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Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba  El jefe de Inteligencia
del Ejército, general Jorge Miná, junto a otros cinco militares y tres civiles fueron
imputados por la Justicia federal de Córdoba del delito de abuso de autoridad, en
relación con el espionaje que habrían realizado sobre las causas que instruye la jueza
Cristina Garzón de Lascano, quien investiga el destino de los desaparecidos y de los
niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar.La acción penal promovida por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk se basa en la figura delictiva contemplada por el artículo 248 del Código Penal e involucra, además de Miná, al coronel José Luis Bo –de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército–, al teniente coronel Abel José Guillamondegui –jefe de Inteligencia del Tercer Cuerpo–, al suboficial mayor Roberto Luciano Quiroga, a un mayor de apellido Baudano y al sargento ayudante Edmundo Víctor Orsolini. Estos cuatro últimos cumplen funciones en Córdoba, al igual que los tres civiles implicados. Tal como lo adelantó Página/12 ayer, uno de ellos es Santiago Houston, agente de la Administración Nacional de Aduanas, y los dos restantes son Pablo Daniel Camps y un sujeto de apellido Silva, quienes se desempeñan como personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército. Según la acusación, todos serían coautores de abuso de autoridad a excepción de Houston, que es mencionado en la requisitoria fiscal como “partícipe necesario” del mismo delito. Si bien es agente de la Región Aduanera con sede en Córdoba, Houston trabaja desde hace algunos meses en el Juzgado Federal Nº 1, cuyo titular es Ricardo Bustos Fierro. El escándalo de espionaje a la Justicia por parte de los militares salió a la luz la semana pasada cuando, después de escuchar las declaraciones testimoniales de Guillamondegui, Orsolini y Quiroga, la jueza ordenó la detención de este último por falso testimonio. Quiroga cometió el delito “en flagrancia”, al no recordar las evidencias que la magistrada le presentó y después de que sus supuestos “colegas” de espionaje sí habían reconocido el seguimiento que realizaban de la llamada “causa Menéndez”. Junto al coronel Bo, señalado como quien “realizó el pedido”, desde Buenos Aires, los cuatro militares fueron pasados a disponibilidad por la jefatura del Ejército, en una rápida reacción del general Martín Balza. Ante la repercusión del hecho y la versión periodística de que su jefe de inteligencia sería llamado a declarar, Balza viajó espontáneamente a Córdoba, donde el martes pasado mantuvo una reunión de dos horas con Garzón de Lascano para poner “el Ejército a disposición de la Justicia”, según sus propios dichos. En aquella oportunidad Balza había dicho: “Puedo garantizar, y digo esto con motivo de la información de prensa de esta mañana, que el jefe II de Inteligencia del Ejército, el general Miná, no ha dado ninguna orden al respecto y no tiene nada que ver con esta situación”. La acción penal promovida ayer por la fiscal Filoñuk muestra su disidencia con la afirmación de Balza. Si bien la imputación a Miná fue la que causó mayor sorpresa, fuentes judiciales descontaron que existen los elementos suficientes para procesar al militar. Ayer mismo el jefe del Ejército volvió a Córdoba, en este caso con el propósito de participar de un acto que se realizó en horas de la tarde en el Tercer Cuerpo, pero no quiso hablar sobre el tema: “No tengo que opinar sobre las resoluciones que toma la Justicia, escapa a mi competencia”, señaló a los periodistas. Balza negó que vaya a realizar una investigación interna para determinar quiénes y cómo se ocuparon de realizar tareas de inteligencia dentro del Ejército y dijo que si lo hiciera “estaría vulnerando la legislación vigente”. Después de recibir la acusación, Garzón de Lascano firmó ayer por la tarde el decreto para poner fecha a las indagatorias a los imputados. La primera declaración indagatoria será tomada el lunes 31 de mayo y trascendió que la jueza se tomaría un día para cada citación. El abogado defensor adelantó a Página/12 que hoy realizará una presentación en el juzgado de Garzón de Lascano en relación a la causa, aunque prefirió no dar más detalles. Eduardo Rodríguez Aramburu valoró como “muy discutible” la calificación de la fiscal y dijo que, entre los imputados de un delito como abuso de autoridad no puede haber desde un general hasta un sargento. “La figura de abuso de autoridad se aplica a funcionarios públicos, y habrá que ver si un sargento ayudante reviste esa condición”, señaló. El abuso de autoridad es un delito excarcelable, ya que prevé una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y es aplicable tanto a quien da una orden fuera de su competencia como a quien la cumple. Según pudo conocer este diario, entre las pruebas con que cuenta la jueza están las escuchas que se realizaron durante tres días seguidos como consecuencia de la intervención del teléfono de la Central de Reunión de Información –de la que es jefe Guillamondegui–, donde figuran ocho de los nueve procesados. “De las escuchas no se desprende que hubo tareas de inteligencia”, señaló Rodríguez Aramburu, quien procuró minimizar la calificación penal y aclaró que “sólo se trata de conversaciones acerca de la declaración de un testigo. El interés que tiene alguien en saber qué pudo haber declarado un testigo es algo común y corriente y no tiene nada que ver con una tarea de inteligencia y mucho menos se puede desprender de eso una conducta penal”, afirmó Rodríguez Aramburu. “Además la fiscal demoró tres días para terminar requiriendo el 248”, ironizó el abogado. El abogado de Abuelas, Elvio Zanotti, se mostró satisfecho por la acción de la fiscalía federal, porque “establece un límite claro a las fuerzas de seguridad o de inteligencia ante el accionar de la Justicia, que no puede ser interferido de ningún modo”. En un principio también se vinculaba a los militares con las amenazas e intimidaciones sufridas en los últimos meses por abogados y testigos de la causa, aunque de la acción penal conocida ayer no surgieron delitos en ese sentido. Fuentes allegadas a la causa precisaron que, si bien se trata de dos bandos, uno de los ex represores de La Perla, simpatizantes del general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otro el de los militares y personal civil del Ejército en actividad –imputados ayer–, existe una conexión entre ellos, que es lo que se tratará de probar.
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