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Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba  La Justicia
federal de Córdoba investiga la relación entre miembros del Ejército con agencias de
seguridad privadas que operan en esa ciudad y en Buenos Aires. La fiscal federal Nº 3,
Graciela López de Filoñuk comenzó a investigar de oficio hace un mes, cuando el
diputado cavallista César Albrisi denunció que el titular de la SIDE en Córdoba,
Horacio French, era propietario de una agencia. En los últimos días de la semana se
sumó la sanción que recayó sobre tres oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército, quienes
fueron trasladados presuntamente por ejercer actividades privadas de seguridad reñidas
con sus cargos en el arma. Los tenientes coroneles Víctor Maldonado y Horacio Malberti y el mayor Néstor Baudano recibieron el viernes la notificación que los obligará a trasladarse a Bahía Blanca, Rosario y Mendoza respectivamente. La decisión fue tomada por el general Martín Balza a pedido del general Juan Manuel Llavar, máxima autoridad del Tercer Cuerpo. Se sospecha también que habrían utilizado infraestructura disponible en el Ejército para favorecer los negocios de seguridad privada. Se sabe de ellos: u Que el teniente coronel Víctor Maldonado fue hasta no hace mucho tiempo jefe de Inteligencia del Tercer Cuerpo, cargo que después ocupara Abel José Guillamondegui, acusado de espiar a la Justicia de Córdoba que investiga los crímenes de la dictadura. De la Central de Reunión de Información (CRI, ex Batallón de Inteligencia), Maldonado pasó a ocupar un lugar como colaborador directo del general Llavar. u Que Horacio Malberti, quien se desempeñaba en la Cuarta Brigada de Paracaidistas del Tercer Cuerpo, solicitaría su pase a retiro en lugar de “retirarse” a Rosario porque, al parecer, gana más con su actividad privada. O por lo menos con su matrimonio: Patricia Gaier de Malberti, su mujer, es accionista de dos agencias de seguridad en Córdoba. u Que Néstor Baudano ya tiene en su haber una imputación por abuso de autoridad en la causa paralela abierta por tareas de inteligencia contrael juzgado de Cristina Garzón de Lascano, quien investiga el destino de desaparecidos y niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. En la misma causa se investiga el origen de amenazas e intimidaciones sufridas por abogados y familiares de las víctimas de la represión. Baudano deberá prestar declaración testimonial a Garzón de Lascano la semana próxima. Los tres conformarían la sociedad anónima que es propietaria de la agencia MBM, consultora en temas de seguridad y vigilancia, aunque esta firma no consta en el registro de agencias que tiene la policía de la provincia. Pero la red de vinculaciones es mucho más amplia. Patricia Gaier de Malberti, esposa de uno de los militares sancionados, figura como integrante del directorio de Bamba Seguridad S.H. y como “directora técnica responsable” de Search Organización de Seguridad S.A., sucursal Córdoba. Search tiene su casa central en Buenos Aires, y posee en Córdoba el mismo domicilio que la agencia Seguridad Mediterránea S.A.: Obispo Oro 142, en el barrio Nueva Córdoba. Esta última es la agencia atribuida por Albrisi a Horacio French, jefe de la delegación de la SIDE en Córdoba. El diputado cavallista elevó su denuncia a la Justicia federal hace un mes atrás y también ante el titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. “No me contestó nunca”, se quejó Albrisi en referencia a Anzorreguy. Según el diputado, la agencia Seguridad Mediterránea era propiedad de French a través de su esposa, Nora Felisa Viale y su madre, Lidia Lozano. El legislador aseguró a Página/12 que “en los últimos tiempos Search se asoció a Seguridad Mediterránea en Córdoba” y que “las firmas están publicitando y trabajando juntas”. Según Albrisi, la situación se repite en la policía y hasta en el Servicio Penitenciario, porque el argumento más fuerte de venta para las agencias de seguridad es “te cuidamos y además tené en cuenta que tenemos gente adentro” de los organismos militares y de seguridad, como valor agregado. Aún cuando fuentes del ejército manifestaron que a los militares se les impone un cambio de destino y no un pase a retiro, porque no hay ilegalidad, una ley provincial prohíbe expresamente ejercitar funciones vinculadas a la seguridad en ámbitos privados y públicos a la vez. Una norma similar tiene en el ámbito nacional media sanción de Diputados y espera su ratificación en el Senado. Este es el segundo escándalo que afronta el general Llavar en menos de un mes, después de que cuatro integrantes de su Fuerza fueran pasados a retiro al haber sido acusados de espionaje por la Justicia federal. Mañana comenzará el desfile militar por el juzgado de Garzón de Lascano: marcha primero Guillamondegui, el martes le tocará el turno al teniente coronel José Luis Bo y el miércoles deberá declarar el jefe de Inteligencia del Ejército, general Jorge Miná, defendido expresamente por Balza cuando fue a Córdoba a conocer detalles de la causa que involucra a sus subordinados.
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