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Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro  Los escenarios que
fabrica Emilio Eduardo Massera son siempre oscuros. Y la hermosa quinta de El Talar de
Pacheco donde el ex dictador cumple su prisión preventiva de privilegio no es una
excepción: fue comprada en 1977, en la plenitud de su poder, por los mismos testaferros
que el ex marino utilizó para encubrir el despojo de los bienes de los desaparecidos
Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma (ver aparte). La identidad de los
anteriores propietarios de la finca tampoco es clara: se trata de una sociedad en
comandita llamada APADI que carece de expediente en los registros oficiales y de la que
dos de sus tres miembros niegan haber pertenecido. Como una coincidencia macabra, el
escribano que firmó el protocolo constitutivo de APADI era primo de una empresaria
desaparecida en los años más negros del proceso militar luego de ser víctima de un
secuestro extorsivo. La casa hoy más popular del partido de Tigre tiene alrededor un muro de ladrillos que cubre los 60 metros del frente y protege los casi 9 mil metros cuadrados de superficie total. No es para nada parecido a las murallas de la cárcel de Spandau pero, como al nazi Rudolph Hess, a Massera le gusta estirar las piernas y caminar pensativo por el parque bajo el débil sol del invierno, la “luz del sur”, como llamaron a la mixtura de familia y asociación ilícita que adquirió el lugar. Las sospechas Sólo hay que marcar once dígitos y esperar porque el teléfono llama largamente. Por fin, una voz gastada atiende. –¿Con el ex almirante Massera? Le hablo de Página/12. –¿Usted quiere habar con el almirante? –retruca la voz. –Con Massera. –No, no se encuentra. –¿Cómo que no se encuentra? –Bueno, sí, sí. Pero está en una reunión a 40 metros de aquí. Vuelva a hablar en media hora que lo va a atender. Vencido el plazo se vuelve a pulsar el número. Quien contesta en esa segunda oportunidad se presenta como “la empleada de servicio”. Explica: “Me dijeron que el señor está descansando. Yo le dejo el mensaje”. La negativa de la mujer será más contundente que la demanda de este diario que no podrá preguntarle a Massera si, como se insiste con vehemencia, la quinta pertenece a un desaparecido. Fundamentos para la sospecha, hay. Surgen de los archivos del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires. Este diario buscó desde diciembre pasado la titularidad de las parcelas que ocupa la quinta. La dirección era precisa pero la zona inducía a confusión porque los terrenos, próximos a la planta Ford, tienen entrada por dos calles: Figueroa Alcorta 3012 (ex 680) y, como corresponde, Sargento Díaz 3023. La inscripción de la transferencia, fechada en abril de 1977, revela que fue Roberto Castellanos quien efectuó la compra en representación de una sociedad en formación, Luz del Sur, y pagó 13 millones de la época. Dio fe de ese contrato el escribano Roberto de la Lastra. En un segundo protocolo Luz del Sur confirmó la operación ante otro notario del staff delictivo de Massera: el ex mano derecha de Alberto J. Armando, Fernando Mitjans. Castellanos, De la Lastra y María Luz Méndez Ezcurra, esposa de Eduardo Enrique Massera (hijo del ex miembro de la Junta Militar), eran accionistas. Mitjans era apoderado, junto con Angel Enrique Moreira. Como síndicos actuaban María Angélica Morello (titular) y Luciano Carlos Zamacona (suplente). El domicilio societario se estableció en Corrientes 1145, piso 8, donde estaba la escribanía de De la Lastra. En 1991, Luz del Sur pasó a ser propiedad mayoritaria de Delia “Lily” Vieyra (mujer del ex almirante), quien mantuvo en ella a su nuera María Luz e incorporó a suhijo Emilio Esteban Massera. En ese año, pasaron a ser patrimonio de la sociedad un departamento en la calle Figueroa Alcorta 3590, piso 16, y un segundo departamento en Libertador 2423, piso 12, el mismo que el ahora procesado ha puesto en venta para recluirse en la quinta de El Talar. Los socios no eran desconocidos entre sí: el comprador de la propiedad, Roberto Castellanos, era tío del escribano Roberto Pedro de la Lastra y éste, a la vez, pareja de Zaira Vieyra, cuñada de Massera. Es probable, no obstante, que por sobre los lazos familiares prevaleciera la confianza comercial: De la Lastra, Castellanos y Zamacona fueron algunos de los muchos personajes que ayudaron a Massera a encubrir el verdadero origen de los campos de Chacras de Coria, en Mendoza, sustraídos a la Sociedad Cerro Largo, que formaban el anciano empresario Victorio Cerutti y el contador Horacio Palma. En esa sociedad actuaba como asesor letrado el abogado Conrado Gómez y era afín a ella un yerno de Cerutti, Omar Raúl Masera Pincolini. Los cuatro fueron secuestrados entre el 10 y el 12 de enero de 1977, las mismas fechas en que se tramita la “compra” de la quinta de El Talar de Pacheco, trasladados a la ESMA y obligados a firmar en cautiverio los papeles que autorizaban la transferencia de sus bienes. Ninguno de los cuatro secuestrados volvió a aparecer jamás. Tal como reveló una investigación de este diario publicada hace más de un año, los campos de Chacras de Coria, luego de sucesivos cambios de mano, quedaron en poder de Misa Chico, una firma de la que participaban los hijos y el hermano del ex almirante. El mecanismo empleado para engrosar el patrimonio personal del ex almirante y los nombres de los involucrados en las maniobras de ingeniería societaria se repetirían a lo largo de todos los negocios encarados por el hombre que en sus discursos llamaba a una transformación moral. Contadores inexistentes, escribanos corruptos, balances falsos, socios supuestos, escrituras amañadas eran el tejido de la prosperidad personal del almirante y financiaban sus aspiraciones políticas. El soporte, subterráneo, funcionaba en los sótanos de la ESMA, en las oficinas de “los Jorge” Radice y Acosta, proveyendo los datos colectados por su aparato de inteligencia y eliminando dificultades por medio de sus grupos de ta- reas. Sombras, nada más APADI, la sociedad en comandita que vende las parcelas de Pacheco, es tan dudosa como todas las creaciones del almirante. “Hechas para ocultar”, dijo uno de los técnicos preguntados por este diario; “en nuestra jerga las llamamos sociedades perro”, definió otro contador consultado. En verdad, su funcionamiento es curioso. Fue representada en la operación de venta por Natalia Sonia Fridman, pero Fridman figura en la escritura de formación de APADI como la socia ultraminoritaria: 100 mil pesos moneda nacional contra 4 millones novecientos mil de Juana Bazán. En la Inspección de Justicia no tiene formado expediente, y dos de las personas que ingresan a APADI en 1972, José Birman y su coapoderada Graciela Haydeé Furman, negaron a este diario haber integrado la sociedad, tener el número de documento que se indica en la escritura, conocerse entre sí, conocer a Fridman y a la accionista mayoritaria Juana Bazán. Por otra parte, la dirección de la accionista pertenece a una familia de Monte Grande que siente que se le habla en chino cuando se la interroga por Bazán y por APADI. El mismo panorama había descubierto Página/12 hace un año al investigar la formación de las empresas fantasma que se apropiaron de los bienes de los desaparecidos Cerutti, Palma y Gómez. Basta recordar que el contador Jorge Barakat casi se desmayó de disgusto al enterarse por este diario de que figuraba firmando los balances de Misa Chico: “Me quiero morir”, dijo al escuchar que esa sociedad cuya existencia ignoraba era, además, del ex almirante Massera. Una siniestra coincidencia hace que la constitución de APADI, la vendedora de la quinta, fue refrendada por el escribano Aron Siganevich,primo de la empresaria de LoterChaco, Sara Siganevich, secuestrada el 18 de enero de 1978. La empresaria no tenía actividades políticas pero sí, afirmaron los periodistas de la época, “amistades muy influyentes”. Pese a que sus familiares pagaron un cuantioso rescate por su vida la mujer no volvió a aparecer y el secuestro quedó irresuelto y olvidado como un puro caso policial. Resulta extraño, sin embargo, que una acción de esa magnitud, realizada en pleno centro, apoyada en una estructura logística lo bastante importante para gestionar el cobro del rescate y ocurrida en el período más intenso de la represión ilegal, no contara con el apadrinamiento de algún jerarca de las Fuerzas Armadas que detentaban el poder. Organismos defensores de derechos humanos recuerdan el relato anónimo de un sobreviviente de la ESMA que refirió haber visto a la señora Siganevich en los mismos sótanos en los que estuvieron Cerutti, Palma, Gómez y Masera Pincolini.
La historia del barrio privado que robó Massera
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La quinta
donde el ex almirante Emilio Eduardo Massera cumple su arresto domiciliario fue adquirida
en 1977 por un testaferro del marino, Roberto Castellanos, quien la compró en nombre de
una sociedad que estaba por formarse, Luz del Sur S.A. 