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Por Martín Granovsky  Ni arma
misteriosa ni planes para invadir Brasil o Chile: el gran secreto militar de la Argentina
es el honor de un general. El Tribunal de Honor ha decidido mantener en reserva sus
actuaciones sobre Eduardo Rodolfo Cabanillas y por eso la ombusdman porteña Alicia
Oliveira advirtió ayer al jefe del Ejército que si no revé el secreto presentará una
denuncia ante la Justicia. Después de que Página/12 informó en exclusiva hace dos semanas que el Ejército formaría una Comisión de Honor contra Cabanillas, acusado por Juan Gelman como responsable mediato del robo de su nieto o nieta en el campo de concentración “Automotores Orletti”, el tema pasó a ser tan hermético como la fórmula de la bomba atómica pakistaní. La medición del honor de Cabanillas por parte del Ejército, que comenzó anteayer, es un proceso rodeado de enigmas insólitos: u Es una incógnita si se formó Comisión de Honor (un paso previo al Tribunal de Honor) o directamente un Tribunal de Honor. u Es un misterio qué oficiales integran la Comisión y el Tribunal. u Será un secreto qué preguntaron los oficiales a Cabanillas y qué contestó el general de división en actividad que aún comanda el Segundo Cuerpo de Ejército. La ombudsman Oliveira justificó su presentación de ayer en la noticia publicada en Página/12 de ayer citando a un vocero del Ejército cuando dice que el Tribunal de Honor “solo divulgaría la resolución que emita, pero no los considerandos de la medida”. El documento de la Defensoría exhorta a Balza que “haga públicos los considerandos una vez dictada la resolución” e informa al jefe del Ejército que “en caso contrario iniciará las acciones legales correspondientes para hacer valer el derecho a la información pública que surge de la Constitución Nacional y los tratados nacionales a ella agregados”. El fundamento es que Cabanillas fue sometido al Tribunal de Honor por razones “que exceden la disciplina militar”, ya que Cabanillas está acusado “por conductas que la ley interna y el derecho internacional de los derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad”. Dice que, por lo tanto, “las razones de los miembros del Tribunal –que en una república son solo funcionarios públicos– constituyen actos de gobierno que deben trascender el conocimiento de la ciudadanía”. Tras citar una frase de Platón (“Al tirano le está permitido hacer en público actos escandalosos que el común de los mortales no se permitiría hacer sino en sueños”), Oliveira sostiene que ahora “los funcionarios se permiten actividades que prohíben a los ciudadanos y utilizan para ello el recurso del secreto a fin de evitar el escándalo y el escrutinio de la ciudadanía”. Para la Defensoría, “la publicidad de los actos de los gobernantes es el paso –en el Estado moderno– del Estado absolutista al Estado de derecho, porque es el anticuerpo que mediante el conocimiento y la crítica pública permite develar lo oculto”. En diálogo con Pablo Feldman, por LT 8 de Rosario, Balza dijo que el Tribunal de Honor puede “absolver, amonestar por falta leve, amonestar por falta grave y descalificar por falta gravísima al honor militar”, pero insistió en que “el veredicto es confidencial, estrictamente confidencial”. Balza también dijo que los antecedentes del presidente del Tribunal, Miguel Viviani Rossi, son “intachables” y que no será influido por su hijo, el coronel retirado Miguel Viviani Rossi, hasta diciembre número dos de Cabanillas al frente del Segundo Cuerpo de Ejército.
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