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Recontradólar Por J. M. Pasquini Durán
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 El sábado
10 de junio de 1989 se difundió un pronóstico de Guido Di Tella sobre el corto
plazo económico que pasó a la historia local: “El tipo de cambio será recontraalto
[y] habrá una nueva moneda...”. Fue el tiro en la nuca de la administración
alfonsinista, herida ya por la hiperinflación y el malestar social, que la desalojó de
la Casa Rosada seis meses antes de cumplir el sexenio constitucional. El 8 de julio de ese
año Carlos Menem asumió el cargo con la lección aprendida: la democracia había sido
capturada por el mercado y el Poder Ejecutivo sería, en adelante, el gerente de esos
intereses oligárquicos. Así lo hizo durante diez años hasta que él mismo se volvió
descartable, desgastado por la constante fricción con los intereses de la mayoría del
pueblo.Con esa foja de servicios, a duras penas logró aceptar la imposibilidad del tercer mandato, pero no quiere perder la representación política del bloque económico conocido como el establishment. Actúa, en consecuencia, con las instrucciones del manual que aceptó hace diez años. Primero, generaliza el miedo en la población con presagios de una inevitable devaluación que haría saltar por los aires a todo el sistema de crédito. Cualquier deudor de clase media ya se imagina el cartel de remate en el frente de la casa que compró con financiación hipotecaria. A continuación ofrece la salida de innovación pero tranquilizadora, lógica, modernista: convertir al país en provincia monetaria de Estados Unidos con la dolarización completa de su economía. De inmediato, la Bolsa sube y baja, le hacen eco los megaespeculadores como Soros, los tecnoeconomistas dibujan en la arena y los dueños del dólar aceptan la relación carnal pero sin responsabilizarse por las eventuales ulterioridades. Los medios de difusión masiva se abalanzan sobre el tema que promete la máxima atención de las audiencias. Si puede dolarizar o no en las dieciocho semanas que le quedan hasta las elecciones de octubre, es una discusión vana. Promueve el debate con otros propósitos. Ante todo disloca la iniciativa de los demás para sujetarlos a su agenda personal, con lo cual en lugar de opacarse a medida que llega su retiro, relumbra cada vez más. Toma una bandera en sus manos que el establishment podrá agitar a voluntad en la cara del futuro gobierno, para disciplinarlo cada vez que le convenga. De paso, alienta la timba especuladora y paraliza por la incertidumbre a las inversiones de riesgo, o sea que provoca las peores condiciones para cualquier sucesión que no sea menemista. Por lo pronto, precipitó la exhibición de Eduardo Duhalde al lado de Domingo Cavallo, hijo dilecto del establishment y padre del modelo que el gobernador ya daba por agotado de éxitos. Hay que lograr la confianza del mercado y desarmar las sospechas de tentaciones populistas, condenadas de antemano como salida perversa a la injusticia en América latina por Madeleine Albright, la dama de hierro de la Casa Blanca. La minuciosa construcción de la imagen del “sucesor natural” como la representación del cambio, “el refundador de la justicia social”, quedó desinflada ante la fiesta de ese compromiso. Nadie se casa con el orgulloso padre de la criatura, para descartarla al costado del camino después del matrimonio, a menos que sea puro sexo sin compromiso, en cuyo caso ¿para qué mostrarlo con tanta impudicia? La Alianza opositora tampoco quedó a salvo de los daños producidos por la maniobra presidencial. En lugar de dedicarse a propagandizar las seis cláusulas del “contrato con la sociedad” que anunció el 25 de mayo, tuvo que dedicarse a demostrar que gobernará con convertibilidad, tipo de cambio fijo, déficit fiscal mínimo y sin sobresaltos para el “mercado”. Las presiones del establishment, viabilizadas por las audacias menemistas,someten al presente y ponen límites a la imaginación del futuro, justo en el momento en que más hacen falta las ideas nuevas y transformadoras. La imaginación censurada por el temor al castigo de los poderosos habilita la simulación oficial, que llama modernización al desparpajo oligárquico y “caza de brujas” a la indignación pública contra las jubilaciones de privilegio. Cuando la resistencia popular impide los atrevimientos más inicuos, como los recortes presupuestarios diseñados por Roque Fernández, no alcanza de todos modos para gestar esperanzas firmes en el porvenir. La política sigue entrampada en el temario restringido de la economía dominante. Un buen ejemplo es el déficit fiscal. Con sus más y sus menos, Fernando de la Rúa, Duhalde y el mercado coinciden en un punto: hay que reducirlo o eliminarlo. Loable propósito que, por cierto, debe ser difícil de alcanzar puesto que Estados Unidos –con prosperidad económica, casi pleno empleo y disciplina fiscal– carga en las cuentas públicas con saldos negativos de escalofriantes dimensiones. También fracasó el gobierno de Menem, sin prosperidad ni empleos, con los bienes del Estado vendidos, una deuda externa abultada sin medida y un costo social desaforado. A diario aparece toda clase de propuestas para equilibrar los gastos y los ingresos del Estado. Ninguna, ni la más extravagante, se pregunta, por ejemplo, si tiene algún sentido seguir gastando más de dos mil millones de pesos por año en las Fuerzas Armadas. Igual que la Policía Bonaerense, la institución militar ha sido corrompida por la práctica de muchas décadas, gestando en su interior un pacto de silencios cómplices que anula incluso la capacidad de sus mejores hombres para sanearla de sus peores vicios. El contrabando de armas y la voladura de la fábrica de Río III son emblemáticos de esa corrupción, que no puede ser atribuida sólo al gobierno de Menem. Las imágenes más recientes de Balza confraternizando con Galtieri y de Massera en su country-celda así lo prueban. Quince años de democracia y con indulto mediante no lograron que las Fuerzas Armadas aporten información valedera para cerrar las tremendas heridas abiertas por el terrorismo de Estado que ellas mismas aplicaron. A pesar de las pruebas documentales aportadas por Juan Gelman, el general Cabanillas sigue en su puesto, repitiendo argumentos que ofenden al sentido común. Ya no son el partido de la derecha para tomar el poder, el país carece de hipótesis de conflicto y ni siquiera hay conscripción militar que alguna vez funcionó como experiencia integradora, a la manera de escuela pública. ¿Qué función tienen, cómo justificar el gasto? La respuesta del miniprograma de la Alianza, en el ítem “Un nuevo rol para la defensa”, les adjudica la misión de desarrollar la capacidad científico-técnica en el país y les promete que “hará todos los esfuerzos para asegurar los recursos necesarios”. Es más razonable el capítulo 3 (“La mejor educación”) del mismo documento, donde asegura que “los recursos presupuestarios se dirigirán a financiar investigaciones útiles y viables”, cuya selección y auditoría “será responsabilidad de cuerpos científicos de primer nivel”. En lugar de dispersar recursos escasos, con las necesidades que tienen la ciencia, la tecnología, la investigación y la educación de la sociedad civil, con maestros que ganan menos que un capitán, ¿no sería más lógico propiciar la desmilitarización del país y del Mercosur? Ni el mundo ni el país toleran verdades establecidas. La construcción de un nuevo Estado, a la altura de las necesidades del bienestar general no puede limitarse a despedir empleados públicos, sino que tiene que remover y remozar las instituciones, apoyando a las que sean “útiles y viables” para el destino nacional. La actual política exterior –que no figura como ítem en el documento de la Alianza ni en el “contrato”– es otro ejemplo de mal uso. Con la industria deshecha y el campo asfixiado, la diplomacianacional en lugar de buscar nuevas oportunidades y mercados está concentrada en las Malvinas, como si se tratara de una urgencia impostergable cuando en realidad son fuegos artificiales para adornar la caída del régimen menemista. Para comparar, sería como si España estuviera dedicada a Gibraltar en lugar de apoyar a la expansión de sus capitales que compran YPF, Aerolíneas, Telefónicas y otras empresas vitales en la Argentina y en otros países de la región. En cada aniversario el progreso social ha dado otro paso atrás. Hace treinta años el cordobazo empezó porque el onganiato quiso suprimir el “sábado inglés”, la media jornada que se pagaba completa. Hoy, habría que restablecer las ocho horas, abolir el trabajo infantil y demandar igualdad laboral para la mujer, es decir, los propósitos que defendían los mártires de Chicago, un siglo atrás. ¿Cómo avanzar, sin recuperar el terreno perdido?
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