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CARDOSO Y EL TRAFICO DE INFLUENCIAS EN BRASIL
Hay una voz en el teléfono

Fernando Henrique Cardoso estuvo implicado en el tráfico de influencias por la privatización de Telebrás, según surge de unas grabaciones que abren un abanico de interrogantes.

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El mercado financiero, entre los escándalos políticos y la preocupación por las Bolsas.
Desde el presidente hasta sus laderos admiten la veracidad de las grabaciones.

Página/12 en Brasil
Por Darío Pignotti Desde San Pablo

t.gif (862 bytes) “Bomba atómica”, es como llaman sus amigos en la intimidad al presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. La revelación está contenida en cintas grabadas de forma clandestina en 1998 cuando se daban las últimas puntadas para la “desestatización” (así la llaman aquí) de Telebrás, la mayor de todas las privatizaciones realizadas en Latinoamérica. Aunque lo verdaderamente explosivo no es el apodo presidencial, sino el tráfico de influencias alentado desde el Planalto en favor del grupo Banco Oportunity-Stet (pertenece a Telecom italiana).
La foto de Cardoso sorprendido mientras digita un celular junto a una columna de acero y vidrio se volvió el icono de esta historia, pero lo que hace más verosímil al relato es la voz presidencial publicada en la edición multimedia del diario Folha de S. Paulo. Allí puede escucharse nítidamente a Cardoso conversando con el entonces presidente del Banco Nacional de Desarrollo Social (Bndes). En ese tramo de grabación, André Lara Resende acuerda con el presidente presionar a un fondo de pensiones (Previ) para que juegue con el consorcio Oportunity:
–Presidente Bndes: Lo que nosotros necesitamos es dar fuerza al grupo Oportunity y lo ideal es que el Previ entre con ellos.
Fernando Henrique: ¿Con Oportunity?
–Pte. Bndes: Con Oportunity y los italianos (Telecom).
–F.H.C.: Está bien ...
–Pte. BNDES: Necesitamos de una cierta presión ... (presidencial), ¿podemos usarla?
–F.H.C.: No tenga dudas.
Desde el presidente hasta sus laderos políticos admiten, implícitamente, la veracidad de las grabaciones cuyo contenido encuadraría en la figura de violación a la probidad del funcionario público, suficiente cargo para sustentar un juicio político. Pero la amenaza de impeachment no tiene fuerza en el Parlamento, donde la “base de sustentación” gubernamental controla la mayoría absoluta. En la Justicia las cintas no constituyen material probatorio de delito aunque ayer el Ministerio Público las solicitó en el marco de su investigación.
Este es el segundo escándalo en la saga de Telebrás. El anterior se cobró las cabezas del presidente del Bndes y del ex ministro de Comunicaciones Luiz Carlos Mendonça de Barros, entre otros, en noviembre pasado cuando se conocieron las primeras grabaciones. ¿Por qué, entonces, las nuevas cintas reanimaron el escándalo? Porque dan por tierra con el argumento oficial planteado el año pasado cuando toda la responsabilidad de los hechos se consumió en funcionarios de primero y segundo nivel. De las grabaciones conocidas el lunes surge que la red de complicidades enredaba al propio Cardoso, algo que todos suponían pero nadie había testimoniado hasta ahora.
De momento el escándalo está en una meseta: la Bolsa paulista dio un respiro subiendo más de 6 puntos al cierre de esta nota. Sin embargo, se supo que las casi 70 horas de “grampos” (pinchaduras) no agotan toda la “mercadería” obtenida delictivamente. Según la fuente anónima que abasteció a la Folha todavía mantiene en su poder otro cassette de 90 minutos con la voz de Fernando Henrique.
Desde la oposición, Lula, líder del PT (Partido de los Trabajadores), apuntó directamente al presidente y alentó la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria, o CPI. Pimenta da Vega, actual ministro de Comunicaciones, contraatacó diciendo que “las CPIs viraron epidemia, son puro show que usan los partidos como vidriera política”. Mientras tanto, el líder parlamentario del PDT (Partido Democrático Trabalhista,centroizquierda), Miro Teixeira, dijo que las grabaciones son obra de la Agencia Brasileña de Información. Es decir, los servicios.
Las hipótesis conspirativas no suenan descabelladas si se repara en la temprana carrera hacia la sucesión en el 2002, en la debilidad política del gobierno y en la alevosía típica de las elites conservadoras brasileñas, curtidas en las malas artes políticas. La expresión más explícita de esa tradición, Antonio Carlos Magalhaes, es al mismo tiempo socio del gobierno, presidente del Senado y precandidato presidencial por el PFL (Partido del Frente Liberal).
La evolución del caso es una incógnita. Pero de momento quedan algunas certezas. A dos meses de su reelección presidencial, el 28 de julio de 1998, Cardoso jugó fuerte y al filo de la ley en una negociación que implicó 22.000 millones de dólares. El artífice de la operación fue otro ministro de Comunicaciones, Sergio Motta (fallecido), el mismo que todo Brasil identifica como el “cajero” que persuadió a los diputados renuentes a votar la cláusula reeleccionista.
Por el momento, como en el poker, los jugadores miden las cartas. Y todos esperan, sin descartar que en un tiempo se conozca el tercer cassette. Cardoso debiera conocer su contenido.

 


 

DENUNCIA DE LA FUNDACION MYRNA MACK EN MADRID
Guatemala, o la impunidad guatepeor

El País de Madrid
Por Jorge Marirrodriga

t.gif (862 bytes) El Ministerio de Defensa guatemalteco es el que ha puesto más obstáculos al proceso de paz en Guatemala, según denunció en Madrid Helen Mack, presidenta de la fundación Myrna Mack, dedicada a la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la larga guerra civil guatemalteca. Mack niega el argumento del ejército según el cual los archivos hechos públicos la semana pasada con el nombre de víctimas de la represión son falsos porque en los papeles no hay firmas ni membretes oficiales. “Si se trata de documentos clandestinos, sería de tontos que llevaran sello y firma”, señala.
La fundación Myrna Mack lleva el nombre de la hermana de Helen, asesinada en 1990. Desde entonces la activista de los derechos humanos guatemalteca desarrolla una incesante labor contra la impunidad tanto en estamentos militares como judiciales. “La impunidad se ha asentado en las estructuras del Estado”, advierte. Para Mack, la transición en Guatemala no ha finalizado todavía. “La transición está en un estado muy débil. En la medida en que las instituciones no tomen conciencia del papel que desempeñan, esto va a ser así”. Según la defensora de los derechos humanos, es fundamental que el Ejército reconozca el contenido del informe elaborado por la Comisión de la Verdad en el que se dice que las Fuerzas Armadas guatemaltecas cometieron violaciones de los derechos humanos. “La dignificación de las víctimas empieza por ese reconocimiento”, asegura.
Las comparaciones entre lo sucedido en Argentina o Chile –donde al término de la dictaduras se ha llegado a un proceso, diferente y relativo en cada caso, de punto final y obediencia debida– no son posibles con el caso guatemalteco. “La historia de Guatemala es mucho más sangrienta”, señala Mack. “En Guatemala nunca han funcionado las instituciones y se ha dado una exclusión económica y social. La violencia en el país ha sido muy larga y la dignidad de los guatemaltecos ha sido pisoteada. Por eso es importante que se produzca un reconocimiento del informe tanto por parte del ejército como del gobierno”.
Mack estima que la verdadera solución al estancamiento democrático en su país pasa por el reconocimiento de toda la sociedad por lo sucedido. “Todos tenemos responsabilidad. Si no lo aceptamos jamás podremos reconstruir el futuro. Chile es un ejemplo de esto. No se solucionaron los problemas y ahora han vuelto a surgir”.
El principal problema, en opinión de la presidenta de la Fundación Mack, es que, a pesar de la “limpieza” hecha por el actual presidente, Alvaro Arzú, existen amplios grupos que no quieren la democratización del país. Además se ha producido la desilusión del pueblo con la democracia. “Podría darse un fenómeno como el de Hugo Chávez”, advierte.

 

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