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Por Susana Viau  La semana previa a la
caída de los bancos República y Mendoza revela el juego de presiones y concesiones
entablado entre su titular, el banquero menemista Raúl Juan Pedro Moneta, y el procesado
presidente del Banco Central, Pedro Pou. Tres días antes del cierre del Banco República,
Pou otorgó a Moneta un redescuento por 89 millones de pesos. El colmo de la operación es
que el Banco Central aceptó a cambio como garantía una parte de la sobrevaluada cartera
de créditos del República. Entre los titulares de los préstamos que el Estado tomó
como aval figuran el propio Moneta, el asesor presidencial Roberto Dromi y el presidente
Carlos Menem a través de la sociedad “Saúl Menem e Hijos”. En los primeros
días de abril, cuando se llevaron a cabo en secreto estas negociaciones, Roque Fernández
acordaba por separado el ajuste fiscal con el Fondo Monetario, que recortaría sin
contemplación partidas de educación, salud y programas sociales. El 29 de marzo, cuando las señales de su crisis eran inequívocas, el República solicitó al BCRA  un redescuento por treinta días de 67
millones de dólares porque, explicó, se encontraba atravesando un período de
“iliquidez transitoria”. El pedido dio lugar a un informe que los técnicos del
BCRA dejaron listo el 4 de abril. Allí dictaminaban que el banco de Moneta había
disminuido su Patrimonio Neto en 42 millones. Pese a ello, al día siguiente, el 5 de
abril, Pou dictó la Resolución 91 que disponía dos medidas: el nombramiento de veedores
en el Banco Mendoza y en el Banco República y la aceptación del pedido de redescuento.
De acuerdo con la normativa vigente, para proceder a autorizar un redescuento, el BCRA
debe recibir a cambio una garantía consistente en créditos –o valores– a
redescontar pertenecientes a clientes privados del sector no financiero y clasificados
como “en situación normal”. El monto de esos créditos entregados en garantía
debe cubrir, como mínimo, el 125 por ciento de la suma pedida.Clientela de lujo Pese a los informes desfavorables de sus propios técnicos sobre la situación interna del República, Pou no sólo autorizó la negociación sino que además elevó, incluso, el monto requerido: lo fijó en 89 millones. Moneta entregó su cartera de préstamos. El BCRA pasó por alto que en ese listado figurase el inflado préstamo de 85 millones dado por Moneta a una de sus empresas, República Compañía de Inversiones. O, dicho de otro modo, el préstamo que Moneta, convencido de que la verdadera caridad empieza por casa, se había dado a sí mismo. Como protagonista del autopréstamo estaba el edificio que ocupa Telefónica en la Calle Tucumán, construido por Citiconstrucciones (otra empresa del entusiasta criador de caballos criollos Raúl Moneta) a un costo de 44 millones. En junio de 1996, el banquero transfirió el inmueble a República Compañía de Inversiones pero en 98 millones, más del doble de lo que había costado. El mismo día de la transferencia, República Inversiones hipotecó el edificio a su vinculada, el Banco República, en 93 millones. La operación había encerrado una infracción flagrante a las disposiciones vigentes sobre fraccionamiento del riesgo crediticio y el BCRA, responsable de impedir, precisamente, ese tipo de maniobras, no lo ignoraba.  Otro de los deudores incluido en las garantías fue el ex ministro de Obras y
Servicios Públicos y actual asesor presidencial, el administrativista Roberto Dromi. El
monto de la deuda contraída por Dromi con el República era de 730.540 pesos y de acuerdo
con la auditoría realizada por la consultora Deloitte & Touche, su calificación era
1, es decir, un cliente en “situación normal”. Dromi, mendocino, y Moneta,
porteño, no eran lo que suele decirse “conocidos de toda la vida”, pero habían
sido presentados por un entrañable amigo común: el empresario de medios Daniel Vila. Fue
por lo tanto Dromi el encargado de solucionarle a Moneta el problema de su tardía
presentación a la privatización de losbancos provinciales: el Banco de Mendoza y el
Banco de Previsión Social. Dromi ideó una movida magistral: redactó un amparo y eligió
presentarlo ante el juez Orlando Varas, curiosamente, del fuero correccional. Tuvo suerte
con la elección. El juez Varas respondió de manera favorable al amparo. La confección
de los pliegos de la licitación había corrido por cuenta de la consultora Merril Lynch
International, importante por dos razones: la primera, su prestigio internacional; la
segunda, su experiencia: había intervenido en la mayor parte de las privatizaciones de
los bancos provinciales impulsadas desde el BCRA por Pedro Pou, otro mendocino, primo de
Eduardo Bauzá. Un tercer apellido conspicuo de listado de deudores transferido al Estado es, vaya si no, el del presidente Carlos Menem. La firma Saúl Menem e Hijos, CUIT 30504568772, había contraído obligaciones por 273.511 pesos. Se desconoce cuál es la calificación del cliente puesto que su situación consta como “no analizada”. No obstante, los informes del BCRA sobre riesgo crediticio la dan como “en situación normal” tras revisar su relación con tres entidades financieras: Nuevo Banco La Rioja, Banco República y Banco de la Nación Argentina. Como se ve, la sociedad bodeguera que el Presidente comparte en exclusividad con el empresario Carlos Spadone se maneja en terrenos conocidos. El Nuevo Banco La Rioja pertenece tras la privatización a su amigo Elías Sahad; Moneta, titular del República, es hombre de su confianza. El tercero es de la Nación que gobierna. Siga, siga El 8 de abril, tres días después de haber autorizado Pou los 89 millones, el República y el Mendoza dejaron de pagar a los ahorristas y cerraban sus puertas generando un auténtico caos en la vida comercial de la provincia. En total, la nación le había entregado al Banco República en concepto de redescuentos 130 millones de pesos, un equivalente a la mitad del recorte presupuestario que para esas mismas fechas se estaba acordando con el Fondo Monetario Internacional para las partidas de educación. Los veedores designados en el Mendoza y en el República se hicieron cargo de la misión. Pero ella, por decisión de Pou, no implicaba el apartamiento de los directivos de las entidades caídas. Moneta, titular de dos bancos fundidos, acusado de “vaciamiento” y “subversión económica” por la fiscal María Alejandra Obregón continúa administrándolas. Es la primera vez que ocurre un hecho semejante en la historia financiera argentina. A Pou le apagan la radio para que se defienda con el expediente
Por Pablo Ferreira La fuente, a prueba de desmentidos, contestó puntualmente las principales objeciones planteadas por Pou. Aquí van: * "En mi opinión este extenso fallo no parece jurídico sino político." La medida se basa en un 80 por ciento en los informes técnicos. Esa parte del fallo es casi textual de lo que ellos dicen sobre cuestiones bancarias y financieras. El otro 20 por ciento son evaluaciones del juez sobre esas consideraciones. No se ve ahí cuál es lo político. Además, no es Cavallo sino Pou quien utilizó como único argumento esa cuestión cuando decidió no someterse a la revisión judicial aduciendo que "mis decisiones no son susceptibles de ser analizadas judicialmente". Además si piensa eso debería denunciarlo a Cavallo ante el Consejo de la Magistratura y no recurrir a los medios, es poco serio. * "La resolución 'da lugar a sospechar sobre su imparcialidad'. Buscaría proteger a los responsables de los ex bancos Patricios y Mayo al no indagarlos por las acusaciones de autopréstamos hechas por el BCRA." Esto es algo que no tiene nada que ver con esta causa. Aparte, ya se está indagando a los directivos del Patricios (no del Mayo porque aún no ha terminado el análisis pericial). Los delitos que se les imputan a Spolsky y Beraja, entre otros, son muy diferentes de los imputados a la cúpula del Central. Es posible que Pou tenga razón en que la caída del Patricios haya ocurrido por "delitos" cometidos por la familia Spolski o sus directores. Pero esto no tiene ninguna vinculación con el hecho de que la autoridad monetaria haya cometido otros delitos relacionados con su función. El fallo dice claramente que las autoridades del Central no adoptaron las decisiones que debían en tiempo oportuno, y que las que tomaron son arbitrarias. Pero, en ningún lugar se dice que el Patricios haya caído a causa de no haberse adoptado esas decisiones. * "El hecho de no procesar (correctamente) al síndico del Directorio del Banco Central prueba que no ha habido incumplimiento alguno de los deberes que me impone la Carta Orgánica y la ley de Entidades Financieras." Este es otro disparate. El síndico sólo analiza formalmente las resoluciones del Directorio controlando su legalidad. Pero no tiene nada que ver con el contenido, que lo decide el Directorio. La resolución ordenando el cierre del Patricios, por caso, está conforme a la ley, pero su fundamento es arbitrario, y el síndico en este sentido no adoptó ninguna decisión. Este tipo específico de abuso de autoridad es el que se les imputa a las autoridades del BCRA. * El fallo "genera un derecho contra el Estado a los tenedores de obligaciones negociables". También Pou se equivoca en esto. Primero, porque los tenedores de ON ya estaban reclamando mucho antes de esta resolución y, además esos papeles no están garantizados por el Banco Central. De modo tal que no se ve de qué forma pueda responder por algo que no garantiza. El pronunciamiento no tiene nada que ver con responsabilidades patrimoniales porque, de haberlas habido, los embargos no hubieran sido de 100 mil pesos. No se ve que pueda generar ninguna industria del juicio. * El juez "limita la libertad de acción del Banco Central". No hay tal cosa. Los límites a las facultades del Central surgen de la Carta Orgánica y de la Ley de Entidades Financieras. No se está juzgando si la gestión del Banco Central fue exitosa o no, si la paridad monetaria se mantiene, o si fue el mejor Banco Central de todos los tiempos. Se juzgó si las acciones cuestionadas fueron delictivas. Es un dislate que más bien refleja la forma de pensar de Pou. * La cuestión de fondo de la causa. El gran tema de fondo es si las decisiones del Central son revisables o no. Si esta institución va a seguir siendo un coto cerrado de la autoridad monetaria o va a ser --como corresponde-- algo transparente sometido al escrutinio de la gente. La constitución permite juzgar a los directivos del BCRA lo mismo que al presidente de la nación o a un magistrado. Cavallo cree que hay un marcado autoritarismo por parte de Pou. ¿Cómo es posible --se preguntó la fuente-- que una persona que es citada a dar explicaciones y ejercer su derecho de defensa, no reconozca las facultades del Tribunal. Y argumente que sus decisiones no son judiciables. Para finalmente imputarle la falta de argumento técnico. El los tiene que brindar y si no se aviene el Tribunal debe hacer su interpretación sin esos elementos. Por otra parte, están las omisiones de Pou. Como la de referirse a la acusación de discriminación cuando habló de "bancos étnicos" según denunció Beraja y los diputados que promovieron la causa. Al respecto en Tribunales aclararon que hubo un pedido de una serie de declaraciones que el juez no tuvo tiempo material de hacer. "Tiene casi una secretaría dedicada a esa causa, pero este tema va a ser investigado", aseguraron. Se va a tratar de encontrar si hay testigos que digan que escucharon lo que se dice que dijo Pou. En su escrito Beraja no recuerda las personas que estaban en la reunión con Pou.
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