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Por Carlos Rodríguez  “Nos citaron a
declarar y nos tomaron las huellas digitales igual que a los delincuentes.”
Veintiséis vecinos de la localidad de Castelli, entre ellos el candidato a intendente por
la Alianza en las elecciones de octubre próximo, Edgardo Larraza, fueron querellados por
la empresa Covisur, concesionaria del peaje sobre la Ruta 2, por haber participado durante
el verano en las seis “marchas lentas” de protesta realizadas sobre esa
autovía. El abogado Héctor Zamora, otro de los acusados, precisó a Página/12 que se
los acusa de transgredir el artículo 194 del Código Penal, que reprime con prisión de
tres meses a dos años a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de
los transportes por tierra”. Como respuesta, el Concejo Deliberante de Castelli
aprobó una declaración de repudio a Covisur. Y los vecinos, liderados por el cura
párroco Gustavo Riveiros, realizaron ayer una misa en la zona parquizada de la ruta, sin
entorpecer el tránsito, para continuar con la protesta. Gustavo Jaime, secretario de la Cámara de Comercio y también denunciado, consideró que la causa judicial tiene por fin “atemorizar a la ciudadanía advirtiéndole que quien participe de la protesta puede ir preso”. Jaime opinó que, “de acuerdo con el criterio de Covisur, también habría que iniciarle juicio al gobernador (Eduardo) Duhalde cuando hace las caravanas en el marco de la campaña electoral”. El dirigente empresario recordó que las “marchas lentas” en las rutas, de las que participaron centenares de vehículos, fueron para reclamar por el alto costo del peaje, pero también por la falta de puentes vehiculares y peatonales que permitan la libre circulación de los vecinos de Castelli. Jaime puntualizó que “la autovía, como la llaman ellos, partió el pueblo en dos y los que viven en el barrio El Porteño, que no tiene escuelas ni muchos comercios, ni iglesia, tienen que cruzar a cada rato la ruta de cuatro carriles, sin puentes ni senda peatonal ni semáforos”. El problema no es sólo para los peatones sino también para los vehículos, que para cruzar de un lado a otro de la ruta tienen que girar en “U” por ausencia de una colectora. “Ya hubo nueve accidentes graves en poco tiempo y el peligro es tanto para los que vivimos en Castelli como para los que circulan por la autovía, ya que los accidentes están al acecho.” Ayer, en el acto, en un sector de parque ubicado en medio de la ruta, frente a la entrada a Castelli, la bandera fue izada por Eulalio Ulzurrum, un hombre que fue arrollado por un auto que circulaba por la ruta cuando él intentaba cruzar hacia El Porteño en un ciclomotor. A la protesta, que se mezcló con la celebración del 25 de Mayo, asistieron dirigentes del peronismo y el radicalismo local, además del obispo saliente de Chascomús, monseñor Juan Carlos Maccarone. Edgardo Larraza, el candidato a intendente por el radicalismo, dijo a este diario que su participación en las protestas fue “pasiva, adhiriendo y no como organizador”, aunque se apuró a aclarar que “con esto no estoy relegando mi responsabilidad, ya que participé a conciencia, por estar totalmente de acuerdo con el reclamo”. Aseguró que, de ser gobierno, permitirá “que se realicen las marchas libremente si la demanda sigue siendo justa”. El abogado Zamora precisó que la causa quedó radicada ante el Juzgado en lo Criminal número uno de Dolores, a cargo de Laura Elías, mientras que interviene como fiscal Gabriela García Cuerva. Los 26 acusados fueron identificados por la empresa a través de los videos filmados durante las marchas. Zamora consideró que “lo más probable es que esto derive en una causa por daños y perjuicios” dado que, en su opinión, “no hay causa penal que pueda prosperar”. A su criterio, la empresa tendría intención de pedir “resarcimiento económico” porque el desvío de automóviles durante las protestas “le impidió obtener una ganancia mayor por el cobro de peaje”.
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