| Por Irina Hauser  La jueza federal de Morón,
Raquel Morris Dloogatz, es la primera magistrada que se presenta a declarar en una
audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura como paso previo a un posible
enjuiciamiento. El juez Jorge Rodríguez pidió el juicio político de Morris Dloogatz
para indagarla en una causa en que investiga su posible participación en una banda de
policías bonaerenses que exigían coimas a comerciantes del Mercado Central. Vestida con
un tailleur rosado y con voz firme, la jueza sostuvo ayer ante la comisión de acusación
que nunca hizo nada irregular. Atribuyó la denuncia en su contra a viejos rencores que el
fiscal Pablo Quiroga guardaría hacia ella porque le impidió apropiarse del expediente
sobre el líder del Movimiento Todos Por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo.
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, pidió el juicio político de Morris Dloogatz
atribuyéndole los delitos de prevaricato (fallar en contra de la ley maliciosamente por
ignorancia inexcusable), incumplimiento de los deberes de funcionario público y
violación de secreto. El mecanismo de enjuiciamiento político que pone en marcha el
Consejo contempla que el funcionario cuestionado sea citado para hacer su descargo antes
de una posible acusación. Por eso la magistrada se presentó ayer en el cuarto piso del
Palacio de Tribunales para dar su explicación ante la comisión de acusación. Es la
primera jueza que hace su descargo en una audiencia abierta y la tercera en ser citada por
el órgano judicial. El ex camarista Javier Ruda Bart renunció antes de presentarse y la
semana pasada declaró el juez de familia Gustavo Smuclir en una audiencia cerrada.
Todo empezó con la denuncia de un empleado que señaló a su patrón como evasor
impositivo. El expediente quedó a cargo del fiscal Pablo Quiroga, quien señaló que
existían varias causas por evasión tributaria a su criterio sospechosamente cerradas por
falta de pruebas. En todas ellas Morris Dloogatz había ordenado allanamientos y secuestro
de documentación. Según la pesquisa fiscal, el entramado de corrupción se habría
tejido así: la policía allanaba comercios y retiraba documentación; si en los papeles
advertían algún dato fuera de regla, pedían coimas a cambio de salvarlos en una
investigación. Esto condujo a que los policías fueran procesados por extorsión y
asociación ilícita. Pero Quiroga también habría observado que los allanamientos por
temas fiscales siempre llevaban la firma de Morris Dloogatz y que solía obviar dar vista
de las actuaciones a los representantes del Ministerio Público y pedir la intervención
de los inspectores y peritos de la Dirección General Impositiva (DGI). A todo esto se
sumó que en octubre del año pasado la Cámara Federal de San Martín constató que la
jueza había incurrido en 131 faltas administrativas.
Morris Dloogatz dijo ayer que sus vistas a los fiscales y en sus comunicaciones a la DGI
se ajustaron a la ley. Consideró, por ejemplo, que para dar intervención al organismo
recaudador no hay plazos, al menos según su interpretación. Admitió alguna
conversación con la policía, pero acotó que es habitual que los jueces, al menos de ese
partido bonaerense, lo hagan. Atribuyó los cargos en su contra a una suerte de
confabulación del fiscal Quiroga quien, a su entender, “dominaría” la Cámara
Federal de San Martín. Además, dejó entrever que cree que ser la primera fiscal mujer
en la provincia habría tenido sus costos. Y entregó unas mil páginas de documentación
de la causa penal.
Durante la declaración, que duró alrededor de una hora y media, estuvieron presentes los
consejeros Juan Carlos Maqueda, Melchor Cruchaga, Juan Gersenobitz, Miguel Pichetto,
Javier Fernández Moores, Fermín Garrote, Oscar Massei y Augusto Alasino. Contra lo
previsto, resolvieron postergar su dictamen y ampliar la investigación. “Hay que
tener un nivel de certeza mayor, no tenemos la íntima convicción para acusar o no”,
planteó Cruchaga. Con todo, según comentaron a coro a este diario varios consejeros, la
mujer podría ser acusada “al menos por negligencia en sus actuaciones”. Un
eventual dictamen acusatorio de la comisión deberá serrefrendado por el plenario con el
voto de los dos tercios. Si eso sucediera la magistrada podría ser suspendida antes de
enfrentarse al jurado de enjuiciamiento.
| Debate sobre los límites ¿El Consejo de la Magistratura tiene limitaciones para investigar a los
jueces denunciados? ¿Qué pasa si de la documentación con que cuentan los consejeros
surge que el juez cometió otros delitos, diferentes a los que se le imputan? ¿En qué se
diferencia el accionar del juez de instrucción que investiga a otro juez y los consejeros
que llevan adelante el proceso de juicio político? ¿En qué se diferencia la función de
los consejeros que promueven una acusación de la del jurado de enjuiciamiento? El Consejo
de la Magistratura, órgano creado en virtud de la reforma constitucional de 1994, es un
cuerpo judicial encargado de llevar adelante el juicio político de miembros del Poder
Judicial que son denunciados. Antes de que el Consejo comenzara su actividad el 17 de
noviembre del año pasado (tras largas postergaciones) el enjuiciamiento lo llevaba a cabo
el Senado. Ayer al medio día, mientras los consejeros debatían las declaraciones de la
jueza Raquel Morris Dloogatz, también surgieron interrogantes y discusiones sobre los
posibles alcances de la pesquisa en manos del órgano. Algunos consejeros, por ejemplo,
sostenían que el cuerpo debe limitarse a estudiar los delitos que se le adjudican al juez
cuestionado pero, si en el camino surgen otros, deberá derivarlos al juez de
instrucción. Las atribuciones, comentaban, serían limitadas ya que “no podemos
reemplazar al juez original”. Otros consejeros, discrepaban. |
|
