Por David Cufré
 Un día después de que
se dictara su procesamiento, Pedro Pou fue nuevamente acusado ante la Justicia. Página/12
accedió en exclusiva a la demanda por defraudación contra el funcionario y buena parte
del directorio del Banco Central. El castigo por ese delito es de 2 a 6 años de prisión,
mucho más grave que el que le cabría de ser condenado por incumplimiento de los deberes
de funcionario público y abuso de autoridad, motivos por los que fue procesado. La causa
recayó en el juzgado de Adolfo Bagnasco, quien podría remitirla al juez Gabriel Cavallo,
quien lo investiga por el cierre y traspaso del Banco Patricios al Mayo.
Pou tuvo ayer un día agitado. Por la mañana participó de la reunión de gabinete
nacional, a la que fue especialmente invitado para que expusiera sobre el proyecto de
dolarización (ver página 3). Carlos Menem lo escuchó y, a su turno, se interesó por
sus problemas con la Justicia. Ese fue el único gesto del jefe de Estado, quien se
abstuvo de salir a respaldarlo públicamente, tal como sí hizo la semana pasada cuando el
que tambaleaba era Roque Fernández.
Por la tarde, Pou distribuyó un comunicado en respuesta al procesamiento que le dictó
Cavallo (ver aparte). Mientras intentaba cubrir ese frente, el banquero recibió dos
nuevos embates. Los diputados socialistas Jorge Rivas y Alfredo Bravo, quienes impulsan la
causa en manos de aquel juez, solicitaron a la Cámara baja que apruebe una resolución
para pedir al Poder Ejecutivo la destitución del funcionario. Es sabido que la Alianza y
el duhaldismo desean que –de llegar al poder– un hombre de su riñón asuma la
presidencia del Central, algo que por ahora tienen vedado, puesto que por ley Pou tiene
asegurado su puesto hasta el 2004.
Pou, además, sumó una nueva denuncia en su contra. Fue presentada ante la Cámara
Federal por los tenedores de obligaciones negociables del Patricios, bajo el patrocinio de
los abogados Federico Polak y Marcelo Griffi.
La demanda va más allá de la motorizada por Rivas-Bravo, que acusa a Pou y al directorio
del Central de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La condena estipulada para esos delitos es excarcelable. En cambio, ahora a los banqueros
centrales se los acusa por “defraudación por infidelidad o abuso” en la
administración de los bienes del Patricios. La pena prevista va de 2 a 6 años de
prisión, con lo cual los funcionarios afrontan el riesgo de terminar en la cárcel.
La nueva querella también excede a la anterior en los motivos que habrían llevado a los
responsables del Central a cometer –según se los acusa– el delito de
defraudación. Los demandantes hablan de la existencia de un “plan” ideado por
Pou y sus hombres para “favorecer la desaparición de las entidades bancarias
pequeñas y medianas, especialmente las de capital nacional”. El plan fue
“específicamente diseñado y sistemáticamente ejecutado”, afirman. “Está
claro que no sólo tuvo víctimas sino también beneficiarios”, añaden, apuntando al
Citibank -según dijeron a Página/12 Polak y Griffi–, que en definitiva absorbió el
grueso de los activos y pasivos del Patricios, a través de la adquisición del Mayo.
Los argumentos que sostienen esa hipótesis son abrumadores. En primer término, los
querellantes afirman que el Central tuvo una “notoria desigualdad en el trato de
asistencia financiera” hacia el Patricios, dado que se le negó sistemáticamente el
giro de redescuentos (préstamos), hasta el punto de que la suspensión fue decretada por
la imposibilidad de cubrir una deuda de un millón de pesos. En cambio, al Mayo se le
facilitaron redescuentos por 185 millones para absorber al Patricios. En segundo término,
responsabiliza al Central de no advertir al Patricios que el banco UNB-Medefin, con el que
negociaba un proceso de fusión en 1996, se encontraba en graves dificultades. También
detalla las trabas que el Central puso para que el Patricios se capitalizara o se
desprendiera deactivos –como su participación en la AFJP Previsol–, con lo cual
buscaba resolver su situación de iliquidez.
Por otra parte, la denuncia establece que el propio Central forzó al Patricio a emitir
ON, sabiendo que no iba poder responder por ellas, con el consecuente perjuicio para los
tomadores. Asimismo, hace mención a la difusión de rumores desde el Central sobre la
inestable situación del Patricios, lo que aceleró su caída. Por último, afirma que los
activos del banco fueron subvaluados y hasta perdidos –por caso, obras de arte–,
para que el Mayo pagara menos por ellos. Como el Central conocía las dificultades de esta
entidad, concluye, el objetivo final era que el Citibank se hiciera de un negocio redondo.
SE AVANZARA EN LA DENUNCIA POR “CONDUCTA
ANTISEMITA”
“Podría ser un agravante”
“Si
yo como juez puedo juzgar decisiones que toma el Presidente de la República con más
razón puedo juzgar las que tome el presidente del Banco Central.” Así defendió
ayer el juez Gabriel Cavallo, en declaraciones al programa Jaque Mate de la Rock and Pop,
su resolución disponiendo el procesamiento del presidente del Banco Central, Pedro Pou, y
a todo su directorio. El magistrado, quien investiga la caída del Banco Patricios y su
absorción por parte del fallido Banco Mayo, admitió su retraso en investigar la denuncia
de “conducta antisemita” por parte de Pou. Y anticipó que ahora se centrará en
establecer –poniendo en el banquillo a los banqueros– si la debacle de ambas
entidades se originó en sus propias deficiencias (ver aparte).
Cavallo destacó que en la causa se plantea un debate de fondo referido a “si las
decisiones de política monetaria son decisiones políticas y no judiciales”. En la
entrevista radial el magistrado reconoció que con la primera de esas interpretaciones,
esgrimida por las autoridades del Central, se sustentó la doctrina que justificó los
golpes de Estado. “La defensa de fondo fue, en líneas generales, muy coincidente en
ese punto: que las decisiones de política monetaria no podían ser revisadas
judicialmente”. El Banco Patricios, en opinión del juez federal, estaba en una
situación financieramente muy precaria “desde muchísimo antes de la fecha en la que
se lo suspendió. Tenía –destacó- una calificación muy riesgosa (Camel 4), y la
tuvo durante muchísimo tiempo”. Sin embargo no se tomaron las medidas preventivas
que la Carta Orgánica del Banco Central prevé. Respecto del caso de la absorción del
Patricios por el Mayo señaló que “lo que dicen los informes técnicos es que el
Banco Mayo no estaba en condiciones económicas de absorber al Banco Patricios en el
momento en que se lo hizo” y “los resultados posteriores demuestran que no fue
una decisión acertada”.
Las pruebas en que se basó el fallo, al que Cavallo calificó de “el primer
pronunciamiento judicial”, van desde informes de los peritos contadores oficiales,
del síndico de la quiebra del Banco Patricios, de una comisión de la Universidad de
Buenos Aires y del colegio de Ciencias Económicas. También destacó especialmente la
“particular relevancia de la labor de investigación periodística de una revista
conocida (Veintiuno)”, y la labor de los legisladores que acercaron al Tribunal
“gran cantidad” de elementos. De esos materiales se concluyó que existieron
“decisiones que debieron haberse tomado con anticipación a la fecha en que se tomó,
y decisiones que en algún punto pueden ser juzgadas de arbitrarias teniendo en cuenta que
eran otras las alternativas viables”.
“Podría ser un agravante” señaló el juez respecto de la posibilidad de que se
prueba una “conducta antisemita” por parte de Pou, tal como se denunció en el
expediente iniciado por legisladores de la Alianza. Finalmente Cavallo, que ayer comenzó
a indagar a los ex directivos del Patricios, dijo que lo que se le imputa a Pou es la
“desactividad del Banco Central, algo que no tienen nada que ver con la actividad que
los directores de los bancos privados realizaron por su cuenta”.
| El turno de los Spolski Pedro Pou ya no podrá criticar a Gabriel Cavallo con que sólo apunta sus
cañones contra él y sus colaboradores. Ayer, en el marco de la investigación en la que
terminó procesado, empezaron a desfilar por el juzgado los directivos del Patricios. Su
ex titular, Alberto Spolski, no compareció porque su indagatoria está prevista
–según confirmó el propio magistrado a este diario– para el próximo 10 de
junio. Spolski está imputado por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio
de la administración pública. Además, hay más de mil familias tenedoras de
Obligaciones Negociables perjudicadas por el cierre de la entidad, puesto que no han
recuperado su inversión en esos papeles de deuda. |
“Quiere tapar el sol con las
manos”
Pedro Pou cuestionó al juez que lo procesó.
Sostiene que es un fallo político y que así se protege a los banqueros que quebraron.
“El
fallo no parece jurídico sino político y da lugar a sospechar de su imparcialidad.”
Pedro Pou, el presidente del Banco Central, se defendió ayer públicamente del
procesamiento dictado por el juez Gabriel Cavallo bajo los cargos de abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el proceso de liquidación
de los bancos Mayo y Patricios. Pou maneja la hipótesis de que el juez intenta proteger a
los directivos de las ex entidades financieras.
A través de un comunicado de prensa de dos páginas de extensión, para que “la
opinión pública conozca la otra cara de la moneda”, Pou efectúa doce preguntas a
través de las cuales intenta demostrar que “es posible que el juez Cavallo haya
incumplido con sus deberes, y que no lo haya hecho yo”.
En su descargo frontal, el titular del BC señala dos hechos como los centrales para
dilucidar los verdaderos motivos de las caídas de los bancos Patricios y Mayo, que el
juez Cavallo estaría dejando de lado al momento de dictar sentencia. En ese sentido Pou
le cuestiona al magistrado el hecho de no haber tomado declaración indagatoria a los ex
directivos de las dos entidades financieras quebradas, Alberto Spolski y Rubén Beraja,
entre otros, pese a que el banco rector había denunciado ante la Justicia la existencia
de autopréstamos por un total de 116 millones de pesos. Según Pou, los autopréstamos
forman parte del “verdadero problema” en las causas Mayo y Patricios. “El
juez pretende tapar el sol con las manos”, aseguró.
El banquero dedica el último párrafo de su comunicado para divulgar su convicción de
que Cavallo obró por cuenta de un mandato político. “Prueba de ello sería que las
conclusiones (del fallo) se conocían mucho antes de ser dictado el auto de
procesamiento”, a través de los medios. Además, ensaya tres hipótesis que habrían
guiado al juez para decidir la sentencia:
u Proteger a los responsables de los problemas de los ex bancos.
u Generar un derecho contra el Estado a los tenedores de Obligaciones Negociables.
u Limitar la libertad de acción del Banco Central.
Entre la docena de preguntas que (se) hace, Pou pone en cuestionamiento la decisión
judicial de sobreseer –“correctamente”– al síndico titular del
Central (Ricardo Ferreiro), “avalando la legalidad de lo actuado”, mientras que
al mismo tiempo se procese a los directores del BC que dictaron las órdenes. “¿Por
qué el juez realizó las pericias técnicas sin la intervención de los imputados, y les
negó los pedidos de ampliación de pericias que formularan, impidiendo el ejercicio del
derecho de defensa en juicio consagrado por la Constitución nacional?”, pregunta el
funcionario. “¿Cómo es posible que se impute incumplimiento de deberes de
funcionario en el caso del Banco Patricios, lo que presupone que hubo irregularidades que
no supimos o quisimos atender o resolver, cuando no se han llevado a cabo las indagatorias
a los ex directivos de ese banco?”, cuestiona después.
En otro tramo de su descargo, Pou advierte que Cavallo actuó pese a contar “con tan
poca información” y que “en forma tan ligera” haya dado curso a los
reclamos de los acreedores “perjudicados por los delitos de los banqueros denunciados
por el Banco Central, para reclamar ante el Estado”. Y advierte: la medida
“podría estar recreando la industria del juicio contra el Estado”.
Con una diferencia de apenas 20 minutos, la oficina de prensa del Central envió a este
diario dos versiones del escrito de Pou. En la primera cuestiona a Cavallo por utilizar en
su dictamen el concepto “zona liberada”, “que trae a esta causa acciones
del pasado argentino”. En la segunda versión, la nota de Pou aparece corregida.
Después de “zona liberada” se lee: “que trae a esta causa la terminología
de un oscuro pasado argentino”. Toda una sutileza.
CUALES FUERON LOS FUNDAMENTOS DEL JUEZ CAVALLO
Abuso de autoridad y negligencia
Sobre la
base de una denuncia formulada por los diputados Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge
Rivas, el juez federal Gabriel Cavallo procesó al presidente del Banco Central, Pedro
Pou, por incumplimiento en los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A
juicio del magistrado, el titular de la autoridad monetaria dispuso de elementos
suficientes para evitar el derrumbe de los bancos Patricios y Mayo.
Según interpretó Cavallo en su reciente fallo, Pou no impidió esa debacle por simple
negligencia sino por un “aparentemente deliberado y grosero retardo en cumplir con
las funciones que le son propias”. El magistrado consideró que aquellas dos
entidades brindaron al Central información suficiente como para advertir la crisis que
jaqueó, primero, al Patricios y, luego, al Mayo.
El Banco Central “habría tenido acabado conocimiento de importantes desvíos en el
rendimiento de la entidad, en la medida que esta misma se los estaba informando a través
de sus guarismos contables”, sostiene el pronunciamiento judicial, en relación al
Patricios. “Resulta incomprensible que el directorio no haya adoptado en el tiempo
oportuno los recaudos a que lo faculta su propia carta orgánica”, agrega el texto.
Cavallo formuló una apreciación similar respecto de la falta de reflejos de Pou para
evitar la caída del Mayo. Para el juez, los responsables del Central bien pudieron
advertir que esa entidad no tenía el perfil técnico requerido para absorber al
Patricios, por la propia información que hacía llegar al BCRA y del informe de los
inspectores oficiales.
Pero ese conocimiento no fue óbice para que Pou y el resto del directorio se expidieran a
favor de aquella absorción, incurriendo en lo que Cavallo considera un claro abuso de
autoridad. El funcionario procesado habría abusado de su poder al autorizar la operación
con una resolución fundada en una premisa falsa: “La supuesta aptitud del Mayo para
efectuar la operación”. Tanto el presidente del Central como su equipo habrían
sabido que esto no era así, pero optaron “deliberadamente por obviarlo”,
sostiente el pronunciamiento judicial.
Pou se negó a declarar en la causa argumentando que no entendía la imputación y que sus
decisiones habían sido políticas y, por lo tanto, no susceptibles de ser evaluadas por
la Justicia (ver nota aparte). Al pedir la nulidad de su indagatoria, también señaló
que la carta orgánica del Banco Central no especifica en qué momento ni cuál es el
criterio para decidir sobre la suspensión de un banco.
Al disponer su procesamiento, el juez Cavallo también atacó estos argumentos defensivos,
afirmando que no se está discutiendo si la decisión adoptada en un caso fue o no
acertada, “sino si fue dictada respetando o no la ley”.
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