ENCUESTA DEL BANCO MUNDIAL. QUE PIENSAN Y COMO VIVEN LOS POBRES
Espejo del fin del menemismo

En secreto, para no irritar al Gobierno, el Banco Mundial continúa con la auditoría social de la gestión de Menem. Al informe que revela que existen 13,4 millones de pobres en el país, ese organismo agrega otro sobre cómo se ven los marginados del modelo.

Este diario había publicado, el 30 de abril pasado, otro capítulo de la exhaustiva evaluación de la pobreza (“Argentina Poverty Assessment”) que concluyó el Banco Mundial en los últimos meses, aunque sólo piensa difundir recién después de las elecciones de octubre, para no molestar al Gobierno. Aquel documento reveló que, en todo el país, 13,4 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza (36,1 por ciento de la población), mientras que 3,2 millones (el 8,6 por ciento) viven en la indigencia.
El informe que hoy difunde Página/12 se titula “Evaluación social de la autopercepción de los pobres en Argentina”. Fue encargado a una encuestadora local de primera línea, bajo la coordinación general de un funcionario del Banco Mundial en Washington, Norman Hicks, y la supervisión de una funcionaria del organismo en Buenos Aires, Sandra Cesilini. La encuesta tiene un módulo nacional, para el que se realizaron, en 29 ciudades, 1200 entrevistas domiciliarias. El otro módulo, sobre 600 casos, fue relevado en el área metropolitana.
Estos son los principales resultados:
* Los pobres definen su condición, primero que nada, por “no tener trabajo” o “tener problemas laborales” (38 por ciento de las respuestas) y “tener un salario bajo” (el 18 por ciento). En tanto, un 14 por ciento lo hace por “no tener lo mínimo para cubrir las necesidades básicas”, un 13 por ciento por “no tener dinero” y un 7 por ciento por “una jubilación indigna”.
* Debido a que la crisis laboral los dejó en una situación extrema, las llamadas “carencias estructurales”, como las dificultades de acceso a la educación o la salud, han pasado a un segundo plano entre las prioridades. Apenas el 1 por ciento se autodefine pobre por “no poder educarse y capacitarse” y sólo el 1,3 por “no tener acceso a una atención digna de la salud”.
u En la definición del Banco Mundial, pobres son aquellas familias que viven con menos de unos 460 pesos mensuales. Para tener una idea de lo acotado de sus expectativas social frente a la crisis, el 62 por ciento de los encuestados de bajos recursos dice que podría vivir dignamente, cubriendo sus necesidades básicas, con menos de 1000 pesos. Y un 25 por ciento podría arreglárselas con 600 pesos.

* No todos son “pobres tradicionales”, ya que un 17 por ciento de los encuestados (casi uno de cada cinco) de clase media hoy se autodefinen en una “situación de pobreza”.
* Cuando se pregunta cuáles son las instituciones más capaces para aportar soluciones efectivas contra la pobreza, la Iglesia se ubica en primer lugar con más del 30 por ciento de las respuestas: ya sea considerada tanto a sí misma como a través de Caritas. En segundo lugar, se pide atención al gobierno nacional (23 por ciento). Mientras que un 15por ciento considera que “ninguna” institución hoy podría dar respuesta a sus necesidades. Sólo el 4 por ciento considera que municipios o gobiernos provinciales tienen la capacidad para buscar soluciones a la pobreza.
* La percepción de los sectores bajos sobre la evolución de su situación en los últimos años es inequívoca. A nivel nacional, el 85 por ciento considera que está igual o peor que hace cinco años. Y sólo el 13,5 por ciento dice que está mejor.
* En el área metropolitana el pesimismo es todavía mayor. El 79 por ciento está peor o mucho peor, el 17 por ciento igual y apenas el 3 por ciento mejor. (El resto no sabe o no contesta.)
* Casi la totalidad de los hoy pobres identifica su situación de “desempleo o vulnerabilidad social” con los años del gobierno menemista. Por ejemplo: el 31 por ciento se define en esa condición “hace menos de un año (1998)”, el 26,3 por ciento “hace uno o dos años (‘96/’97), el 23 por ciento hace tres o cuatro años (‘94/’95), el 9 por ciento “entre cinco y siete años atrás (‘91/’93) y el 4,5 por ciento “entre ocho y nueve años atrás”. Apenas el 1,9 por ciento dice que las causas de su situación de vulnerabilidad actual se remontan a hechos previos a 1989.
* En cuanto a las razones atribuidas a la situación de “vulnerabilidad económica y social familiar”, el 60 por ciento las identifica con “pérdida del empleo sin causa” y “pérdidas del empleo por reajustes” donde trabajaba, mientras que el 13 por ciento habla de “dificultades para adaptarse al mercado de trabajo”.
* Mirando hacia el futuro también domina el pesimismo. El 36 por ciento dice que las cosas empeorarán. El 33 por ciento que seguirán igual y sólo el 19,5 por ciento que mejorarán.

Planes sociales con mala imagen y bajo sospecha

Por M. M.

Nada disgustará más al presidente Carlos Menem, cuando se entere por Página/12 de la encuesta reservada del Banco Mundial, que la difusión de la pésima opinión que tienen los sectores de bajos recursos de los programas sociales oficiales. Casi el 70 por ciento de los consultados califica de “regular”, “negativo” o “muy negativo” el funcionamiento actual de los programas sociales nacionales. Entre las principales causas que “impiden el éxito de los programas sociales”, la más mencionada es su “utilización política”.
Uno de los funcionarios más indignados a fines de abril, cuando este diario publicó la primera evaluación de pobreza del Banco Mundial a nivel nacional, fue el secretario de Desarrollo Social, el santiagueño José Figueroa. El enojo de Figueroa con las autoridades locales del organismo fue indisimulado y, junto con el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, fue quien más presionó para que Myrna Alexander, directora del Banco en el país, difundiera una nota “lamentando profundamente” que la información haya llegado a la prensa.
Justamente, la Secretaría de Desarrollo Social es uno de los organismos del Estado con mayor injerencia en los planes sociales nacionales, que son duramente criticados por los pobres por su clientelismo político, “falta de transparencia” y “problemas de administración de fondos”.
Los resultados del sondeo son los siguientes:
u El 36 por ciento califica el funcionamiento de los programas sociales oficiales de “regular”, y el 32 por ciento de “negativo” y “muy negativo”. Sólo el 9 por ciento lo considera “positivo” o “muy positivo”.
u Los sectores humildes tampoco se sienten escuchados por los administradores de los planes sociales. El 74 por ciento de los encuestados dice que quienes conducen estos proyectos toman en cuenta “poco y nada” sus opiniones.
u Entre los “factores que obstaculizan o impiden el éxito de los programas sociales” se destacan: su “utilización política” (el 58,7 por ciento lo menciona), la “falta de transparencia en los procedimientos” (58,3 por ciento), los “problemas de administración de fondos” (55,8 por ciento) y la “burocracia excesiva”. Curiosamente, tal vez relacionado con el clientelismo político –la respuesta más mencionada– también se adjudica responsabilidad en el fracaso de los programas a las “discusiones y enfrentamiento internos” dentro del Gobierno.
u El 45 por ciento dice que existen problemas de discriminación en el manejo de dicha ayuda social. Así, el 41 por ciento explica tal discriminación debido “a la política”, el 24 por ciento a “cuestiones sociales” y el 8 por ciento a “cuestiones culturales”. El 17 por ciento no sabe por qué lo discriminan.
u El programa social más conocido es “ninguno”, con el 71 por ciento de las respuestas. Visto por tipo de programas, es impresionante la proporción de encuestados que no sólo nunca accedió sino tampoco los conoce. Por ejemplo: el 89 por ciento no conoce el Promin (Programa Materno Infantil) o lo conoce sólo de nombre, el 87 por ciento no está enterado del Pro-Huerta, el 90 por ciento desconoce la existencia del ASOMA, un plan para la ancianidad, y el 93 por ciento nunca oyó hablar del Siempro, lo cual es lógico porque es un Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales que, a pesar de implicar un gasto de varios millones de dólares anuales, sólo difunde datos si se trata de una campaña publicitaria oficial. Todos estos programas pertenecen a la Secretaría que comanda Figueroa.

HISTORIA DE VIDA

Walter Trabaja en una escuela pública, como ayudante de portería, desde 1992. “Gano 400 pesos menos los descuentos. Antes, yo trabajé durante diez años de mozo en un hotel. Era un trabajo estable. Me acuerdo que me tocó la hiperinflación, pero por más mal que estuviéramos siempre tenía un peso en el bolsillo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy no se puede reclamar y uno tiene que bajar la cabeza. Es el miedo a perder el trabajo.” Walter vive detrás de la Terminal de Micros de Buenos Aires. “Yo quería sacar un crédito. Pero cuando me pidieron los documentos, en el DNI nosotros tenemos anotado, casa tal, manzana tal, calle 5, Villa 31.” Luisa Mamani Dirige el comedor infantil Pulgarcito, en la Villa 31. “Acá vienen unos cien chicos a comer porque los padres no tienen para darles. Y también vienen mayores que están desocupados. No se consigue trabajo porque somos de acá, de la villa, y hay mucha discriminación. Yo estoy en la 31 desde 1969, y nunca vi que pasara lo que nos está pasando ahora. Si no tenés secundario, nadie te toma y acá se hace muy difícil el estudio para los chicos, cuando el problema es comer.” Antonia Vera Está instalada de pie, en una esquina de la calle 5, de la Villa 31, frente a la puerta de su casa. Delante suyo hay una parrilla con brasas, donde va arrojando tortillas de harina para vender. “Compre tortillas. Por 1 peso cada una”, se lee en un cartón rústicamente manuscrito, apoyado contra los pies de la parrilla. “Empecé a vender tortillas hace tres días. Se me ocurrió porque ya me estaba desesperando. No tengo ningún ingreso y de algún lado tengo que sacar plata.” Norma Gutiérrez “Estuve trabajando de empleada en Sacoa. Hacía de encargada, me ocupaba de los trabajos de limpieza y también de los de mantenimiento. Por todo eso me pagaban 280 pesos por mes. Pero no me reconocían nada, ni accidentes de trabajo, ni me podía enfermar porque me descontaban los días. Así y todo, ahora te pagan menos y es más difícil conseguir trabajo. Para mí que el Gobierno les dio todo el aval a los empresarios para que hagan lo que quieran”. Junto a ella, su marido, Osvaldo, que trabaja en una empresa transportista, asegura que “la que tiene la culpa es la gente, porque hace todo lo que el Gobierno quiere”. Humberto Tejada “Me duele en el alma hacer esto. No tengo por qué estar acá, cirujeando, pero me quedé sin trabajo, nos despidieron a todos y no nos pagaron un peso.” Hasta hace un año trabajaba en una empresa de limpieza, en el microcentro, pero “de golpe y porrazo nos echaron como a cien”. Desde las 18.30 hasta las 2 o 3 de la mañana, Tejada recorre las calles de la city porteña revolviendo bolsas de basura y juntando papeles y cartones. “Saco unos 10 pesos por día.” Zulma Moretti “Vivo en la Villa 31 hace 10 años. Mi esposo es operario en una fábrica de matafuegos, y yo hace 7 años que trabajo en una casa de familia en Santa Fe y Riobamba. Acá, donde vivimos, tenemos problemas de vivienda, los chicos se mojan los pies al caminar, se llenan de hongos, y hay muchos problemas de asma. Yo tuve suerte y entré a trabajar porque mi tía trabajaba en la misma casa y me recomendó cuando ella dejó. Pero lo más común es que la gente de acá no consiga trabajo porque vivimos en la villa. Y ahora se hace mucho más difícil todo. Hay menos trabajo, apenas se suman 280, 300 pesos, y no alcanza para nada.” Adrián y María Adrián y María El tiene 20 años, ella 21 y tres hijos. “Hace tres años que nos dedicamos a esto”, dice Adrián, mientras revuelve las bolsas de residuos, sobre Diagonal Roca. No buscan papeles. Se ocupan de una de las ramas del cirujeo: materiales de aluminio. “Los vendemos y sacamos 5, 10 pesos por noche, que usamos para el guiso y los pañales de los bebés. Empezamos a las ocho de la noche y seguimos hasta pasada la medianoche”, asegura María. Héctor Lleva siete años como lustrabotas, en la misma parada: Florida, a pasos de Rivadavia. Considera su trabajo como “una profesión artesanal” y, pese a que se ve obligado a trabajar doce horas diarias después de viajar dos horas de ida y dos horas de vuelta, desde la provincia, asegura que “acá hay trabajo, pero nadie lo quiere hacer bien, por eso falta. Antes se lustraba todo el mundo. Ahora, me parece que los que se lustran tienen que tener un buen sueldo”.

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