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La policía entrará a la universidad
pero esta vez será para estudiar

A partir del 2000, para ingresar a la
bonaerense habrá que ir a la facultad. Harán un curso de dos meses para 900 comisarios.

Los comisarios escucharon con atención el anuncio de Arslanian.
A partir de agosto, tendrán que hacer un curso en la universidad.

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t.gif (862 bytes)  Cerca de 900 comisarios y subcomisarios en actividad de la Policía Bonaerense deberán realizar a partir de agosto “cursos obligatorios de actualización o especialización” en las universidades de Lanús, Lomas de Zamora y San Martín. La iniciativa, que forma parte de la “estrategia de profesionalización” de la fuerza encarada por el ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanian, se concretará a partir de un convenio firmado ayer, que también prevé la creación de la carrera de Técnico en Seguridad, con una extensión de dos años y que deberá ser cursada por todos los aspirantes a oficiales de la policía provincial a partir del año 2000.
Los cursos para los jefes policiales en actividad comenzarán en la primera semana de agosto, luego de finalizadas las vacaciones de invierno, y tendrán una duración de dos meses, según anunció ayer Arslanian en conferencia de prensa. Las materias por dictarse serán gerenciamiento y seguridad para los jefes y subjefes de las 18 Policías Departamentales (100 cursantes), y también para comisarios y subcomisarios (550 cursantes). Habrá otros cursos sobre investigación científica en materia de seguridad, con 228 inscriptos, y acerca de delitos informáticos, del que participarán veinte policías.
Ante un centenar de jefes policiales, firmaron el convenio el ministro Arslanian y los rectores Omar Szulack, de la Universidad de Lomas de Zamora; Ana María Jaramillo, de Lanús, y Daniel Malcom, de San Martín. El acto se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
El ministro resaltó que con la creación de la carrera de Técnico en Seguridad, los futuros policías “recibirán una formación básica en las universidades, que luego completarán en el Instituto de Formación Policial Juan Vucetich”. La parte específicamente policial apuntará a la capacitación operativa. Durante seis meses, aprenderán a usar las armas de fuego, harán prácticas de tiro, defensa personal, educación física y simulacros de procedimientos en la vía pública.
El llamado Plan de Transformación del Sistema de Seguridad bonaerense trata de lograr “un profundo cambio en la formación y capacitación” del personal, según explicó Arslanian. El programa de estudios apunta a superar “una formación policial cerrada sobre sí misma”, que era dictada por docentes que, en su gran mayoría, pertenecían a la misma institución. El ministro dijo que se intenta “un acercamiento entre la policía y la universidad”. Para ello, sostuvo, el desafío pasa por desarrollar “políticas de formación y capacitación de esencia democrática, dentro de los marcos legales, humanísticos y culturales”.
Los cursos para aspirantes, que comenzarán en el 2000 y que serán de dos años, servirán tanto para ingresar a la policía provincial como a las empresas privadas de seguridad. Al mismo tiempo, con las universidades se comenzó a diseñar una carrera de posgrado, maestría o especialización sobre políticas públicas en materia de seguridad para policías de altos niveles de conducción. Arslanian resaltó que, como todas las profesiones, la de policía requiere “de una actualización continua y permanente”. También aclaró que los aspirantes que están cursando la vieja carrera policial en el Instituto Vucetich, que egresarán en el año 2001, deberán completar sus estudios en la Universidad.
En cuanto a los cursos que comenzarán en agosto, constarán de cuatro módulos sobre organización, presupuesto, recursos humanos y relaciones con la comunidad. Cada curso durará dos meses, con un promedio de dos clases semanales. Los oficiales que participen serán relevados de sus funciones para garantizar la asistencia. Los policías analizarán y debatirán problemas prácticos planteados por los docentes. Arslanian subrayó que “el concepto relevante de la tarea iniciada es lograr la profesionalización de la policía y para eso están las universidades, que son las instituciones formadoras de la sociedad”.

 


 

ALLANARON UNA EMPRESA PARA REVISAR COMPUTADORAS
El riesgo de un programa sin permiso

t.gif (862 bytes) En un caso que no tiene antecedentes en el país, una empresa fue allanada por la Justicia por no tener en regla los programas usados en sus computadoras. En la mañana del lunes, la casa central de Café Cabrales S.A., ubicada en Mar del Plata, recibió la visita de los uniformados. En el allanamiento se constató que sólo el diez por ciento de los programas de software que utilizaba era legal, y una asociación que nuclea a grandes empresas comercializadoras de estos productos informáticos le inició un juicio por daños y perjuicios y por violación de los derechos de propiedad intelectual.
A partir de la modificación de la ley 11.723 de propiedad intelectual o “Ley Noble”, que considera delito la reproducción ilegal de programas de computación, las empresas propietarias de los productos han iniciado más de diez acciones legales de este tipo. “Hemos iniciado una campaña contra la piratería. No estamos tratando de hacer una caza de brujas; se trata de que se tome conciencia de esto, que es un delito” –explicó a este diario Julio Lago, apoderado de Software Legal, asociación que defiende los derechos de propiedad intelectual de los productores de software (entre cuyos integrantes se encuentran Microsoft, Symantec, Adobbe y Visio)–.
Hasta ahora, las acciones se habían iniciado bien contra organismos públicos, o bien contra los copiadores y vendedores de los programas truchos, quienes a veces falsificaban los originales y los comercializaban a un precio menor. “Esta es la primera vez, luego de la sanción de la ley, que se inicia una demanda contra una empresa-usuario final –dijo Lago–. Hubo un aviso previo y le dimos un plazo a la empresa para que cambiara el software; pero ellos dijeron que creían estar legales”, por lo que se dispuso el allanamiento. En la central marplatense de Café Cabrales S.A., sólo el diez por ciento del software era legal. “Lo que pasa es que a veces hay una confusión. Ellos creían que podían tener un solo programa original, pero se requiere eso y licencias adicionales para cada computadora”, explicó el abogado.
Luego del allanamiento y la constatación, se inicia una demanda por daños y perjuicios. La pena prevista para este delito es de entre un mes y un año y prisión para el responsable efectivo, y una indemnización que tiene que ver con el valor del material que la empresa tendría que haber comprado a sus fabricantes legítimos. En el caso de Cabrales, la demanda ronda los 85.000 dólares, porque la empresa sólo contaba con unas 30 computadoras.
Según una estadística de BSA, un año atrás se calculaba la existencia de un 72 por ciento de software pirata en el país, y a partir de la nueva ley, esa cifra bajó en aproximadamente un diez por ciento. Software Legal calcula las pérdidas de las empresas –es decir, lo que no pudieron ganar- en aproximadamente diez millones de dólares, y la evasión fiscal en dos millones y medio. La cruzada antipiratas de esta asociación comenzó en noviembre del año pasado con el objetivo de que para fines de este año, el porcentaje de programas truchos en uso sea de no más del 50 por ciento.

 

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