OPINION

Reflejos del partido militar

Por Martín Granovsky

Si alguien piensa que la historia se repite, mejor que tome medidas. En 1955 la Revolución Libertadora comenzó en Córdoba, con el levantamiento de Rafael Lonardi. En 1987 la rebelión de Semana Santa contra Raúl Alfonsín también empezó en Córdoba, cuando un oficial del Ejército, Héctor Nabo Barreiro, rechazó una citación de la Justicia civil.

Es insensato comparar 1999 con 1955. ¿Y con 1987? Hay un elemento común. Como entonces, ahora la Justicia investiga la represión de la dictadura. Pero son muchas más las diferencias:

* En 1987 había un problema militar. Hoy no. El Partido Militar no existe como tal.

* En el '87 el Ejército intentaba parar los juicios contra los ejecutores de los asesinatos, torturas y secuestros, en general mandos medios de la fuerza. Lo consiguió: en junio de ese año la Ley de Obediencia Debida amparó a quienes tuvieran grado menor al de teniente coronel.

* En ese momento aún estaban en actividad quienes tenían edad para haber sido capitanes o mayores durante la etapa más feroz de la represión. Hoy es difícil que ocurra lo mismo. Un teniente coronel puede tener alrededor de 45 años. En 1976 tenía 22 y era subteniente, un rango que no era común en el grueso de la capa de oficiales operativos en los años de plomo, normalmente más experimentados. (Una demostración de este punto es Eduardo Cabanillas, el acusado por Juan Gelman como responsable mediato del robo de su nieto o nieta nacido o nacida en cautiverio: era capitán en 1976, cuando fue designado subjefe del campo de concentración Automotores Orletti; ahora es general de división y comandante de cuerpo).

Más allá de las semejanzas y diferencias, un hecho concreto es, como mínimo, que oficiales del Ejército acaban de espiar en Córdoba la marcha de las causas sobre violación de los derechos humanos durante la dictadura. Y otro hecho es que el propio Martín Balza relevó a un coronel, un teniente coronel y dos suboficiales sospechosos.

Los dos datos de la realidad son fuertes y, a su modo, significativos, sobre todo porque el coronel relevado, José Bo, revistaba en la Jefatura II, Inteligencia, del Estado Mayor del Ejército, a cargo del general Jorge Miná.

A partir de ahí comienzan las interpretaciones cruzadas y los enigmas.

El jefe del Cuerpo III, Juan Manuel Llavar, dijo que la maniobra se hizo sin que Balza lo supiera. Llavar es el más balcista de los generales que forman la cúpula del Ejército.

Los retirados procesistas de Córdoba, que reivindican al ex jefe del Cuerpo III Luciano Banjamín Menéndez, sostienen que la movida se realizó por orden de Buenos Aires. No aluden a Inteligencia; dicen, directamente, que la orden la dio Balza. En público, esta postura queda representada por Alejandro Zeverin, el abogado del último comandante en jefe de la época dictatorial, Cristino Nicolaides.

Cualquiera de las dos interpretaciones parte de un diagnóstico según el cual la investigación de la Justicia cordobesa es peligrosísima para el Ejército. Lo cual, naturalmente, es un absurdo. Por indicación de la Cámara Federal, que aún no se propone plantear la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, la jueza Cristina Lazcano abrió una causa por ejercicio del derecho a la verdad y otra por robo de bebés. La primera apunta a saber, en detalle, qué pasó con los desaparecidos. Es como las pesquisas que encararon las cámaras de La Plata y de Buenos Aires. No puede castigar porque la Obediencia Debida y el Punto Final lo impiden. La segunda causa sí puede terminar en pena de prisión porque el robo de chicos no prescribió ni puede ser perdonado. Afectaría eventualmente a retirados de rango medio y alto. Por ejemplo, a Menéndez.

En ninguna de las causas hay posibilidad alguna de que la jueza cite a un número de militares en actividad que pueda fastidiar realmente al Ejército. Pero la pesquisa por el robo de bebés podría terminar involucrando a Menéndez. Y la investigación para dar con la verdad supone la reconstrucción del pasado poniendo claro lo que estaba oscuro. Lo contrario de lo que quieren, por naturaleza, los organismos de inteligencia, siempre ocupados en esconder datos cuya posesión los hace más fuertes, más invulnerables. Distintos.

El espionaje, entonces, puede responder al menendismo en retiro o a sus contactos entre los militares en actividad, pero también a un plan de oficiales de inteligencia que se crean destinatarios de la misión de salvar la vieja esencia del Ejército, represiva y autonómica, o al menos el recuerdo del antiguo esplendor, como un reflejo del viejo Partido Militar. De paso liquidarán toda revelación útil para confirmar con nuevos pormenores el plan criminal de los años de plomo.

Queda por ver si el hilo llega a Miná y si, en ese caso, Balza lo respaldará como sucedió con el juicio Carrasco II, dejando en claro que, como sucede con Cabanillas, con los generales nadie se mete.

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