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Por Alejandra Dandan  Entre Ríos 757. Una
policía quedó junto al ingreso del Comercial 5 de Balvanera desde ayer. Fue pedido por
el rectorado. Mientras, investigan la culpabilidad de dos chicos imputados por amenazas
con arma a dos compañeros. Ayer fueron suspendidos por 72 horas. El rector Rubén
D’Avila espera ahora el descargo de la defensa de los chicos para estudiar el
traslado. “Si el caso es como lo estamos manejando –dijo D’Avila a este
diario– existe la posibilidad de separar a los chicos de la institución.” Ayer,
sin embargo, la existencia de esa arma fue puesta en duda tanto por las autoridades del
colegio como por un funcionario del gobierno porteño. En medio del frenesí generado
dentro del colegio por la noticia, Página/12 habló con docentes, alumnos y preceptores.
Unos y otros cuentan cómo es vivir en una escuela donde la crisis económica y los
problemas sociales están obligados a alternarse con lo curricular. Aún no fue comprobado si los dos chicos acusados usaron un arma para las amenazas. En la escuela ponen en duda la verosimilitud de las versiones de los chicos, únicos testigos. “No hay adultos que hayan visto la existencia de esa arma”, dice a este diario Carlos Catáneo, director de Educación Media del gobierno porteño. El funcionario muestra el revés de su mano y explica: “Yo no digo que fantaseen, pero ellos dicen que vieron asomarse acá –señala su palma– el caño, pero cuando les preguntamos si vieron el revólver dicen que no”. Y D’Avila sostiene: “No hay testigos, ni entre los profesores ni entre los alumnos del 1º4ª. Ellos dijeron que ninguno vio el arma e incluso uno de los chicos de 5º que había dicho que el chico González venía armado, después negó haberlo visto”. D’Avila se reunió ayer por primera vez con Néstor González, padre de los dos hermanos acusados. Ellos tienen 13 y 15 años. Ahora deberán esperar 72 horas para saber si vuelven al colegio. El rector contó que recibió dos notas presentadas por los papás de los chicos agredidos. “Por ahora seguirán suspendidos: yo no puedo aseverar nada –insiste– no hay certeza del arma porque el hecho ocurrió fuera del colegio.” Fue el viernes. Y las historias sobre lo que pasó ahí, del otro lado de la avenida, son dos, como los bandos que ahora disputan la verdad. Los hermanos González niegan la existencia del arma pero reconocen una discusión. Esa pelea empezó cuando J. –el presunto dueño del revólver– oyó a Martín Peñalba llamarlo “Indio”: “Me enojé y le dije que lo íbamos a arreglar afuera”. Pero él sabía que debía cuidarse. Tiene tres firmas en su libreta de clases. “Un preceptor cuando me vio engranado me dijo: ‘Portate bien porque la próxima te suspenden’.” J. es la segunda vez que hace primer año. El año pasado no estudió y ahora decidió reanudarlo. Abandonó la escuela a mediados del ‘97. Iba al Joaquín V. González. “Encima –insiste–, a D’Avila lo tenía en biología así que él me conoce bien.” Néstor, el padre de J., tiene un taller de confección de ropa. Viven en el Barrio Charrúa, del Bajo Flores. Desde allí llegan muchos de los chicos que van al Comercial 5. También desde Soldati y Lugano. D’Avila habla de la población de su escuela que “tiene problemas económicos y sociales serios”. Un diagnóstico nada metódico arroja una preceptora de segundo, puertas afuera: “Tienen problemas normales, lo que pasa –dice Susana– es que se los discrimina porque son periféricos”. Como la división de los hermanos acusados, existen otras ocho comisiones de primer año. Desde allí hacia quinto la escala va estrechándose: en el último año las comisiones son sólo dos, el resto abandona o vuelve a repetir y se va. “Más del 60 por ciento de los alumnos de la escuela son repetidores. No todos vienen con problemas de aprendizaje de otros lados, sino también de conducta”, dice Alicia Sierra, una docente. D’Avila lleva 20 días a cargo de la rectoría. Catáneo relaciona la repercusión del hecho con una especie de boicot hacia esta nueva gestión. A lo largo de la mañana un grupo de profesores hizo circular una copia en apoyo a la gestión del nuevo rector. Pero entre los docentes existendisidencias. Sierra advierte sobre el tema del revólver que “no hay pruebas concretas, pero dada la situación del establecimiento es muy posible. Quiero aclarar –dice– que hay chicos buenísimos pero también los hay muy violentos y agresivos: Por un cero me han contestado: ‘¿Usted sabe lo que le puede pasar por las escaleras?’”. Soledad intenta abrirse paso entre la turba de escolares: “No tiene nada que ver que seamos de Soldati para que digan que somos delincuentes o vendemos drogas”. J., el chico acusado, todavía espera. No quiere cambiar de escuela. “Siento que en otra escuela –dice–, me van a mirar mal.”
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