| Por Carlos Rodríguez  En los números, la audiencia
pública para analizar la futura construcción de la llamada Ciudad Judicial, en el barrio
de Parque Patricios, arrojó un resultado claro: el 80 por ciento de los oradores apoyó
el emprendimiento. Las opiniones favorables fueron sobre todo de los vecinos del barrio,
que ven en la monumental obra de 300 mil metros cuadrados, con un costo de 540 millones de
dólares, la posibilidad de “darle un impulso al postergado barrio sur”
porteño, lo que significaría “reactivación económica, empleo y más
seguridad”. Entre los especialistas, las opiniones estuvieron divididas. El
arquitecto Julio Keselman elogió el proyecto aprobado y la “transparencia” del
llamado a concurso realizado por el Ministerio de Justicia. En cambio, Elio Brailovsky,
defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, estimó que la iniciativa es “una
injerencia de la Nación sobre el Gobierno porteño, que heredará un edificio cuando aún
no ha determinado cuál será el perfil de la Justicia autónoma de la ciudad”.
Según estimaron en forma coincidente los diputados Carlos Peirano (peronista) y Antonio
Campos (radical), en sesenta días terminará el análisis del proyecto en el marco de la
Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña y la construcción seguramente
será ratificada. De todos modos, en forma previa a la habilitación del comienzo de la
obra habrá otra audiencia pública para tratar en forma pormenorizada el impacto
ambiental que producirá la mole de cemento a construirse enfrente del Hospital Garrahan.
El edificio estaría construido a partir del 2002 y allí funcionarán 216 juzgados de los
fueros Civil, Comercial y del Trabajo. Habrá 5500 empleados y 10.000 personas por día
recorrerán los pasillos, lo que hace prever una enorme concentración de vehículos en la
zona.
Keselman, ex presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, recordó sus cortocircuitos
con el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, quien pretendía instalar la Ciudad Judicial
en Puerto Madero, pero resaltó su “total coincidencia” con el actual titular de
la cartera, Raúl Granillo Ocampo. Aseguró que “el proceso de licitación fue
inobjetable” y negó “en forma rotunda” cualquier tipo de irregularidad. De
esa forma le respondió a Gabriela Sánchez, del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales, quien se declaró “conpletamente en contra” de una iniciativa
que “no fue debidamente discutida con la ciudadanía y que fue motorizada por medio
de un proceso poco transparente”.
Carlos Traboulsi, en nombre del Colegio Público de Abogados, que agrupa a 50.000
profesionales, resaltó que ni siquiera fueron consultados. Lo mismo dijo Carlos Alberti,
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El letrado Juan Belfer, que habló a
título personal, sostuvo que “el avance tecnológico en las redes de comunicación y
la informática” tornan innecesario levantar un edificio que concentre a los
tribunales. “Desde mi estudio puedo conseguir un fallo de Bariloche en minutos, de
manera que si se actualizara la informática no haría falta mejorar la parte edilicia
porque habría que ir a los juzgados con mucha menos frecuencia que ahora”. Cerca de
veinte representantes de asociaciones vecinales dieron su apoyo a la iniciativa. Francisco
Janovsky, del centro de jubilados “El Pueblito” de Pompeya, apoyó la obra por
lo que significaría para barrios que “como Huracán, necesitan un milagro para no
irse al descenso”. La vecina Josefa Ugarte hizo hincapié en que la instalación de
la Ciudad Judicial “va a brindar más seguridad en la zona” y deseó que acaben
“los drogadictos y las relaciones homosexuales” en las plazas de la zona.
A su turno, el licenciado Brailovsky cuestionó que se haya aprobado “este
megaemprendimiento antes de definir cómo va a ser el traspaso de la Justicia a la
ciudad” autónoma de Buenos Aires. También cuestionó que ni siquiera se haya
hablado sobre “cómo se incorporará la informática” al proceso de
modernización, teniendo en cuenta que Internet debe reemplazar “el uso del papel de
oficio, que viene del derecho romano, de la época deJulio César”. Brailovsky se
declaró preocupado por el “impacto ambiental” que tendrá para el barrio el
funcionamiento de los 216 juzgados.
Por otra parte, se preguntó “qué pasará con los juzgados que se irán de la zona
de Tribunales”, en el centro de la ciudad. Recordó que el desmantelamiento del
Mercado de Abasto produjo “un auge de la marginalidad en la zona” y que ahora se
podría generar una situación similar en la zona de Plaza Lavalle. Cerró las
exposiciones Gustavo Naveira, en nombre de Granillo Ocampo, quien aseguró que además del
edificio nuevo “se mejorará la informática, dentro del mismo proceso transparente
que hemos llevado a cabo hasta el momento”.
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