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 El futuro de
Antonio Domingo Bussi, el general que llegó a Tucumán junto a las tropas de asalto que
dieron el golpe de estado el 24 de marzo de 1976, se define en varios frentes. Uno de
ellos se resuelve el próximo domingo cuando se conozca el resultado de las elecciones
provinciales en las que su hijo Ricardo es candidato a gobernador y fiel continuador de su
gestión. Otro frente no menos preocupante para el general son las investigaciones
judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y falsedad
ideológica, sustanciadas por el juez tucumano Ricardo Maturana. El diputado aliancista
Pablo Fernández, denunció ayer que el titular de la Cámara de Diputados, Alberto
Pierri, ocultó cuatro exhortos judiciales, en los que el juez tucumano Ricardo Maturana
requería a Pierri datos tan básicos sobre Bussi, como el saber en qué jurisdicción y
ante qué autoridad el general había realizado su declaración jurada.Luego del llanto público del ex hombre fuerte del "Operativo Independencia" y de que se difundiera la existencia de una cuarta cuenta bancaria en Luxemburgo, los diputados resolvieron abrir el sobre donde estaba la declaración jurada de Bussi, y comprobaron que el general no había declarado sus cuentas bancarias. Este hecho motivó que el fiscal federal Pablo Starc iniciara una investigación de oficio en la que acusó al actual gobernador tucumano por presunto enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y falsedad ideológica. A mediados del '98 las causas pasaron a la Justicia tucumana. En la causa por enriquecimiento ilícito, el juez Ricardo Maturana logró determinar los bienes que el ex represor tiene en el país y espera la respuesta de la Justicia suiza y de la holandesa para avanzar en la investigación. En ese momento Bussi, declaró no recordar si la cuentas bancarias son cuatro o más. Pero sí remarcó que se trataba de ahorros que oscilaban alrededor de 150.000 pesos y eran el fruto de 50 años de trabajo. El haber ocultado, ante la DGI y el Congreso nacional, la posesión de cuentas bancarias en el exterior, motivó que se investigue a Bussi por presunta falsedad ideológica. Para determinar la competencia de esta causa, el juez federal Ricardo Maturana debe precisar si esta declaración fue hecha en Buenos Aires frente a las autoridades del Congreso, o si por el contrario el mandamás tucumano la realizó en su provincia ante un escribano público. En el día de ayer el diputado aliancista, Pablo Fernández, denunció que el ex duhaldista y hoy ferviente menemista, Alberto Pierri, no le respondió al juez Maturana cuatro exhortos judiciales. Tres de ellos ni siquiera fueron despachados, los enviados: el 12 junio, 10 de julio y 15 de octubre del 98. Según el diputado aliancista, la última rogatoria judicial enviada el 15 de marzo de este año fue girada a la Comisión de Justicia de la Cámara baja con el único objetivo de ganar tiempo y no complicar la suerte electoral del actual aliado menemista y ex dictador del proceso militar. En diálogo con Página/12 el legislador dijo que "la solicitud judicial no era una cuestión parlamentaria, sino una simple cuestión administrativa, por lo que no correspondía su envío a la Comisión de Justicia, sino que era deber de Alberto Pierri responder al pedido del magistrado tucumano". Fernández, vicepresidente de la comisión que recibió el último documento judicial, señaló que "el exhorto nunca fue conocido por los integrantes de la comisión parlamentaria, ya que fue retenido por su titular, el justicialista cordobés Juan Carlos Maqueda". Es una máxima castrense el tener cubierta la retaguardia, Bussi puede sostener que la suya es protegida por amigos influyentes. Luego de que se conoció la existencia de cuentas bancarias en el exterior a nombre del represor tucumano, éste profundizó su acercamiento al presidente Carlos Menem y si bien es cierto que en ese momento el proyecto de la reelección presidencial estaba en auge, la buena relación de Bussi con Menem continúa vigente. Así lo demuestra el encuentro que ayer los tuvo a ambos como protagonistas en la casa de gobierno (ver nota aparte).
Un compañero más querido que Duhalde
Menem recibió a Bussi junto a representantes del sector azucarero de la provincia para comprometerse a "no tocar" los aranceles entre la Argentina y Brasil, a fin de sobrellevar la crisis que afecta a ese sector ante la caída de los precios internacionales. Asegurar la estabilidad de su provincia es para el gobernador allanar el camino para el triunfo de su hijo, a quien las encuestas lo siguen ubicando primero. Lo curioso es que en ese encuentro participaron el ministro del Interior, Carlos Corach, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, quien en los últimos días gestionaron un acercamiento con el duhaldismo. Aun así, en el entorno del gobernador bonaerense no dejaron de mirar con recelo ese encuentro fuera de agenda, que se produjo en vísperas de un comicio en el que el PJ aspira a terminar con el poder del bussismo. "Menem siempre tuvo buena relación con Bussi. Y está claro que él prefiere que gane Ricardito antes que cualquier otro candidato", reconocieron en la Casa Rosada, en un viejo razonamiento sobre cómo se miden las lealtades en el menemismo. Contrariamente, Duhalde respalda la candidatura de Julio Miranda, un hombre vinculado con el orteguismo y que actualmente preside la Comisión Laboral de la Cámara alta, desde donde avaló todas y cada una de las normas flexibilizadoras del gobierno nacional. Miranda no recoge el respaldo abierto del menemismo pese a ser un hombre que mantuvo estrecha relación con Diego Ibáñez, el fallecido sindicalista del petróleo que tuvo estrecha vinculación con el Presidente en los albores de la gestión menemista.
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