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El candidato presidencial de la Concertación por la Democracia, el socialista Ricardo Lagos virtualmente el próximo presidente de Chile, anunció que en derechos humanos nunca va a haber punto final en Chile, porque esto no se hace por negociación política, ya que el dolor está adentro de la gente. En un encuentro-desayuno con los corresponsales extranjeros destacados en Santiago de Chile, Lagos señaló que su gran desafío será saber claramente qué pasó con los 1100 detenidos desaparecidos que tenemos en Chile. Además de por el constante recuerdo de la prisión del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, el suicidio de un represor puso ayer en primer plano las cuestiones pendientes en derechos humanos. Uno de los soldados chilenos que fusilaron al sacerdote católico Juan Alsina el 11 de setiembre de 1973 el día en que fue depuesto Salvador Allende se quitó la vida en el poblado de Calle Larga. Lagos añadió en este contexto que también había que crear las condiciones para que el ex dictador chileno Augusto Pinochet, actualmente detenido en Londres, pueda ser juzgado por tribunales en Chile. Lo que Chile ha hecho en el caso Pinochet es defender principios y no personas y el principio a defender es que los delitos cometidos en territorio chileno se juzguen en Chile, dijo repitiendo la línea oficial sobre el punto. El líder socialista resultó victorioso en elecciones primarias efectuadas por la Concertación de Partidos por la Democracia el domingo pasado, tras derrotar al candidato democristiano Andrés Zaldívar por una abrumadora mayoría de votos. En la entrevista con los corresponsales, Lagos destacó que en Chile tenemos una transición a la democracia inconclusa, porque hay una Constitución que no interpreta a la mayoría nacional. Refiriéndose al candidato de la derecha Joaquín Lavín al que deberá enfrentar en diciembre, Lagos advirtió que no entienden nada quienes dicen que la discusión política o constitucional no interesa al país. Frente a las Fuerzas Armadas, Lagos se mostró partidario de reducirlas en caso de que exista un proceso de distensión en el continente en materia militar. En un testimonio ante la televisión hace año y medio, el ex represor suicida, Nelson Bañados Pintos, conscripto de 18 años de edad en un regimiento de Santiago en la fecha del golpe, dijo haber disparado al religioso por órdenes de un superior y alegó que sus balas pudieron no dar en el blanco. Agentes que investigan el suicidio del ex soldado dijeron que dejó una carta sobre su autoeliminación, pero sin mencionar el caso de Alsina ni el caso de su hijastro, un niño de cuatro años desaparecido. El ex soldado se ahorcó en su casa en una población de Calle Larga. En declaraciones judiciales en Madrid ante el juez Manual García Castellón, que precedió a Baltasar Garzón en la investigación española de los crímenes de la época pinochetista, el sacerdote catalán Miguel Jordá, que residió en Chile, dijo que entre las víctimas mortales de la represión de la dictadura figuran cuatro religiosos. Además del fusilado Alsina, Jordá citó las muertes violentas de los sacerdotes Gerardo Poblete, chileno, y Miguel Woolward, británico, que sucumbieron a torturas entre 1973 y 1975, y al francés André Jarlan, asesinado con disparos de un policía en 1984.
ASUMIO FRANCISCO FLORES, PRESIDENTE DE EL
SALVADOR En un
país donde el recuerdo de los Escuadrones de la Muerte sigue vívido, el nuevo presidente
salvadoreño, Francisco Flores, de 39 años de edad, representa al derechista partido
ARENA, que alguna vez fue el brazo político de los escuadristas. Flores, un profesor
universitario de filosofía y el más joven de los 33 mandatarios que han gobernado en el
presente siglo, juró ayer y tomó juramento a su gabinete.
Noticias de un secuestro, II El
presidente de Colombia, Andrés Pastrana, no tiene un minuto de tranquilidad. Tras la
grave crisis que tuvo que superar la pasada semana -cuando dimitieron el ministro de
Defensa y 17 generales, ayer tuvo que suspender su visita oficial a Canadá, volar a
Cali y ponerse al frente de un consejo de seguridad que trata de poner fin al secuestro de
decenas de personas que siguen en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde
el pasado domingo, cuando los guerrilleros irrumpieran en una iglesia de un barrio lujoso
de Cali y se llevaran a más de 100 feligreses.
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