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UN FUNCIONARIO ENCARGADO DE INVESTIGAR LAS JUBILACIONES TIENE UNA A SU FAVOR
En casa de herrero cuchillo de privilegio

La lista de jubilaciones de privilegio incluye 8424 beneficiarios y cuesta al Estado 450 millones anuales. Menem ordenó que la Procuración del Tesoro las investigara. Uno de los funcionarios de esa repartición tiene concedido un beneficio por 3500 pesos.

Rodolfo “Chango” Díaz, el responsable de investigar a fondo el tema.
Uno de sus subordinados figura como beneficiario de una jubilación.

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Por Irina Hauser y Laura Vales

t.gif (862 bytes) La Procuración General del Tesoro, el organismo que investiga las jubilaciones de privilegio, tiene entre sus hombres a un funcionario que figura en los listados del Anses como beneficiario de una jubilación de 3500 pesos mensuales. “No lo afirmo ni lo desmiento”, dijo ayer Martín Luis Erdozain, el funcionario en cuestión, al ser consultado por Página/12. Su nombre figura en un listado de 8424 jubilaciones del Estado. Traducido en dinero, eso significa que cada año los señores contribuyentes argentinos ponen de su bolsillo cerca de 450 millones de dólares para alimentar estos haberes jubilatorios. Entre un fárrago de apellidos más y menos conocidos, no son pocos los de los funcionarios que perciben una doble paga: su sueldo de empleados del Estado más el retiro.
Erdozain no quiso responder a este diario si cobra su jubilación de 3500 pesos además de su sueldo, pero evitó cuidadosamente negarlo. “No doy información sobre este tipo de expedientes”, se desentendió. El funcionario tiene cargo de Director Nacional y la función de elaborar los dictámenes que firma el Procurador del Tesoro Rodolfo “Chango” Díaz.
–¿Erdozain cobra su jubilación más su sueldo? –preguntó este diario a Díaz.
–No tengo información sobre su situación previsional. Creo que cobra un sueldo de director...
–¿Cuánto cobra?
–No tengo idea; lo que pasa es que la Procuración no tiene un presupuesto propio sino que depende del Ministerio de Justicia. Pero primero hay que ver si la situación es legal o no, y eso es parte de la investigación que tengo entre manos. Si hay incompatibilidad, evidentemente, habría que iniciar acciones administrativas y abrir un sumario. No tengo una respuesta única. Voy a investigar a todos, como corresponde.
–El caso afecta a uno de sus hombres, que trabaja justamente dentro de la repartición que debe investigar las cuestionadas jubilaciones. Al margen del aspecto legal, ¿qué se hace ante esta situación concreta?
–Yo sólo voy a opinar sobre la legalidad del tema. Es algo muy sensible; pienso que lo mejor es emitir juicio cuando la investigación esté terminada y voy a mantener esta posición.
De Erman González en adelante, los funcionarios descubiertos como beneficiarios de una jubilación especial han apelado a restringir la cuestión a un problema exclusivamente ético. Jorge Maiorano, el ombudsman nacional, sintetizó ayer la situación sin un dejo de cinismo: “No estoy haciendo nada ilegal ni ilegítimo”, sostuvo al defender su derecho a cobrar 7 mil pesos como defensor del Pueblo y 3278 de jubilación (ver aparte). La ley, argumenta, se lo permite.
“La investigación para determinar las incompatibilidades no tiene mayor sentido”, explicó la diputada del Frepaso María América González. “Hoy no hay incompatibilidades legales entre cobrar una jubilación y un sueldo a la vez. Por eso sería más efectivo hacer una ley de un solo artículo para que toda persona jubilada que asuma un cargo público, electivo o no, deba renunciar a cualquier beneficio de retiro mayor a los 1500 pesos.”
Los especialistas consultados estiman que uno de cada cuatrocientos jubilados goza de un haber de privilegio. En el largo listado al que accedió Página/12 figuran nombres para todos los gustos:
Funcionarios en actividad con jubilaciones de 4498 pesos:
ron2.gif (93 bytes)  Raúl Reali: si no tiene un clon, se trata del director argentino de Yaciretá. El funcionario es un viejo amigo del Presidente, a quien abrió las puertas de su estudio jurídico en la década del ‘70, cuando Carlos Menem recuperó la libertad tras su detención en Las Lomitas.
ron2.gif (93 bytes)  Félix Alberto Peña: es el subsecretario de Comercio Exterior.
ron2.gif (93 bytes)  Mariano Alberto Durand: el nombre corresponde al del titular del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
ron2.gif (93 bytes)  Jorge Norberto Ramos: si no tiene un doble, se trata del subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete.
ron2.gif (93 bytes)  Roberto Augusto Ulloa: es senador del Partido Renovador de Salta, con mandato hasta el 2001. Fue gobernador de su provincia.
ron2.gif (93 bytes)  Leopoldo Bravo: senador del bloquismo con mandato hasta el 2001. Ex gobernador de San Juan y ex embajador en Moscú.
ron2.gif (93 bytes)  Raúl Galván: senador nacional por La Rioja, UCR. Ex diputado.
ron2.gif (93 bytes)  Alieto Guadagni: secretario de Industria y Comercio. Ex embajador en Brasil. Tiene una diferencia con los anteriores: cobra solo 3640 pesos.
Presos VIP y un par de
santos inocentes:
ron2.gif (93 bytes)  José María Pico: ex titular del Concejo Deliberante Porteño. Deberá enfrentar un juicio oral por asociación ilícita y defraudaciones reiteradas.
ron2.gif (93 bytes)  Juan Carlos Delconte: ex administrador de Aduanas, procesado y sobreseído. Cobra 3500 pesos mensuales.
ron2.gif (93 bytes)  Juan Carlos Suardi: ex concejal del PJ. Inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida, por el escándalo de los ñoquis en el Concejo Deliberante.
ron2.gif (93 bytes)  Norberto Imbelloni: ex diputado del PJ. Estuvo prófugo en el Paraguay y luego preso en Devoto tras ser acusado del asesinato de un custodio.
ron2.gif (93 bytes)  Alberto Brito Lima: ex embajador. Antiguo jefe del Comando de Organización. Cobra 4498 pesos.
También figuran muertos como el ex diputado peronista por el Chaco Adam Pedrini.

 


 

EL OMBUDSMAN MAIORANO COBRA SUELDO Y JUBILACION
Nada que ocultar, mucho que mostrar

t.gif (862 bytes) “No tengo absolutamente nada que ocultar, y sí mucho que mostrar.” Después de que su nombre circulara de boca en boca por aparecer en el listado de jubilaciones especiales, el ombudsman nacional, Jorge Maiorano, reconoció que cobra ese tipo de haberes además de su sueldo de funcionario. “Es legal”, se justificó. “Que haya alguna injusticia intrínseca en esto, bueno, obviamente será el legislador el que tiene que solucionar este problema”, manifestó en declaraciones televisivas.
Maiorano accedió a su jubilación en 1992 y desde 1995, cuando entró en vigencia la Ley de Solidaridad Previsional, percibe un retiro de 3.278,78, pesos. También cobra algo más de 7000 pesos como defensor del Pueblo. “Yo aporté durante 25 años y me corresponde recibir un pago como a todos los que se rigen por un régimen de jubilación especial”, se defendió. “No estoy haciendo nada ilegal ni ilegítimo. Si la ley no se ajusta a una realidad social lo que se tiene que hacer es modificarla”, agregó.
El ombudsman y ex ministro de Justicia de Carlos Menem, defendió la existencia de jubilaciones especiales “que son siempre necesarias para personas que tienen tarea insalubre, riesgosa o peligrosa” y ejemplificó enumerando los “regímenes especiales para taxistas, conductores de transportes de carga, guardaparques, Policía Federal, trabajadores de la industria del vidrio, de la carne, de la industria del chacinado”, entre otros.
“Dentro de estos regímenes especiales, está el régimen especial para aquellos que han sido funcionarios, o han pasado por los poderes legislativo, ejecutivo o judicial”, insistió. “Este es un régimen previsto en la ley, yo lo único que hice fue ejercer un derecho que la ley me otorga, que le otorga no a mí, a Jorge Maiorano, sino a todas aquellas personas –bueno, yo no hago chacinados, yo no soy personal embarcado–, es un régimen especial al cual uno tiene posibilidad de acceder. Está en uno ejercer el derecho o no ejercerlo”, añadió.
Por otro lado se lamentó porque, según explicó, aunque el ombudsman está sometido al mismo tipo de régimen que los legisladores y comparte sus inmunidades y su sueldo, a diferencia de ellos “no puede ejercer ninguna otra actividad”. “Un legislador médico puede ejercer la profesión, un legislador abogado puede ejercer la profesión. Lo único que yo puedo hacer es la docencia, y ustedes saben que para ser docente en el país hay que hacer dos de los tres votos sacerdotales: pobreza y obediencia”, remató.

 

15 jubilados 15

Alejandro Ortiz Iramaín - Juez del caso María Soledad Morales     $ 3.140
Bignone Reynaldo Benito - Presidente de la dictadura militar    $ 9.626
Llamil Reston - Ministro de Interior y Trabajo de la dictadura    $ 3.780
Lorenzo Sigaut - Ministro de Economía de Viola    $ 3.780
Adalbert Krieger Vasena - Min. de Economía de Onganía    $ 3.780
Murat Eurnekian - Secretario de Industria de Alfonsín    $ 3.640
Félix Borgonovo - Embajador en Italia. Ex sec. Legal y Técnico    $ 3.640
Carlos Ortiz de Rosas - Ex embajador    $ 8.412
Juan Sourrouille - Ministro de Economía de Alfonsín    $ 3.780
Alvaro Alsogaray - Ministro de Economía de Arturo Frondizi    $ 3.780
Juan Alemann - Secretario de Hacienda de Videla    $ 3.640
Roberto Alemann - Ministro de Economía de Galtieri    $ 3.640
Gustavo Caraballo - Viceministro de Economía de Gelbard    $ 3.640
Adam Pedrini - Diputado Nacional, fallecido    $ 4.498
Juan Aguirre Lanari - Canciller de Bignone    $ 4.498


 

Propuesta del Gobierno para evitar otros Erman

El propio sucesor de Erman González quiere prohibir por ley que se puedan cobrar al mismo tiempo jubilaciones privilegiadas y sueldos del Estado.

José Uriburu, un ministro que puso las barbas en remojo.
“Los ahorros irán para las jubilaciones más bajas.”

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t.gif (862 bytes) Tras la huella del ahora ex ministro de trabajo, Erman González, el estado público que tomó la larga lista de personajes que cobran jugosas jubilaciones especiales además de su sueldo como funcionarios surtió un efecto predecible: desde el Gobierno, sus reparticiones y diferentes sectores del justicialismo, se lanzó una lluvia de proyectos para controlar y, según las propuestas más extremas, eliminar casi totalmente las jubilaciones de privilegio.
La controversia que seguramente quitó el sueño en los últimos días a quienes cobran jubilaciones especiales, fue eje de la reunión de gabinete de ayer. Carlos Menem hizo su primer gesto de acallar la tormenta 24 horas después de la renuncia forzada de Erman González, al encomendarle al procurador del Tesoro, Rodolfo Díaz, que investigara los más de ocho mil casos de jubilaciones de privilegio. El procurador anunció que “en un plazo no demasiado extenso” publicará en Internet los resultados de su pesquisa. “Esta investigación no es sencilla, pero la tecnología nos va a permitir acceder a la información de una forma más rápida”, auguró. “Voy a establecer los regímenes, establecer las personas, se lo voy a informar al señor presidente y además lo voy a hacer público”, insistió.
Ayer por la tarde, el nuevo secretario de Seguridad Social, Santiago De Estrada, fue el encargado de los anuncios rimbombantes al parecer destinados a acallar la tormenta: la decisión del Gobierno de elevar al Congreso tres proyectos para poner fin a las jubilaciones de privilegio.
Una de las propuestas ratifica la eliminación casi total de las jubilaciones de privilegio, pero deja a salvo los retiros especiales del Poder Judicial. El segundo proyecto sugiere reducir progresivamente las jubilaciones que superaran los 3100 pesos. El quite máximo ascendería al 33 por ciento para los haberes de 14 mil pesos. Como tercera opción, el Ejecutivo sugiere establecer la incompatibilidad en el cobro de sueldo y jubilación al mismo tiempo por parte de funcionarios públicos.
El nuevo ministro de Trabajo, José Uriburu, manifestó su intención de abrir listas para que los funcionarios que perciben haberes jubilatorios elevados renuncien voluntariamente a ese beneficio. Propuso que la creación de ese registro especial se haga “por decreto”. Se dijo partidario de eliminar las jubilaciones especiales y agregó que su gestión apuntará a que “los ahorros se vuelquen a los sectores con jubilaciones más bajas”. “Vamos a proponer que todos los integrantes del Ejecutivo, de subsecretario para arriba y los legisladores, no puedan acumular en sus aportes jubilatorios sueldos y dietas, sino que tendrán que elegir entre una de las dos opciones”, detalló su propia propuesta.
El diputado justicialista y orteguista Mario Das Neves, quien presidió hace dos años la comisión que investigó la llamada “aduana paralela”,
presentó un proyecto de resolución para crear una “comisión especial investigadora de la existencia y percepción de jubilaciones y pensiones de privilegio”. Ese cuerpo, según propuso el legislador, debería hacer un seguimiento y control de los haberes especiales que perciben los funcionarios públicos de nivel nacional y provincial. El equipo estaría integrado por 12 legisladores y sus funciones se extenderían durante un plazo de 90 días hábiles a partir del día siguiente a que la Cámara apruebe su formación.
Apuntando sus dardos a la oposición, y haciendo oídos sordos a la lista que ya circulaba desde hace varios días, Uriburu dijo ayer: “El día que se conozcan las listas vamos a ver que en ellas hay mucha gente que actualmente se rasga las vestiduras y sacrifica al vecino”. Y agregó: “El argumento ese de que ‘yo no la cobro (la jubilación de privilegio) o que yo dono’ es hipócrita porque es como proponer robar un banco o donar a la Casa Cuna”.

 

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