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Dos leyes y un nudo Por Julio Nudler
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 “Soros
es más importante que la CGT”, afirmó estos días Guillermo Calvo, economista
argentino radicado en Estados Unidos y con cátedra en la Universidad de Maryland, ex
asesor de Roque Fernández y mencionado en su momento como ministro de Economía de un
eventual gobierno de la Alianza. La sentencia es rica, precisa e implacable. Los
gobernantes argentinos deben prestarle más atención al especulador internacional por
excelencia que a la central obrera. Es decir: la política debe satisfacer los deseos de
los administradores de fondos, que siempre pueden asestar un golpe de mercado, y no los de
los trabajadores, que con este nivel de desocupación no pueden ni siquiera sostener un
paro. La ecuación de Calvo, representable como Soros > CGT, ya se tradujo en dos proyectos concretos: la dolarización y la llamada convertibilidad fiscal –que no garantizaría la conversión de pesos en dólares a una paridad fija, que es materia de la ley de 1991, sino la del Estado en un subsector congelado de la economía, relegado por el dinamismo del mercado-. Actuando en pinza, esas dos iniciativas le dejarían un margen político muy exiguo al próximo equipo económico. Tal como está proyectada, la ley de convertibilidad fiscal prohibirá que el gasto público crezca en una proporción superior a la del crecimiento del PBI, que es en realidad una representación del tamaño de la economía. Esto significa que no será una ley estrictamente orientada a reducir el déficit fiscal y limitar el endeudamiento público. Si lo fuera, se entendería como una manera de evitar que, aun respetando la convertibilidad, que impide emitir moneda para pagar erogaciones del Estado, éste aumentase su déficit tomando plata prestada para cubrirlo. La ley irá más allá. Al impedir la expansión del gasto público como proporción del PBI, incluso en el caso de que la recaudación de impuestos aumentase y el mayor gasto no implicase mayor déficit, la convertibilidad fiscal congelará al sector que produce bienes sociales, como la educación gratuita, la salud pública, la seguridad, la custodia del medio ambiente, la justicia, las regulaciones, la difusión cultural, etcétera. El sector público no podrá avanzar sobre los territorios que le capturó el sector privado a partir de la implantación del actual modelo. Esto funcionará como un reaseguro. La idea, impulsada tanto por el menemismo como por el duhaldismo y la Alianza, emerge como un arma para defender la convertibilidad –o el peso-, en momentos de turbulencia. Pero conceptualmente corresponde a la noción de que el Estado es un costo para el sector privado, introducida en la política económica argentina por Domingo Cavallo. El la usó incluso para refutar a quienes denunciaban el retraso cambiario. Cavallo explicaba que la paridad era la inversa del gasto público: cuanto menor éste, mayor aquélla, porque implicaba que el sector privado debía soportar una menor carga de impuestos, y necesitaba por tanto un dólar menos elevado para ser competitivo. Con esta misma concepción, Jorge Remes Lenicov, eventual ministro de Economía de Eduardo Duhalde, aportó a la futura ley de convertibilidad fiscal una cláusula tope para la presión tributaria, que no podría exceder del 18 por ciento del PBI. Ahora bien: si tanto el duhaldismo como el delarruismo quieren esta ley, ¿por qué considerarla un cepo político para el futuro gobierno? Esto tiene dos explicaciones. La primera es que en uno y otro campo se actúa bajo la mirada extorsiva de los mercados (y del FMI). Todos se desviven por mostrarse ante ellos más papistas que el Papa. Después ya verán cómo zafar. La segunda explicación es que ni duhaldistas ni aliancistas quieren un escenario de estallido de la convertibilidad. Recordar a Calvo: Soros es más importante. No hay que darle la oportunidad de lanzar a la jauría (los consultores prefieren hablar de manada) contra el peso. Todos están confabulados así en emitir para los mercados una señal de ultraortodoxia: cada vez más ajuste, cada vez menos sector público (esdecir, más negocios privados). La promesa de políticas activas, heterodoxas, queda casi sepultada. Cualquiera puede preguntarse cómo harán los futuros gobernantes para atenuar la carencia actual de bienes sociales, si ésa fuera su intención. Más fácil les resultaría en cambio profundizar las líneas del actual modelo, privatizando del todo la salud o la enseñanza. Las circunstancias propicias para esta vuelta de tuerca ultraortodoxa fueron creadas por hechos como aquella declaración de Soros del viernes 21, cuando opinó que el peso está sobrevaluado, lo que llevó a muchos a esperar una devaluación. Pero el verdadero efecto (¿buscado tal vez?) fue otro: en respuesta, el gobierno argentino no decidió impulsar una devaluación sino la abolición del peso, instaurando al dólar en su lugar como moneda única. Las cosas marcharon así en la dirección apetecida por los capitales internacionales que adquirieron activos en el país, desde empresas estatales hasta privadas, bancos, tierras o redes de televisión. A todos ellos les interesa eliminar el riesgo cambiario, porque los frutos de sus negocios los perciben en dólares. Es la misma razón por la que este gobierno aceptó dolarizar las tarifas de los servicios públicos privatizados, y encima indexarlas por la inflación estadounidense. Con la dolarización de toda la economía, esa garantía sería extendida a todas las multinacionales y fondos de riesgo. Carlos Menem dejaría así atado y bien atado el paquete, como creyó haberlo dejado Francisco Franco al morir.
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