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Por Mariana Carbajal  El negocio
millonario del casino de Tigre, al que apuesta el empresario Santiago Soldati para mejorar
sus finanzas, podría tambalear si un juez platense hace lugar a una medida cautelar de no
innovar presentada por un particular, al considerar que el contrato que dio origen al
emprendimiento –ratificado por un decreto del gobernador Eduardo Duhalde– viola
la Constitución provincial. El recurso debe ser resuelto por el juez de Garantías Nº 2
de La Plata, César Melazo, quien podría ordenar la paralización de las obras hasta que
el Instituto Provincial de Lotería y Casinos renegocie con Soldati y su socio Bolt S.A.
los términos del convenio, para adecuarlo a las pautas constitucionales. Según el
amparo, el contrato establece una “grosera transferencia al sector privado de los
beneficios obtenidos a través del juego por el Estado”. La medida cautelar fue solicitada por Rogelio Posat, director de la asociación civil Apuesta Solidaria, una entidad sin fines de lucro que brega por rescatar el rol monopólico del Estado en el manejo de los juegos de azar. Posat hizo la presentación judicial el viernes último en su carácter de particular damnificado: está desocupado y consideró que “la desviación inconstitucional de recursos provenientes del juego al ámbito privado” que generaría la apertura del casino de Tigre lo afecta, porque resta fondos para “políticas sociales o de salud”. De acuerdo con la presentación, el gobierno bonaerense perdería un ingreso de 160 millones de pesos anuales, que le permitirían crear 66.000 puestos en el Plan Trabajar, a un promedio de 200 pesos mensuales por persona por año. El gobierno de Duhalde le entregó a la firma Bolt S.A. y a Tren de la Costa –propiedad de Soldati– la construcción del casino de Tigre sin previa licitación pública. El contrato fue firmado el 26 de enero y ratificado mediante el decreto 726/99, del 23 de marzo. En su presentación, Posat recordó que el artículo 37 de la Constitución Provincial establece “el derecho de todos los habitantes de la provincia a recibir, a través de efectivas políticas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar”. La norma también dispone que “es función indelegable del estado provincial la administración y explotación de todos los casinos y salas de juego existentes y por crearse”. Según Posat, el contrato violaría ambos puntos. El primero, al permitir un “desproporcionado beneficio” al grupo inversor: el contrato establece que se quede con el 50 por ciento de la facturación de las máquinas tragamonedas, además de los ingresos totales de la explotación de los servicios complementarios, como estacionamiento y restaurantes, bares y confiterías, tal como informó Página/12 en su edición del 26 de abril. El segundo apartado habría sido violado al fijar en el convenio la obligación del Estado de acordar con la firma las políticas de expansión de los juegos a explotarse, y al establecerse que el inversor puede instalar 1500 tragamonedas sin necesidad de requerimiento del Instituto. “El Estado está delegando su potestad de determinar las políticas de explotación y administración del casino”, consideró Posat en diálogo con este diario. Y aclaró que su intención no es cancelar la obra sino que “se renegocie el contrato, respetando los términos constitucionales”. La inauguración del casino de Tigre está prevista para octubre. Uno de los aspectos que le permitirían grandes ganancias al sector privado y reducidos ingresos al Estado bonaerense es la desproporción de máquinas tragamonedas y mesas de juego con que abrirá. Mientras el casino de Mar del Plata tienen 110 mesas y alrededor de 660 tragamonedas, el de Tigre comenzará a funcionar con 60 mesas y 1500 máquinas, con la posibilidad de instalar 1000 más. Al Estado provincial le corresponde el total de la recaudación por la banca, pero al ser tan reducida la cantidad de mesas,se vería afectados sus ingresos. Y si el juez Melazo no accede a la reformulación del contrato, le tocará apenas la mitad de la rentabilidad de las tragamonedas, tal como se estableció en el contrato.
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