|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Cledis Candelaresi  Carlos Menem
inauguró su gestión con la promesa de que las privatizaciones permitirían al Estado
atender adecuadamente las prestaciones esenciales. Sin embargo, una reciente encuesta
realizada en Capital Federal y el Conurbano, demuestra que después del desguace público
y una década de gobierno, hay una creciente disconformidad hacia la Justicia, Educación,
Salud y Seguridad, del mismo modo que aumenta la proporción de partidarios de restituir
las empresas a manos del Estado. Las cosas tampoco pintan rosa al testear el humor social
provocado por el plan económico. El 80 por ciento es partidario de sostener la
Convertibilidad, pero una proporción similar asegura que es un mal momento para gastar, y
la mayoría cree que las cosas van a empeorar. La intención de cuidar celosamente los
pesos, inspirada en una pesimista visión del futuro, explican por qué la recesión tan
temida suele transformarse en una especie de profecía autocumplida.La encuesta fue contratada a Tesis Consultores por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, organización no gubernamental que integran, entre otras instituciones, las direcciones de Presupuesto de las provincias. La medición, realizada durante la primera quincena de marzo, es el tercer trabajo trimestral encargado por ASAP, cuyo propósito es diseñar una nueva mecánica para elaborar los presupuestos, sobre la base de satisfacer demandas sociales. "Siempre se hacen en base a lo que el Estado puede ofrecer, ¿pero es eso lo que quiere la gente?", explica Marcos Makón, ex funcionario de Economía y actual presidente de la Asociación. El respaldo a la Convertibilidad (80 por ciento) y la apertura económica (50 por ciento), dos aspectos medulares del programa económico, hacen presumir que los porteños y bonaerenses no esperan un cambio drástico en la orientación de la economía. Sin embargo, sólo el 14 por ciento apoya la flexibilización laboral, impulsada con énfasis por la gestión menemista. Aquel apoyo al plan tampoco gravita demasiado a la hora de juzgar las perspectivas económicas individuales y sociales: el 41 por ciento sostiene que las cosas empeorarán de aquí en adelante, contra sólo el 15 por ciento que opina lo contrario. "La gente piensa: tan mal no estamos. Pero tampoco tan bien como para salir a comprar autos", interpreta Esteban Lijalad, responsable de la encuestadora Tesis. Claro indicio de que el país atraviesa un parate económico es que el 82 por ciento de los encuestados opina que es un mal momento para gastar. "Esas son las expectativas que aceleran los procesos recesivos. Si a la baja en la actividad se suma el temor a desprenderse del dinero, se genera un círculo vicioso", interpreta Makón. Otra muestra de esa actitud conservadora (¿temerosa?) de los pocos que están dispuestos a gastar es que de noviembre --fecha de la anterior medición-- a marzo subió del 20 al 24 por ciento la cantidad de encuestados que se inclinan por invertir en depósitos en dólares (la primera opción es la compra de propiedades, con un 33 por ciento). A esta pesimista visión del futuro se suma un juicio negativo sobre el impacto de las políticas aplicadas. El 60 por ciento cree que en los últimos meses "las cosas empeoraron" y sigue identificando la desocupación como el principal problema del país. Pero las críticas son mucho más severas a la hora de evaluar aquellos servicios que el gobierno menemista prometió privilegiar, después de liberar al Estado de las deficitarias empresas públicas. Justicia: Revertir la pésima percepción de cómo se administra la Justicia es quizás uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. Según el trabajo, sólo el 6 por ciento la juzga en términos positivos. Entre los factores que afectan el buen desempeño judicial, el 90,5 por ciento de los encuestados identificó a la "corrupción de los funcionarios", seguida por la falta de personal capacitado (73,9 por ciento) y las presiones del Gobierno (63,4 por ciento). Educación: el 75,4 por ciento considera que la calidad de la educación pública es regular o negativa, contra el 68,9 por ciento que formulaba ese juicio en noviembre pasado. Salud: El salto es aún más abrupto en el caso de la salud pública: creció del 61,1 por ciento al 73,5 por ciento la proporción de encuestados que juzgan regulares o malas las prestaciones del sistema. Como en educación, el juicio es más negativo a medida que el nivel social del encuestado es más alto. No es el descalabro hiperinflacionario que empujó a su antecesor, Raúl Alfonsín, lo que amaga opacar el fin del gobierno de Menem. La más contundente amenaza de descrédito que acecha su gestión es la creciente e insatisfecha demanda social para que el Estado recobre algo del protagonismo perdido, aunque sea en las áreas que había prometido hacerlo.
|
