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Por Cledis Candelaresi  Durante la reunión de
ayer del gabinete nacional, Siemens IT Service, adjudicataria de la impresión de los DNI,
anunció que comenzará en agosto la emisión de los nuevos documentos, cuyo costo al
público será de 30 pesos. A través de un acuerdo no escrito, el Gobierno asumió con la
empresa el compromiso de hacer cumplir a rajatabla la legislación vigente en materia de
renovación de DNI, obligación que hasta ahora es ignorada por la mayoría de la
población. No obstante, el Ministerio del Interior no descartó la posibilidad de emitir
una norma específica, que haga forzoso ese recambio en el corto plazo. Se trata de un
reaseguro fundamental para el negocio del grupo alemán, en el que también tiene
participación Francisco Macri.Siemens ganó la licitación en enero de 1998. Pero el sustancioso contrato para informatizar el control fronterizo del país, el registro de datos personales e imprimir nuevos documentos y padrones electorales se firmó recién en octubre. Entre otras razones, porque el grupo esperaba que el Gobierno cumpliera con la condición de “instrumentar todos los medios” para que la gente renueve sus DNI. Como la firma de un decreto haciendo compulsivo el recambio habría resultado impolítico y hasta legalmente cuestionable, Carlos Corach decidió empezar por hacer cumplir las normas vigentes. La ley 17.671 impone la obligación de obtener un documento al nacer y renovarlo, por lo menos, a los 8 a los 14, 18 y 30 años de edad y, luego, cada diez años. Hacer cumplir esa imposición legal –tal como el Gobierno estaría dispuesto, según aseguraron a Página/12 fuentes de la empresa– le impediría a los ciudadanos hacer una serie de trámites, al menos que haya renovado su documento. Antes de que Corach pensara en las consecuencias de esa imposición, el Gobierno estimaba que se renovaría a razón de 875 mil DNI por año: al término del contrato se habrían renovado la totalidad de los documentos argentinos y, obviamente, emitido los nuevos. De cualquier modo, el afán empresario es apurar el recambio para garantizarse un mayor ingreso. Los adjudicatarios tuvieron una restricción para tarifar su servicio: el costo no podía ser superior al que hoy cobra el Estado. Por eso, las tarifas privadas serán similares a las públicas, incluyendo IVA. Desde agosto, un DNI costará 30 pesos (en lugar de 25); un cambio de domicilio costará 6,05 pesos (en lugar de 8); y la admisión como residente en Migraciones 205,70 pesos (en lugar de 170). El negocio de Siemens se vislumbra suculento y muy superior a los 1100 millones de ingresos totales que estimó públicamente el subsecretario de Interior, Jorge Matzkin, en el momento de licitar la contratación. El Gobierno omitió en ese cálculo los ingresos que la empresa obtendrá por la impresión de padrones electorales y por los millones de trámites que se harán tanto en el Registro Nacional de las Personas como en Migraciones. Según precisaron ayer los empresarios ante el gabinete nacional –la inversión total del grupo que también integran, entre otras, la española Indra y el Correo Argentino– será de 200 millones de pesos. Aunque a esto hay que agregarle el costo de mantener los equipos, el monto a invertir no parece muy elevando en relación a su futura recaudación. En el detalle ofrecido ayer a los funcionarios, después de la puesta en marcha del sistema, Siemens ocupará unas 50 personas estables, mientras que el Estado aportará 3800 operadores del sistema. Aunque resultó desairado durante la licitación, el grupo Macri se sumó al negocio. El Correo Argentino, en manos de Sideco Americana, hará la distribución domiciliaria de los documentos.
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