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 El suboficial
mayor en actividad del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba Luciano Quiroga fue
detenido ayer por falso testimonio y supuesta violación de la Ley de Seguridad Interior,
que impide a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia dentro del país. La
jueza Cristina Garzón de Lascano decidió que el suboficial fuera llevado a prisión en
el mismo momento en que estaba siendo interrogado a raíz de una causa abierta por
amenazas. Testigos de las causas abiertas en ese mismo juzgado por el robo de bebés
habían denunciado intimidaciones y seguimiento de ex represores.Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk llevan adelante dos investigaciones claves para el esclarecimiento de la sangrienta represión aplicada en Córdoba: una por el derecho a la verdad para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos y otra por la apropiación de bebés. Por ambos procesos puede ser citado a declarar el ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Además, la semana próxima podría empezar el desfile de militares en actividad de “alto rango” para que aporten información en la causa por el derecho a la verdad. El martes pasado, la abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres de Parodi denunció que “casi toda la patota de La Perla (el centro clandestino donde fueron asesinadas alrededor de 2000 personas) recorre mi barrio. Caminan con sus piernas asesinas, miran con sus ojos asesinos”. La abuela está buscando a su nieto que nació durante el cautiverio de su hija Silvia Parodi de Orozco y de su esposo Daniel Orozco. Los abogados de la sede cordobesa de Abuelas, María Teresa Sánchez y Elvio Zanotti, también sufrieron amenazas. La reapertura de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos enrareció el clima de trabajo también en el juzgado de Garzón de Lascano. En los tribunales cordobeses comentan que la misma jueza y sus colaboradores son seguidos por individuos sospechosos y se sabe que son víctimas de operaciones de inteligencia. Semanas atrás llamó la atención que el allanamiento a la Casa Cuna, donde se encontró documentación sobre los bebés nacidos en cautiverio, fuera adelantado a pesar del hermetismo absoluto del juzgado. Junto con Quiroga declaró otro oficial de apellido Guillamondegui. Este último no fue detenido pero también se hicieron “observaciones” sobre su testimonio a raíz de las ambigüedades en que incurrió. Hace tres semanas, la jueza había ordenado el allanamiento del Batallón de Inteligencia de Córdoba y secuestró documentos utilizados durante la última dictadura. La cúpula del Ejército había ordenado la destrucción de esos formularios usados durante la represión clandestina. El incumplimiento de esa orden provocó la apertura de un sumario interno. El titular del III Cuerpo, Juan Manuel LLavar, optó ayer por el silencio ante la detención de un suboficial mayor en actividad. La misma actitud adoptó el jefe del Ejército, Martín Balza, quien ayer viajó a Mar del Plata para pasar en familia el fin de semana. Si bien las leyes de Punto Final y Obediencia Debida clausuraron la posibilidad de castigar a más de 1200 oficiales implicados en la represión ilegal, la apertura de los procesos por el derecho a la verdad mantiene abierta la discusión sobre las responsabilidades de los militares. El desfile por los tribunales es la imagen menos deseada por los uniformados que quieren enterrar el pasado sin seguir dando explicaciones. La ciudad de Córdoba se transformó anoche en un hervidero de versiones. Si bien sólo se confirmó la detención de Quiroga, otro oficial estaría por correr la misma suerte. También estaría prófugo un civil que colaboraría con el Ejército en tareas de espionaje interno. “Presentaré un recurso para la liberación de mis clientes”, dijo el abogado Gregorio Silva y alimentó aún más las sospechas sobre la cantidad de detenidos. Quiroga presta servicios en el Batallón de Información 141 de La Calera. La jueza admitió la posibilidad de que exista una organización montada para amenazar a los testigos. LOS DESAPARECIDOS SEGUN BIGNONE
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