvieran siendo usadas con ese fin. “Tampoco se ha denunciado, que sepamos, que hayan sido usadas para incitar a la violencia, lo cual podría haber justificado su destrucción. La propia OTAN declaró que había bombardeado las instalaciones de la televisora porque servían como instrumento propagandístico. Aunque detener tal propaganda pudiera servir para desmoralizar a la población yugoslava y minar el apoyo político al gobierno, ninguno de esos propósitos ofrece la concreta y directa ventaja militar necesaria para convertirlas en blanco militar legítimo. Las bajas de civiles que trabajaban en esas instalaciones pueden haber sido mayores ante la evidente ausencia por parte de la OTAN del claro aviso previo de los ataques” tal como lo prevé el Protocolo I. Las mismas preocupaciones provoca el ataque a fábricas civiles propiedad de socios políticos de Milosevic, entre ellas varias de tabaco. Human Rights Watch también cuestionó el ataque a las plantas eléctricas, a la luz de las “devastadoras consecuencias” que tuvo la destrucción de la capacidad energética de Irak en 1991 y los daños consecuentes a los servicios sanitarios, de provisión de agua, salud y servicios agrícolas. El artículo 54 del Protocolo I prohíbe la destrucción de objetivos indispensables para la supervivencia de la población civil. “Reconocemos que la electricidad también tiene usos militares, al facilitar las comunicaciones y la producción militares. Pero la experiencia iraquí sugiere que Fuerzas Armadas modernas como las de Yugoslavia poseen generadores alternativos para sus propósitos, lo cual significa que los transformadores eléctricos civiles tendrán poco o ningún impacto en la capacidad del país para hacer la guerra. Nos parece difícil ver cómo este beneficio militar marginal puede pesar más que las predecibles severas consecuencias para los civiles de la destrucción de la capacidad eléctrica de Yugoslavia”.
La carta a Solana cuestiona la decisión de la OTAN de poner la seguridad de sus pilotos por encima de cualquier otra consideración, ya que por volar fuera del alcance de las defensas antiaéreas “no han podido verificar la naturaleza militar de un blanco o tomar todas las precauciones posibles para impedir daños civiles”. Entre otros ejemplos, menciona el bombardeo de un tren de pasajeros que cruzaba un puente el 12 de abril y el de un convoy de refugiados el 14. La carta concluye objetando el error de inteligencia que redundó en el bombardeo de la embajada china en Belgrado y la decisión de arrojar bombas de fragmentación sobre una pista aérea en Nis, que causaron víctimas en un hospital y un mercado. Ese tipo de bombas, sostuvo Roth, dispersan centenares de municiones más pequeñas sobre grandes áreas. Un alto porcentaje de ellas no explotan con el impacto, pero quedan activas durante mucho tiempo, creando riesgo para la población civil y su efecto es “tan indiscriminado como el de las minas antipersonales”. La carta concluye exigiendo una inmediata y rigurosa investigación de cada caso en el que fue atacado un blanco civil o se produjeron pérdidas de vidas civiles para determinar sus exactas circunstancias. “Las conclusiones deben ser hechas públicas y deben tomarse las medidas disciplinarias o judiciales apropiados contra los responsables de cualquier violación a la ley humanitaria”.

 

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