Por Maximiliano Montenegro
 La Secretaría de
Hacienda, a cargo de Pablo Guidotti, vice de Roque Fernández, dirigió el tijeretazo
presupuestario que podó fondos a las áreas de educación y salud, detonando la protesta
estudiantil que mayor costo político ocasionó al gobierno de Carlos Menem. El ajuste es
defendido por el ministro como la única manera de cumplir con la meta de déficit fiscal
acordada con el FMI. Sin embargo, los funcionarios de Hacienda están dispuestos a pagar
notables sobreprecios en el equipamiento de sus oficinas. Documentación oficial, a la que
accedió Página/12, revela que el subsecretario de Presupuesto, mano derecha de Guidotti
y hacedor del recorte, solicitó equipos informáticos para su área por un valor que
supera en un ciento por ciento la mejor cotización del mercado.
El domingo pasado, este diario publicó que la Oficina Nacional de Presupuesto, el área
que realiza toda la ingeniería presupuestaria de la administración nacional, pagaba
sobreprecios en sillas, sillones y muebles afectados a su remodelación (ver aparte).
Dicha oficina depende de Guillermo Lesniewier, subsecretario de Presupuesto y hombre de
máxima confianza de su jefe inmediato, Guidotti. Según documentación oficial del propio
ministerio, en poder de Página/12, Lesniewier planea adquirir equipamiento informático
para modernizar tres organismos de su subsecretaría. Para ello presentó un presupuesto
de 250 mil pesos, que figura como proyecto de inversión número 1/14038 a realizar
íntegramente durante este año.
El funcionario justifica la iniciativa en “actualizar el equipamiento informático a
efectos de permitir aumentar el nivel de servicio prestado a los distintos usuarios de los
sistemas de Administración Financiera”. Según se explica, se prevé
“actualizar” la “plataforma informática” de tres organismos de la
subsecretaría: la propia “Unidad Informática” del área, la “Tesorería
General de la Nación” y la “Oficina Nacional de Crédito Público” (sic).
También se dice que se proyecta “la ampliación de la cantidad de estaciones de
trabajo”; “la ampliación de memoria y disco en los equipos de PC
existentes”, y “el crecimiento vegetativo de las bases de datos de distintos
servidores, lo que implica ampliación de su capacidad de almacenamiento de discos”.
Las planillas oficiales detallan el hardware solicitado: 20 PCs para estaciones de
trabajo, 3 Pcs para desarrollo, diversas impresoras láser, servidores, discos rígidos,
armarios para instalaciones (ver cuadro). Página/12 pidió dos presupuestos siguiendo las
mismas especificaciones técnicas. Uno contempla equipos de marca, de buena calidad, pero
de precios promedio de mercado. El otro se basa en los equipos más sofisticados,
innecesarios según los requerimientos listados, de la marca más cara del mercado en cada
ítem. Comparando con ambos presupuestos, los sobreprecios que estarían dispuestos a
pagar en Hacienda son insólitos:
 En relación al
primer presupuesto, Hacienda se dispone a pagar un 198 por ciento más. Es decir, el
Estado podría adquirir esos equipos, de excelente calidad, pagando un tercio del monto
presupuestado originalmente: 84.208 pesos, en lugar de los 250 mil pesos.
En relación al
presupuesto de lujo, los sobreprecios llegan al 96 por ciento. En otros términos, se
podría conseguir a mitad de precio el equipo más avanzado y oneroso del mercado: 127.553
pesos, en lugar de los 250 mil.
Vale una aclaración. El proyecto se titula “Adquisición de equipamiento
informático (1999)”. Pero, tal vez, algún funcionario podría argumentar que fue
confeccionado el año pasado, cuando los equipos informáticos en cuestión costaban hasta
un 30 por ciento más caros. Sin embargo, ambos presupuestos solicitados por este diario
se basan en equipos que están en la frontera tecnológica de este año, como podrían
estarlo el año pasado algunos de los ítem que constan en el presupuesto oficial. Por lo
tanto, son totalmente comparables, sin descuento de precios por “cambio
tecnológico” de por medio.
Es evidente que la Subsecretaría de Presupuestode la Nación no repara en precios a la
hora de confeccionar un presupuesto.
| Silencio El domingo, este diario publicó que la Oficina Nacional de Presupuesto, que
depende de Guillermo Lesniewier y del viceministro Guidotti, planeaba la remodelación del
despacho de su titular, con un presupuesto 25 mil pesos. En la misma nota se mencionaban
precios extravagantes, que figuran en planillas oficiales, del mobiliario solicitado por
dicha Oficina: sillas por 390 pesos, un sillón por 440 pesos, una mesa para computadora
de 800 pesos, un macetero de 200 pesos y un perchero de 217 pesos. Los sobreprecios en
relación con los valores de mercado superaban el 100 por ciento. Para no abrir otro
frente en medio del fuego cruzado que desató el recorte presupuestario, desde el
Ministerio de Economía prefirieron hacer silencio de radio. |
BUSCAN UN ACUERDO PARA LA VOTACION EN EL
SENADO
El interior quiere garantías
Por Cledis Candelaresi
Si antes del mediodía
los gobernadores consiguen arrimar posiciones con el Poder Ejecutivo sobre cómo
instrumentar el recorte de gastos, la bancada oficialista impulsaría por la tarde la
votación de un proyecto de ley sobre la base de ese acuerdo. Hasta anoche, gobernadores y
legisladores del PJ mostraban mejor disposición que días pasados a ceder parte de los
fondos específicos y del Fonavi. Pero a cambio exigían una “garantía
creíble” no sólo de que la Nación restituirá al interior ese paquete de más de
300 millones de pesos, sino de que éste rendirá los correspondientes intereses. También
pretenden algún papel –un bono– que les permita a las provincias recuperar de
inmediato el dinero inmovilizado, y gastarlos a piacere en el año electoral.
El decreto 455 prevé devolver a las provincias el 12 por ciento de los fondos
específicos, así como la diferencia entre los 900 millones que el Tesoro garantiza al
Fonavi y lo que, efectivamente, se recaude para nutrirlo. Pero para gobernadores y
legisladores aquella norma no expresa claramente este compromiso.
En sus respectivas reuniones de ayer, exigieron a Economía y Jefatura de Gabinete que la
Nación emita documentos por los montos que debe restituirles a las provincias. De este
modo, éstas podrían descontarlos en bancos y disponer de inmediato de esos fondos.
“Las provincias necesitan dinero ya, porque tienen programas en ejecución”,
explicaba a este diario el chubutense Osvaldo Sala. El sanjuanino José Luis Gioja
entiende que es necesario evitar “el mal precedente” de que el Gobierno arrebate
dinero que las provincias tienen garantizado por ley. Los senadores recuerdan que cuando
la alícuota del IVA subió del 18 al 21 por ciento, durante el primer año el interior no
se benefició con esa suba, a pesar de que este tributo se coparticipa. Pero la
alternativa de votar sin cambios el proyecto de Diputados, que anula los artículos del
455 referidos al dinero provincial, tenía pocos adeptos.
Los senadores, liderados por Augusto Alasino, y los diputados Oscar Lamberto y Ana Mosso,
discutieron por la mañana el tema cara a cara con Roque Fernández, Pablo Guidotti, Jorge
Rodríguez y Carlos Corach. Allí se toparon con un ministro de Economía inflexible a la
hora de admitir un recorte inferior a los 1240 millones de pesos, pero proclive a revisar
por dónde debe pasar la tijera para conseguir ese ahorro.
Varios de los legisladores presentes en el encuentro matinal aseguraron a Página/12 que,
“por primera vez”, Fernández se habría avenido a debatir sobre los fondos
reservados, el presupuesto de la SIDE y los gastos en consultorías de los distintos
ministerios, admitiendo la posibilidad de rebanarlos. Según Lamberto, titular de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, la buena disposición de Roque no serviría para
compensar los 350 millones de pesos que el Congreso ya preservó para Educación y el
sistema previsional. Más bien, salvaría de la poda a muchos programas sociales que el
decreto dejaba sin recursos.
Fernández, Rodríguez y Corach se vieron en la incómoda situación de enfrentar el
reproche que les dispararon los legisladores de su propio partido por haber recortado
gastos mediante un decreto. Si el Ejecutivo hubiera apelado a una ley, habría involucrado
a la oposición en el ajuste, recriminaron los hombres del Congreso.
Roque pidió a los gobernadores
que no asusten al capital externo
Acuerdo entre las provincias y el
Ejecutivo en no patear el tablero. El ministro advirtió los riesgos de presionar
sobre el gasto.
Jorge Obeid, José Manuel De la Sota,
Ramón Puerta y Arturo Lafalla en la Casa Rosada.
Cederán fondos, pero sólo si el Gobierno les garantiza la restitución en el segundo
semestre. |
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Por Claudio Zlotnik
El Ejecutivo nacional y
los gobernadores continuarán esta mañana buscando la manera de destrabar el conflicto
desatado por el recorte presupuestario a las provincias. Después de la reunión que ambas
partes mantuvieron ayer en Casa de Gobierno, quedó claro que nadie quiere patear el
tablero. Durante las tres horas y media que duró el encuentro de doce mandatarios con los
ministros, cada sector dejó planteada su postura. Y, a partir de allí, intentaron
acercar posiciones. Mientras los gobernadores se resistieron a que Economía les pode
fondos por 360 millones de pesos, Roque Fernández dejó planteado que seguir adelante con
el ajuste es el único camino para evitar que los inversores extranjeros pongan a la
Argentina en la lista negra. Una propuesta del entrerriano Jorge Busti -calificada como
“razonable” por Roque– aparecía anoche como la salida a la
“tensa” negociación.
La propuesta de Busti, que era analizada anoche por el equipo económico, acepta que en
principio el gobierno nacional retrase el envío de los 360 millones de pesos –en
concepto del Fonavi y de fondos específicos–, pero obliga a Economía a
comprometerse por una ley del Congreso a asignar ese dinero durante agosto. Para
certificar el compromiso, el Gobierno debería emitir un título de deuda a favor de los
estados provinciales que los gobernadores empezarían a cobrar en el segundo semestre.
“Queremos que el compromiso de Economía sea real, con la fecha precisa en la cual
empezaremos a cobrar”, comentó a este diario uno de los mandatarios presentes en la
reunión. A última hora de anoche, Roque evaluaba la posibilidad de proponerles hoy a los
gobernadores alargar el plazo en el cual debería mandar los fondos hasta setiembre u
octubre. Durante la reunión en el Salón Norte de la Casa Rosada, los gobernadores le
expresaron a Roque, Carlos Corach y Jorge Rodríguez que no es intención de ellos poner a
la Nación entre la espada y la pared. Pero advirtieron que, en caso de no llegar a un
acuerdo, instruirán a los senadores para que esta misma tarde conviertan en ley el
rechazo al ajuste que hace siete días refrendó Diputados. En este caso, el Gobierno se
las verá negras, ya que quedaría en la nada el recorte de gastos, por un total de 1240
millones de pesos.
En el fondo de la cuestión está en juego el acuerdo firmado entre Economía y el Fondo
Monetario, que prevé un déficit fiscal de 5100 millones de pesos para este año.
Después de ceder la semana pasada ante los docentes y estudiantes, dejando de lado el
ajuste de 280 millones de pesos que en principio recaía sobre la educación, en Economía
sostienen que es fundamental arribar a un acuerdo con los mandatarios provinciales.
“Si las provincias no cooperan serán ellas las principales perjudicadas por el
aumento del riesgo país”, advirtió Roque. Durante la reunión, el ministro, que
estaba acompañado por sus colaboradores Pablo Guidotti y Rogelio Frigerio, repitió una y
otra vez que los inversores extranjeros están muy atentos a que la Argentina no incumpla
con su compromiso fiscal. Y que de no cumplirse con los acuerdos internacionales “se
generaría incertidumbre fiscal sobre la Nación”, alertó. Los gobernadores, por su
parte, le reprocharon a Roque haberse enterado del ajuste a través de los diarios. Los
más duros, encabezados por Jorge Obeid (Santa Fe), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y
Ramón Puerta (Misiones) pidieron incluso un recorte en los gastos reservados del
Ejecutivo y la reformulación de los ATN, los fondos manejados por Carlos Corach.
| Escrache “Roque manos de tijera”. “En el Fondo es bueno”. Con esas
leyendas en sus banderas, un centenar de personas de la Asociación Trabajadores del
Estado realizó ayer un “escrache” frente al domicilio del ministro de
Economía. Al mediodía, los manifestantes se llegaron hasta Virrey del Pino 1731, en la
elegante zona de Barrancas de Belgrano, para repudiar a Roque Fernández por el ajuste de
gastos de 1000 millones de pesos. El recorte alcanza a partidas del Senasa, el Conicet y
el Hospital Malbrán. Empleados de esas dependencias, custodiados por 70 policías,
arrojaron panfletos frente al edificio donde vive Roque acusándolo de
“ladrón”. “El presupuesto no es del Fondo ni tuyo, es de toda la
Nación”, corearon los manifestantes. A esa hora, el ministro se preparaba para una
reunión con los gobernadores justicialistas, quienes también se oponen a sus tijeras. |
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