| Por Adriana Meyer  “Esperamos que algunos
represores tengan el destino de Al Capone y terminen en la cárcel al menos por evadir
impuestos”, aseguró el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, Simón Lázara, al ser consultado por Página/12 a raíz del pedido a Suiza para
que envíe más información sobre las cuentas a nombre de militares abiertas en ese
país. La Cancillería argentina mandó ayer a la fiscal suiza Carla Del Ponte el pedido
del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky para saber si existe en ese país una
cuenta bancaria secreta a nombre del ex sargento Carlos Alberto Vega, acusado de haber
actuado en el centro clandestino de detención La Perla durante la dictadura. La solicitud
fue formulada hace un mes en el marco de la causa en la que se investiga una presunta
evasión impositiva que habrían cometido cinco represores.
El actual gobernador de Tucumán, el general retirado Antonio Bussi, Jorge
“Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, el fallecido Adolfo Arduino y Vega habrían
traficado divisas “de origen dudoso” en el exterior para ocultar la presunta
apropiación de bienes de ex detenidos y desaparecidos. La denuncia fue realizada en
febrero del año pasado por Lázara y el diputado socialista Alfredo Bravo por los delitos
de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica contra esos militares. Lázara fue
amenazado por este motivo.
Esta acusación fue a parar a varios jueces. Por ejemplo, los jueces porteños Servini de
Cubría y Ceballos se declararon incompetentes en relación a Bussi y el expediente fue
agregado a la causa que se seguía en Tucumán. Del Ponte le informó al juez español
Baltasar Garzón sobre la existencia de una cuenta a nombre del gobernador. En marzo el
fiscal Paulo Starc lo denunció, el Tribunal de Honor del Ejército lo sancionó con una
amonestación grave y la Legislatura tucumana lo enjuició pero no fueron suficientes los
votos a favor de su destitución. Los denunciantes, a través del juzgado, también
pidieron explicaciones a la DGI sobre cómo había ido a parar el dinero al exterior, pero
nunca hubo respuesta. En la cuenta de Arduino fueron detectados dos millones de dólares,
pero la Justicia no siguió investigando dado que su titular había muerto. Astiz también
tenía depositada una suma considerable, pero explicó que era en concepto del pago de sus
sueldos como agregado en Sudáfrica. Las cuentas secretas suizas no sólo contendrían el
producto de los bienes saqueados a los desaparecidos, sino también dinero de operaciones
como la venta ilegal de armas. Del Ponte informó que otros militares argentinos habían
efectuado operaciones de giros y transferencias de dinero y otros valores desde Argentina.
Mencionó entre otros a Bussi, Astiz, Acosta y al teniente coronel Roberto Roualdes.
La fiscal Del Ponte debería remitir la identificación de las cuentas, fecha de su
apertura, monto actual o depositado, movimiento de la cuenta si aún está abierta y si se
confirieron poderes a terceras personas para operar. En el exhorto a la Justicia
helvética Aguinsky hizo referencia, según la agencia DyN, a que Vega “habría
ocultado maliciosamente la existencia de una cuenta con el fin de evadir total o
parcialmente el pago de los tributos al Estado nacional.
Vega ocupó cargos operativos en el Primer Cuerpo de Ejército con sede en Palermo, cuando
era su comandante el ex general Carlos Suárez Mason. El ex sargento fue uno de los
directores del campo de concentración La Perla, según el testimonio de prisioneros que
pasaron por ese lugar aportados durante el juicio a las juntas de 1985 y ante el juez
español Baltasar Garzón. En principio, el Ejército no envió la información correcta
sobre el represor, lo cual retrasó los trámites.
MASSERA SE FUE DEL HOSPITAL NAVAL
Huyendo del escrache
El
dictador Emilio Eduardo Massera volvió a mudarse. Después de pasar una noche en el
Hospital Naval, donde fue atendido por una dolencia cardíaca, fue trasladado a su
departamento ubicado en el barrio de Palermo. “Problemas de seguridad”, fue el
argumento que utilizó el Almirante Cero para dejar las comodidades de la quinta y volver
a la ciudad. Pero la mudanza está relacionada con el temor a los “escraches”.
La agrupación HIJOS realizará una protesta hoy, aunque debido al cambio de domicilio,
aún no se sabe si se hará en la quinta o frente al edificio de Palermo.
Massera se mudó a la quinta de El Talar de Pacheco luego de conseguir la autorización de
los jueces Adolfo Bagnasco y María Servini de Cubría. Según se había informado, el
traslado se habría producido el 25 de mayo, pero investigadores de la causa aseguraron
que en realidad se hizo un día antes. De todas maneras, Bagnasco había dispuesto que la
mudanza recién se realizará el 27. Esta irregularidad fue señalada por el fiscal
Eduardo Freiler, quien también apeló las razones del traslado. Si el dictador se queda
definitivamente en el departamento de Libertador y San Martín de Tours, el recurso
quedaría sin efecto.
El Almirante Cero fue llevado el jueves al Hospital Naval, donde fue atendido por una
dolencia cardíaca. Ayer le dieron el alta y su abogado, Marcelo Arce Aggeo, solicitó que
el dictador vuelva a cumplir la prisión domiciliaria por el robo de bebés a su
departamento. La semana pasada, las Madres de Plaza de Mayo realizaron un escrache en la
quita de Pacheco que contó con la adhesión de varios vecinos de la zona. Arce Aggeo
aseguró a Página/12 que el pedido para que Massera vuelva a Palermo tiene relación con
“futuras protestas” que podrían hacerse en la quinta.
La agrupación HIJOS tenía previsto repudiar al dictador en Pacheco y para eso había
convocado a reunirse hoy a las 10 de la mañana en el hall central de la línea Mitre de
Retiro. Los HIJOS ratificaron la propuesta e informaron que en Retiro decidirán si se
dirigen a la quinta o si hacen el escrache en Libertador y San Martín de Tours.
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