Cerca de 900
comisarios y subcomisarios en actividad de la Policía Bonaerense deberán realizar a
partir de agosto “cursos obligatorios de actualización o especialización” en
las universidades de Lanús, Lomas de Zamora y San Martín. La iniciativa, que forma parte
de la “estrategia de profesionalización” de la fuerza encarada por el ministro
de Justicia y Seguridad, León Arslanian, se concretará a partir de un convenio firmado
ayer, que también prevé la creación de la carrera de Técnico en Seguridad, con una
extensión de dos años y que deberá ser cursada por todos los aspirantes a oficiales de
la policía provincial a partir del año 2000.
Los cursos para los jefes policiales en actividad comenzarán en la primera semana de
agosto, luego de finalizadas las vacaciones de invierno, y tendrán una duración de dos
meses, según anunció ayer Arslanian en conferencia de prensa. Las materias por dictarse
serán gerenciamiento y seguridad para los jefes y subjefes de las 18 Policías
Departamentales (100 cursantes), y también para comisarios y subcomisarios (550
cursantes). Habrá otros cursos sobre investigación científica en materia de seguridad,
con 228 inscriptos, y acerca de delitos informáticos, del que participarán veinte
policías.
Ante un centenar de jefes policiales, firmaron el convenio el ministro Arslanian y los
rectores Omar Szulack, de la Universidad de Lomas de Zamora; Ana María Jaramillo, de
Lanús, y Daniel Malcom, de San Martín. El acto se llevó a cabo en la Casa de la
Provincia de Buenos Aires.
El ministro resaltó que con la creación de la carrera de Técnico en Seguridad, los
futuros policías “recibirán una formación básica en las universidades, que luego
completarán en el Instituto de Formación Policial Juan Vucetich”. La parte
específicamente policial apuntará a la capacitación operativa. Durante seis meses,
aprenderán a usar las armas de fuego, harán prácticas de tiro, defensa personal,
educación física y simulacros de procedimientos en la vía pública.
El llamado Plan de Transformación del Sistema de Seguridad bonaerense trata de lograr
“un profundo cambio en la formación y capacitación” del personal, según
explicó Arslanian. El programa de estudios apunta a superar “una formación policial
cerrada sobre sí misma”, que era dictada por docentes que, en su gran mayoría,
pertenecían a la misma institución. El ministro dijo que se intenta “un
acercamiento entre la policía y la universidad”. Para ello, sostuvo, el desafío
pasa por desarrollar “políticas de formación y capacitación de esencia
democrática, dentro de los marcos legales, humanísticos y culturales”.
Los cursos para aspirantes, que comenzarán en el 2000 y que serán de dos años,
servirán tanto para ingresar a la policía provincial como a las empresas privadas de
seguridad. Al mismo tiempo, con las universidades se comenzó a diseñar una carrera de
posgrado, maestría o especialización sobre políticas públicas en materia de seguridad
para policías de altos niveles de conducción. Arslanian resaltó que, como todas las
profesiones, la de policía requiere “de una actualización continua y
permanente”. También aclaró que los aspirantes que están cursando la vieja carrera
policial en el Instituto Vucetich, que egresarán en el año 2001, deberán completar sus
estudios en la Universidad.
En cuanto a los cursos que comenzarán en agosto, constarán de cuatro módulos sobre
organización, presupuesto, recursos humanos y relaciones con la comunidad. Cada curso
durará dos meses, con un promedio de dos clases semanales. Los oficiales que participen
serán relevados de sus funciones para garantizar la asistencia. Los policías analizarán
y debatirán problemas prácticos planteados por los docentes. Arslanian subrayó que
“el concepto relevante de la tarea iniciada es lograr la profesionalización de la
policía y para eso están las universidades, que son las instituciones formadoras de la
sociedad”.
ALLANARON UNA EMPRESA PARA REVISAR
COMPUTADORAS
El riesgo de un programa sin permiso
En un
caso que no tiene antecedentes en el país, una empresa fue allanada por la Justicia por
no tener en regla los programas usados en sus computadoras. En la mañana del lunes, la
casa central de Café Cabrales S.A., ubicada en Mar del Plata, recibió la visita de los
uniformados. En el allanamiento se constató que sólo el diez por ciento de los programas
de software que utilizaba era legal, y una asociación que nuclea a grandes empresas
comercializadoras de estos productos informáticos le inició un juicio por daños y
perjuicios y por violación de los derechos de propiedad intelectual.
A partir de la modificación de la ley 11.723 de propiedad intelectual o “Ley
Noble”, que considera delito la reproducción ilegal de programas de computación,
las empresas propietarias de los productos han iniciado más de diez acciones legales de
este tipo. “Hemos iniciado una campaña contra la piratería. No estamos tratando de
hacer una caza de brujas; se trata de que se tome conciencia de esto, que es un
delito” –explicó a este diario Julio Lago, apoderado de Software Legal,
asociación que defiende los derechos de propiedad intelectual de los productores de
software (entre cuyos integrantes se encuentran Microsoft, Symantec, Adobbe y
Visio)–.
Hasta ahora, las acciones se habían iniciado bien contra organismos públicos, o bien
contra los copiadores y vendedores de los programas truchos, quienes a veces falsificaban
los originales y los comercializaban a un precio menor. “Esta es la primera vez,
luego de la sanción de la ley, que se inicia una demanda contra una empresa-usuario final
–dijo Lago–. Hubo un aviso previo y le dimos un plazo a la empresa para que
cambiara el software; pero ellos dijeron que creían estar legales”, por lo que se
dispuso el allanamiento. En la central marplatense de Café Cabrales S.A., sólo el diez
por ciento del software era legal. “Lo que pasa es que a veces hay una confusión.
Ellos creían que podían tener un solo programa original, pero se requiere eso y
licencias adicionales para cada computadora”, explicó el abogado.
Luego del allanamiento y la constatación, se inicia una demanda por daños y perjuicios.
La pena prevista para este delito es de entre un mes y un año y prisión para el
responsable efectivo, y una indemnización que tiene que ver con el valor del material que
la empresa tendría que haber comprado a sus fabricantes legítimos. En el caso de
Cabrales, la demanda ronda los 85.000 dólares, porque la empresa sólo contaba con unas
30 computadoras.
Según una estadística de BSA, un año atrás se calculaba la existencia de un 72 por
ciento de software pirata en el país, y a partir de la nueva ley, esa cifra bajó en
aproximadamente un diez por ciento. Software Legal calcula las pérdidas de las empresas
–es decir, lo que no pudieron ganar- en aproximadamente diez millones de dólares, y
la evasión fiscal en dos millones y medio. La cruzada antipiratas de esta asociación
comenzó en noviembre del año pasado con el objetivo de que para fines de este año, el
porcentaje de programas truchos en uso sea de no más del 50 por ciento.
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