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PRIMER PRESIDENTE EN FUNCIONES INCULPADO POR CRIMENES DE GUERRA
Milosevic en un limbo legal internacional

Por primera vez en la historia, un presidente en funciones, Slobodan Milosevic, fue inculpado por el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad, mientras la OTAN redoblaba el ataque a Yugoslavia y la diplomacia entraba en crisis.
Louise Arbour, la fiscal principal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Fue ella quien decidió y anunció la inculpación, cuya velocidad tomó a todos por sorpresa.

Página/12 en Holanda
Por Eduardo Febbro Desde La Haya

El presidente serbio Slobodan Milosevic perdió ayer su inmunidad de jefe de Estado. Por primera vez en la historia de la jurisprudencia internacional, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de La Haya inculpó a un presidente en ejercicio por “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra” junto con otros cuatro colaboradores del mandatario. El acta de acusación firmada el domingo por el fiscal del TPIY, la canadiense Louise Arbour, y hecha oficialmente pública ayer se apoya en las atrocidades cometidas en Kosovo por los dirigentes serbios e implica, por ende, a toda la cadena de mando de las operaciones llevadas a cabo en la provincia de Kosovo: además del mismo Milosevic, el TPIY inculpó y lanzó mandatos de arresto internacional contra el presidente de Serbia, Milan Milutinovic, el viceprimer ministro yugoslavo Nikola Sainovic, el jefe de Estado Mayor del ejército yugoslavo Dragoljub Ojdanic y el ministro de Interior de Serbia Vlajko Stojilkjkovic. China y Rusia censuraron la decisión y Suecia la criticó.
Los cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra se desprenden de las probadas responsabilidades de los cinco dirigentes de la ex Yugoslavia en la deportación de 750.000 albaneses de Kosovo y el asesinato de 340 personas de edades “comprendidas entre los 2 y los 95 años”. La fiscal del TPIY explicó en conferencia de prensa que el Tribunal contaba con “pruebas contundentes sobre la escala masiva” con que se perpetraron los crímenes de guerra. En adelante, Slobodan Milosevic ocupa el primer lugar en la lista de criminales buscados por la justicia internacional. Detrás aparecen el jefe de los serbios de Bosnia Herzegovina, Radovan Karadzic, y el general Ratko Mladic. “Algunos dirán que estas inculpaciones intervienen demasiado tarde, otros demasiado temprano”, puntualizó Louise Arbour antes de defender la “independencia” de una decisión que a la vez que sorprendió a los dirigentes occidentales puede complicar el mecanismo de las infinitas negociaciones diplomáticas en curso. Concretamente, los cargos que el Tribunal Penal Internacional hizo pesar contra Milosevic y Milutinovic descalifican a ambos dirigentes como partes autorizadas a negociar. Louise Arbour recalcó al respecto que el Tribunal había tomado su decisión según “las exigencias de nuestro mandato”, sin ninguna “consideración política” y sin que se tomara en cuenta “el juego diplomático”.
El acta de acusación presentada en La Haya consta de unas 60 páginas y contiene toda la panoplia de vejámenes posibles perpetrados en la provincia de Kosovo por las fuerzas serbias: “Saqueo de bienes personales y comerciales”, “amenazas y actos de violencia”, “destrucción sistemática en todo el Kosovo de los bienes pertenecientes a los civiles”, “bombardeos de pueblos y ciudades, incendio de casas, chacras y empresas”, “degradación de los civiles kosovares mediante violencias físicas y verbales, actos degradantes y malos tratos físicos basados en consideraciones raciales”. La fiscal del TPIY pidió a las autoridades yugoslavas que “defendieran el derecho” exigiéndoles a los inculpados “que se sometan voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal”. Anhelo por de más irrealizable si se toma en cuenta la forma en que la comunidad internacional, en especial las tropas de la OTAN que “garantizan” en Bosnia Herzegovina la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton, permitieron la impune circulación de uno de los criminales más notorios de la historia, el serbio Radovan Karadzic.
Pese a que los occidentales alentaron siempre las investigaciones realizadas por el TPIY, nadie esperaba en realidad que la inculpación cayera tan rápido. “Todos nos caímos de espaldas, tanto losnorteamericanos como nosotros”, comentaba ayer un diplomático francés. Lo cierto es que europeos y norteamericanos nunca se opusieron a que el Tribunal Penal Internacional se ocupara del “dossier Kosovo”, incluso extendiendo sus investigaciones al más alto nivel. Desde hace más de dos meses, los países miembros de la OTAN le transmiten regularmente al Tribunal las informaciones recabadas en el terreno por los servicios de inteligencia. Países como Francia llegaron incluso a financiar misiones de Organismos No Gubernamentales que fueron a Kosovo a escuchar los testimonios de los refugiados a fin de entregarlos luego al TPIY. Incluso el Departamento de Estado norteamericano publicó dos informes claramente acusadores contra los responsables serbios. A diferencia de lo que había ocurrido con la guerra en Bosnia Herzegovina, casi todos los países contribuyeron a que se instruyera la causa de los crímenes cometidos en Kosovo. Sin embargo, en La Haya se percibía sin ambigüedad el asombro que suscitó una inculpación que va a transformar directamente el delicado andamiaje de las negociaciones diplomáticas en curso.
En lo inmediato, las inculpaciones contra los dirigentes yugoslavos no tendrán consecuencias policiales. Nadie ve al emisario ruso Viktor Chernomyrdin en el papel del policía. En el plano estrictamente jurídico nada prohíbe tampoco que se dialogue con Slobodan Milosevic. Los acuerdos de Dayton estipulan únicamente que ninguna persona inculpada por el TPIY puede aspirar a asumir un cargo electivo o una función pública. De hecho, los estatutos del TPIY no incluyen ninguna prohibición para la ex Yugoslavia. El caso es hoy “meramente político” pero le impone a la gran mayoría de dirigentes un nuevo código que convierte la dimensión moral y política en exigencia jurídica.

El TPIY

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue creado el 23 de febrero de 1993 en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se inscribía en uno de los capítulos de la misma Carta de la ONU, el del mantenimiento y el restablecimiento de la paz y de la seguridad internacional. Su misión consiste en “juzgar a las personas presuntamente culpables de graves violaciones al derecho humanitario internacional, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991”. El TPIY es competente para los crímenes de genocidio, crímenes de guerra ycrímenes contra la humanidad. El Tribunal está presidido por la jueza norteamericana Gabrielle Kirk McDonald, mientras que, desde 1996, la canadiense Louise Arbour asume la función de fiscal. En total, esta instancia internacional trabaja con 14 jueces repartidos en tres cámaras. Desde su creación, el TPIY pronunció ocho veredictos y juzgó a 61 personas, entre las cuales 30 siguen en libertad. El TPY dispone además de una lista secreta donde figura un número indeterminado de acusados o sospechosos cuyos nombres no se divulgan a fin de facilitar su detención. El Tribunal no cuenta con fuerzas policiales y se apoya en la cooperación de los Estados firmantes de los acuerdos de paz de Dayton y sobre la fuerza multinacional de la OTAN, la cual, en principio, debe arrestar a los criminales de guerra.

Claves

La decisión de la Fiscalía del TPIY de inculpar a Slobodan Milosevic por crímenes de guerra y contra la humanidad enreda el escenario de la negociación porque abroquela al hombre fuerte yugoslavo en una posición de máxima en la que jamás aceptará dejar el poder ni abandonar Yugoslavia.
Al mismo tiempo, sienta un precedente inquietante para países como Rusia –cuyo presidente Boris Yeltsin podría ser inculpado por cargos semejantes a raíz del bombardeo al Parlamento en 1993 o la guerra de Chechenia en 1996– y China –cuyo liderazgo podría ser incriminado en su conjunto por la masacre de plaza Tian An Men–.
Y esta alineación de Rusia y China apunta a un debilitamiento aún mayor del rol del Consejo de Seguridad de la ONU, del cual esas dos potencias nucleares son miembros permanentes con poder de veto.

UNA DECISION QUE ABRE UN LABERINTO DE DIFICULTADES
El negociador descalificado

Por E.F. Desde La Haya

Sesenta y cinco días después de que la OTAN iniciara el operativo Fuerza Aliada contra la opresión serbia en la provincia de Kosovo, la Justicia lanzó ayer una bomba mucho más pesada y de incalculables consecuencias al inculpar al presidente Slobodan Milosevic y a otros cuatro responsables con los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El régimen serbio consideró la decisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) “como una nueva manipulación de los agresores de la OTAN”. Incluso los opositores de Milosevic condenaron el anuncio considerando que esta acusación va a acarrear un endurecimiento del régimen ya que, en adelante, Milosevic pierde la legitimidad de su función. En el curso de una conversación telefónica, los presidentes de Francia, Jacques Chirac, y de EE.UU., Bill Clinton, elaboraron una frase de autoelogio para manifestar su pleno acuerdo con el TPIY: la inculpación del mandatario serbio, dijeron, “muestra muy bien que la moral y el derecho están del lado de nuestra acción”. Más tarde, en el curso de su sexta intervención radiotelevisada desde el inicio de la guerra, elpresidente francés juzgó como un “acontecimiento mayor” la inculpación de Milosevic y reiteró que con ello el TPIY “legitima nuestro combate”. Sin embargo, Chirac puntualizó que la decisión del Tribunal no “cambiaría en nada” la estrategia de la OTAN y por ello recordó una vez más que Belgrado debía “aceptar todas las condiciones fijadas por la comunidad internacional”.
Parte del discurso del jefe de Estado francés contiene no obstante la columna central sobre la que se apoya la llamada “comunidad internacional”. Chirac dijo: “Repito que no se trata de negociar con Milosevic sino de hacer aceptar, para Yugoslavia, un plan de paz justo y equilibrado”. La Cancillería francesa recalcó luego que los occidentales no excluían nuevas negociaciones “con las autoridades competentes de Belgrado”. ¿Quiénes son esas autoridades? La respuesta está en la actitud que asumieron hasta hoy los dirigentes de la OTAN. La mayoría de los dirigentes occidentales habían hecho valer que no tenían nada que negociar con Milosevic: la única salida a la crisis consistía en que Milosevic “obedeciera” y aplicara al pie de la letra el contenido del plan de paz para Kosovo que le sería presentado una vez que Occidente se pusiera de acuerdo con los rusos sobre su contenido. París señala al respecto que la diplomacia trabaja desde hace semanas en la elaboración de una resolución “obligatoria” del Consejo de Seguridad de la ONU, para cuya realización “no se requiere la persona de Slobodan Milosevic”.
Sin embargo, si bien su elaboración excluye a Milosevic, su aplicación en el terreno requiere de él. Resulta hoy inimaginable que el presidente serbio acepte mañana un plan de paz impuesto por una comunidad internacional que, al mismo tiempo que negociaba con él, preparaba una inapelable acta de acusación. El rompecabezas se complica aún más cuando se conoce el contenido de las exigencias de Moscú para votar en la ONU la mencionada resolución: los rusos habían dicho que sólo la aprobarían si Milosevic aceptaba antes su contenido. Un diplomático británico admitía ayer que “es un rompecabezas delicado. Estamos en un aprieto moral y político. Descalificando a Milosevic, lo que hacemos es cerrar la puerta con la llave adentro. Si negociamos con él tenemos en contra al Tribunal. Si no lo hacemos, perdemos el interlocutor válido. Es un laberinto muy inglés”.

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