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Por Nora Veiras  El escándalo
por el espionaje montado por oficiales y suboficiales del Ejército en causas abiertas
sobre la represión ilegal desembocaría en la citación del jefe de Inteligencia de la
fuerza, general Jorge Miná. La jueza Cristina Garzón de Lascano realizó una
"inspección ocular" de las amplias instalaciones del III Cuerpo de Ejército,
con asiento en Córdoba y está estudiando la situación de Miná como jefe directo del
coronel José Luis Bó, quien desde Buenos Aires le habría dado instrucciones al teniente
coronel José Guillamondegui, máximo responsable de Inteligencia de Córdoba. El general
Martín Balza optó ayer por el silencio. El jefe del III Cuerpo, Juan Manuel Llavar, salió rápidamente a deslindar responsabilidades por las tareas de inteligencia realizadas por Guillamondegui y los suboficiales Roberto Quiroga --detenido bajo el cargo de falso testimonio-- y Edmundo Orsolini. "Esto lo hicieron a espaldas de la cadena de mandos, ni el general Martín Balza lo sabía", explicó Llavar con el claro objetivo de dejar a salvo al titular de la fuerza, aunque al mismo tiempo apuntó hacia Buenos Aires. Precisó que "cuando hablé con el teniente coronel Guillamondegui, me dijo que había recibido un pedido de un coronel de Buenos Aires (Bó) y que a raíz de eso tomó contacto con el (testigo) doctor de los Santos". Roberto Fermín de Los Santos es un ex montonero que estuvo detenido en el campo clandestino conocido como La Perla y que luego colaboró con los militares. Desde 1997 tiene una causa abierta por presunto ejercicio ilegal de la medicina iniciada por la Universidad Nacional de Córdoba. La explicación de Llavar fue que Bó, quien revista en Buenos Aires, se comunicó con Guillamondegui para que contactara a de los Santos. Las tareas de inteligencia, violatorias de la Ley de Defensa que prohíbe a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de espionaje político, se detectaron en el marco de las causas abiertas por el robo de bebés y por "el derecho a la verdad" sobre el destino de los desaparecidos. La abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres de Parodi denunció ante la jueza Garzón de Lascano que la perseguían "las mismas caras asesinas de La Perla". Dos de los abogados de las Abuelas también sufrieron intimidaciones. El jueves pasado quedó detenido Quiroga a raíz de las contradicciones en las que incurrió al prestar declaración. Guillamondegui y Orsini también están implicados en las denuncias por espionaje pero la fiscal López de Filoñuk todavía no definió la figura legal en la que encuadrará el delito. El abogado Eduardo Rodríguez Aramburu asumió la defensa de los militares y trascendió que apuntaría sobre la "irregularidad que supone la confusión por la causa en la que fueron citados a declarar" sus clientes y en que "la Ley de Defensa prohíbe hacer inteligencia interior pero no tiene reglamentada una estructura punitiva". Es cierto que la prohibición de la Ley de Defensa está enfocada sobre las instituciones y no sobre los individuos de ahí la inexistencia de un tipo penal específico. Sin embargo, la intimidación, las escuchas clandestinas, la falsedad de identidad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público son delitos más allá de la Ley de Defensa. La torpeza del operativo pergeñado por los militares cordobeses, que hasta habían hecho disfrazar a uno de sus hombres de periodista para infiltrarse en el juzgado, tornó grotesca la tarea que puso en vilo a la jefatura de Llavar. Para concretar su espionaje en los despachos de la Justicia, los oficiales habrían contado con la colaboración de civiles. Uno de ellos sería un empleado de los tribunales federales de Córdoba. "No hay caso, los de inteligencia son incorregibles", ironizó ante Página/12 un oficial que pidió reserva de su nombre. "No hablo en actos de otras fuerzas", se excusó Balza cuando los cronistas intentaron que diera explicaciones al salir de la ceremonia de la Armada (ver aparte). Desde Córdoba señalaron hacia Buenos Aires para encontrar la paternidad ideológica del operativo. Sin embargo, nadie se atreve a descartar las influencias del temible Luciano Benjamín Menéndez, el general que durante la dictadura manejó con mano de hierro la represión ilegal en el amplio territorio del III Cuerpo. Llavar se juega a lograr el rápido esclarecimiento de un operativo que
le puede costar la * Informe desde Córdoba, Mónica Gutiérrez.
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continuidad de su carrera: es uno de los
aspirantes a suceder a Balza. El jefe del Ejército tiene el mismo objetivo para no
empalidecer su imagen de general que protagonizó la "autocrítica" parcial de
la fuerza por la actuación durante la dictadura. Ese mensaje le permitió un canal de
diálogo renovado con la sociedad, incluida la oposición política. Un traspié en este
campo lo dejaría a la deriva en el terreno minado del tráfico de armas.