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Por Fernando Almirón  El bloque justicialista
de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó ayer el pedido de
desafuero del canciller Guido Di Tella. La medida había sido solicitada hace un mes por
el juez federal Jorge Urso en el marco de la causa en la que se investiga la venta ilegal
de armas a Croacia y Ecuador. Así, con el voto de menemistas y duhaldistas, el ministro
evitará tener que responder a las preguntas del magistrado, quien tiene serias sospechas
de la inocencia del funcionario en el escandaloso contrabando. Urso había pedido el desafuero de Di Tella, “ya que (sobre el canciller) existen serias sospechas que obligan a tomarle declaración indagatoria por ocultamiento de pruebas, poner en peligro las relaciones amistosas con el Perú y haber participado en la falsedad ideológica de los decretos que autorizaron la venta del material bélico”, según consta en la solicitud que el juez envió a los diputados. Después de postergar el tratamiento del pedido durante más de tres semanas, el bloque oficialista de la Comisión de Juicio Político consideró que ya había suficiente consenso entre duhaldistas y menemistas como para debatir sorpresivamente el tema sobre tablas y de inmediato votar por el rechazo de la solicitud de enjuiciamiento sin más trámite, aprovechando la mayoría justicialista en el cuerpo que preside César Arias. Este consenso se logró hace una semana, ya que hasta ese momento, si bien los legisladores que responden a Eduardo Duhalde aseguraban que Di Tella conservaría sus fueros, querían al canciller sentado frente a ellos defendiendo su inocencia, tal como había sucedido con otro ministro involucrado en el contrabando de armas, Antonio Erman González. Sin embargo, la interna entre menemistas y duhaldistas, por orden expresa del gobernador bonaerense, se detuvo, ante la posibilidad de deteriorar la gobernabilidad de la gestión de Carlos Menem dándole oxígeno a una causa en la que estaría involucrada por lo menos otra media docena de funcionarios de primer nivel y altos jefes militares. “Con este rechazo la Comisión de Juicio Político está sustituyendo indebidamente al juez”, señaló el radical Melchor Cruchaga, quien agregó: “Si el magistrado considera que existe semiplena prueba de la participación del canciller en el delito, ni la comisión ni el Parlamento pueden desestimar esa sospecha”. El frepasista Horacio Viqueira, por su parte, calificó como “vergonzoso que el canciller no haya ni siquiera venido al Congreso a hacer su descargo, y señaló que Di Tella incurrió en “traición a la Patria” al ocultar las advertencias del entonces embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, quien envió un cable en el que daba cuenta de la operación de contrabando de armas a Ecuador, cuando estos dos últimos países estaban en guerra y regía un embargo de armas internacional del cual la Argentina era uno de los garantes. En este marco, el fiscal Carlos Stornelli, quien impulsa el procesamiento del canciller, deberá esperar hasta diciembre, cuando termine el mandato del actual gobierno. Por ahora su apuesta se concentrará en un nuevo intento por desaforar a Erman González, cuya solicitud de juicio político fue reforzada por el juez Urso en abril, pese a que su primera presentación fue desestimada por el oficialismo a principios de este año, después de escuchar el descargo del actual ministro de Trabajo por su participación en la exportación de armas cuando ocupaba la cartera de Defensa. En el duhaldismo aseguran que esta vez no serán tan complacientes. En la mesa de la comisión hay, además de la de Erman, otras dos cartas que utilizarán en su negociaciones con Olivos de acá a diciembre: las solicitudes de enjuiciamiento que pesan sobre el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y el procurador general Nicolás Becerra.
LA COMISION PARLAMENTARIA Y EL TEMA MALVINAS Página/12 en Gran Bretaña
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