Página/12

PARA BALZA, LA AFIRMACION DE GUILLAMONDEGUI ES “AGRAVIANTE”
“Nos interesan los derechos humanos”

El jefe del Ejército desautorizó el espionaje militar. También dijo que Cabanillas deberá aclarar su situación en la Justicia y en Diputados.

“¿Cómo no nos van a interesar los derechos humanos?”, dijo Balza.
Afirmó que, si hubo órdenes de espionaje, son ilegales e ilegítimas.

El jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, calificó ayer como “agraviante” una frase de la declaración testimonial del ex jefe de Inteligencia del III Cuerpo del Ejército, teniente coronel Abel Guillamondegui, ante la justicia cordobesa en una causa por espionaje ilegal. Según reveló ayer Página/12, Guillamondegui aceptó haber hecho un seguimiento de una causa anterior por terrorismo de Estado en Córdoba porque “todo lo que hace a derechos humanos nos interesa porque ésa es una forma de atacar al Ejército”. Por otro lado, Balza también se refirió al general Eduardo Cabanillas, cuestionado por haber sido subjefe en el campo de detención clandestino Automotores Orletti durante la dictadura. El jefe del Ejército opinó que Cabanillas debería esclarecer su situación “en el juzgado correspondiente y, luego, cuando sea llamado ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados”.
Centro de todas las miradas luego de haber dispuesto el relevo de dos oficiales y dos suboficiales de inteligencia militar, Balza afirmó ayer que la orden de espionaje que habría impartido el coronel José Luis Bó, titular de la Jefatura II del Ejército, fue “ilegítima e ilegal”. “Es ilegítima porque ningún miembro del Estado Mayor, no sólo ese coronel, sino también sus jefes inmediatos como por ejemplo el general Jorge Miná, tiene facultades para impartir órdenes al jefe de un elemento dependiente de un comando de cuerpo. Por eso es ilegítima, está impartida por quien no tiene facultades”, explicó Balza. Y agregó: “Y es ilegal porque aparentemente vulnera la normativa vigente. Esta ilegitimidad e ilegalidad no ha podido ser desconocida por el jefe que la recibió”.
El inicio del problema militar fueron las dos causas que investigan en Córdoba la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk. Una es por la sustracción de menores hijos de desaparecidos y otra por las desapariciones ocurridas en Córdoba durante el imperio del terrorismo de Estado en la dictadura. Testigos de estas causas –en general, dirigentes de organismos de derechos humanos y ex detenidos– denunciaron amenazas y seguimientos. La jueza Garzón de Lascano aceptó las denuncias y abrió una nueva causa, fue en la que le tomó declaración a Guillamondegui, quien tiró su reveladora frase sobre los derechos humanos.
“Claro que nos interesan los derechos humanos, ¿cómo no nos van a interesar?”, respondió Balza, en diálogo con Radio Del Plata. “Pero nos interesan para su respeto, nos interesan los derechos humanos para el cumplimiento realmente de lo que es ese derecho”, añadió. Respecto de los antecedentes del coronel Bó –quien supuestamente puso en marcha el operativo de espionaje–, explicó que fue ascendido el año pasado y que es jefe de un departamento de contrainteligencia del Ejército, en donde vendría revistando desde antes “pero en otro cargo”.
Antes de que el escándalo llegara siquiera al conocimiento público, el viernes pasado, Balza y el jefe del III Cuerpo del Ejército, Juan Manuel Llavar, relevaron a Bó, Guillamondegui, y a los suboficiales Roberto Luciano Quiroga y Edmundo Orsolini. Además, Balza se presentó espontáneamente el martes en el juzgado y desautorizó el accionar del grupo. Ayer, incluso, el jefe del Ejército no descartó que los militares relevados hubieran actuado en solidaridad con el general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo del Ejército, y principal imputado en las causas por violación de los derechos humanos. “Tendría que decir que no descarto nada”, puntualizó Balza.
Cuando habló del caso Cabanillas, el jefe del Ejército insistió en que el militar le manifestó que nunca estuvo en Automotores Orletti. “Que él trabajó en un organismo de la SIDE, pero que no estaba allá y que estaba acá, ubicado en la ciudad de Buenos Aires”, precisó. Y aclaró que en el legajo que envió para su promoción al Congreso sólo figuraba que había estado en comisión 177 días con el grado de capitán en la SIDE. Con todo, cuando profundizó un poco más en el tema, Balza fue claro cuando advirtió que Cabanillas debería esclarecer su pasado ante la Justicia y ante la comisión correspondiente de Diputados.

LA FISCAL ACUSARA A CUATRO MILITARES Y UN CIVIL
Una asociación non sancta

Los cuatro militares vinculados con tareas de inteligencia sobre la Justicia federal de Córdoba serán acusados hoy por la fiscal Graciela López de Filoñuk, quien promovería acción penal contra el suboficial mayor del Ejército, Roberto Luciano Quiroga, el sargento ayudante Edmundo Víctor Orsolini, el jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo, Abel José Guillamondegui y el teniente coronel José Luis Bo, de la Jefatura II de inteligencia con asiento en Buenos Aires. Además de los militares, la fiscal iniciará acciones penales contra un civil del que se sospecha que participó en la maniobra de espionaje.
De todos ellos, Quiroga ya está imputado por falso testimonio, delito en el que incurrió cuando declaraba ante la jueza Cristina Garzón de Lascano al no reconocer las evidencias que se le expusieron sobre las tareas que habría realizado. Fuentes judiciales dijeron a Página/12 que, recordando que la Ley de Defensa nacional prohíbe pero no penaliza las tareas de inteligencia interna, la fiscal podría apelar a la figura de asociación ilícita para acusar a los militares.
La fiscal acusará también a un civil. Se trata de Santiago Houston, funcionario que se desempeña en el juzgado federal Nº 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro pero que, en realidad, es dependiente de la Región Aduanera con asiento en Córdoba, ente que agrupa a varias aduanas del interior del país. Esta entidad depende de la Administración Nacional de Aduanas.
Un funcionario a cargo de la repartición explicó ayer a Página/12 que hay “a dos o tres funcionarios de la Región destacados en otros ámbitos públicos, que brindan asesoramiento técnico en temas puntuales”. La fuente señaló que es el titular de esa entidad quien los afecta a otras funciones y se excusó de dar explicaciones sobre el caso particular de Houston, aunque dijo que en referencia a los juzgados suelen ser los jueces quienes solicitan el personal.
Guillamondegui y Orsolini ya habían reconocido ante la jueza las tareas de seguimiento que realizaban sobre la causa que instruye la magistrada para conocer la “verdad histórica” en torno de los desaparecidos y encontrar a los responsables del robo y apropiación de menores nacidos en cautiverio durante la dictadura militar. Garzón de Lascano cuenta con cintas de escuchas telefónicas que se efectuaron en los despachos del juzgado. Las citaciones de próximos testigos y los pasos a seguir en la causa eran el objetivo principal del informador que se metió en tribunales.
El abogado de los militares implicados, Eduardo Rodríguez Aramburu, espera ver “cómo juega la fiscalía” para luego mostrar sus cartas. Algunos de los argumentos que ya sostiene son: la Ley de Defensa nacional, si bien prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia internas no establece penas; existen un par de decretos del presidente Carlos Menem donde se relativiza en parte esta prohibición y, por último, la normativa del Consejo de Seguridad de las FF.AA.
Página/12 dio a conocer ayer la sanción de tres días de arresto que se le había impuesto a Guillamondegui luego de que Garzón de Lascano allanara la Central de Reunión de Información (ex Batallón de Inteligencia). El dato, confirmado por el abogado del militar, no resulta menor si se tiene en cuenta que el único habilitado para decidir esa sanción es el titular del Tercer Cuerpo del Ejército, el general Juan Manuel Llavar. ¿Por qué se sancionó al militar después del operativo de la Justicia federal en el que se llevaron, entre otras cosas, las cintas que los inculpan?, es una pregunta que la jefatura del Tercer Cuerpo no quiso contestar.

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