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MIENTRAS RADICALES Y PERONISTAS SOLO PIENSAN EN SU CONFRONTACION NACIONAL, BUSSI SE APRESTA A CORONAR A SU HIJO
La herencia

La miopía de los partidos tradicionales agranda al insignificante hijo de Bussi. Pero esa no es la única herencia de la dictadura. También los candidatos a intendentes de la capital tucumana por el PJ y la Alianza son fundadores del partido y ex funcionarios del gobierno de Bussi. En los cierres de campaña, el PJ y la Alianza se atacaron recíprocamente, como si el oponente no fuera Bussi. En 1975 los mismos partidos expresaron su apoyo “incondicional” a “la heroica lucha” conducida por Bussi. El Frepaso presenta un candidato de Guardia de Hierro bajo el sublema “Chacho Alvarez”. En Tucumán la transición a la democracia aún no comenzó.

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Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) En el cierre de la campaña de la Alianza, De la Rúa se dedicó a fustigar a Menem. En el acto central del Justicialismo, Duhalde dirigió sus pullas a De la Rúa. Esa actitud miope que peronistas y radicales repiten desde 1983 puede permitir que hoy se consagre como gobernador Ricardo Bussi, nacido en Estados Unidos mientras su padre realizaba un curso de contrainsurgencia y que ingresó en la política tucumana blandiendo un certificado de residencia falso, pecado menor que también cometieron Palito Ortega y el viejo Bussi cuando fueron elegidos gobernadores. Socio de un sobrino de Yabrán, el candidato de Fuerza Republicana ofrece como principal atractivo el apellido de su papá. Su compañero de fórmula es el actual intendente de la Capital, Oscar Paz, miembro de una familia tradicional venida a menos, cuya habilidad es montar a caballo.
La condescendencia con el Mussolini tucumano viene de lejos. El 30 de diciembre de 1975 el diario “La Gaceta” publicó una declaración firmada por el presidente y vice de la Cámara de Diputados y por los titulares de los bloques justicialista y radical, de apoyo “incondicional a la heroica lucha” conducida por Bussi “en defensa de la democracia”. Ni la falta grave al honor militar por la que lo sancionó el Ejército, ni la divulgación de sus cuentas bancarias que han dado lugar a un proceso por enriquecimiento ilícito, ni el juicio político en el que sólo faltaron tres votos para los dos tercios que lo hubieran destituido, ni el crecimiento de la deuda pública de 600 a 1.300 millones de pesos durante su gobierno, ni el último puesto que Tucumán ocupó en la prueba nacional de calidad educativa ni el primero que alcanzó en el índice de mortalidad infantil han mellado el encanto y atractivo de Bussi para no menos de un tercio de la ciudadanía tucumana. En una de las provincias donde el índice de desocupación supera el altísimo promedio nacional, los centenares de desapariciones de las que Bussi fue responsable tienen una resonancia atenuada. Cada día desaparecen en Tucumán una cifra equivalente o superior, entre niños que mueren por enfermedades que una mínima atención primaria podría prevenir y jóvenes que emigran en busca de empleo. ¿Por qué pesarían más en la conciencia colectiva los desaparecidos en los campos de concentración dos décadas atrás que los de la miseria y la desidia cotidianas hoy?
Bussi ya no hace campaña a los tiros y ha escondido a impresentables como El Tuerto Albornoz o El Capucha Triviño. El actual activismo de los forzudos republicanos es más rubio y blanco que el tucumano medio, como corresponde a un partido clasista pero con consenso social, que no recluta a sus funcionarios en los orígenes sociales más modestos. Sus locales se asemejan a los de las AFJP, los estudios de marketing o de computación. Todo está limpio, recién pintado, con muebles al tono y cada cosa en su lugar. Su evolución se parece a la del franquismo español en la década del ‘60. Su programa de gobierno no promete menos bienestar ni es más preciso que el de la Alianza nacional, pero en vez de omitir la cultura o las relaciones internacionales, pasa por alto la Justicia. Tampoco las otras fuerzas parecen tener un proyecto de viabilidad económica para la provincia, aunque nadie lo dejó en claro de modo más obvio que Duhalde cuando propuso crear un “Fondo Monetario Criollo”.
En el programa radial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el candidato a la vicegobernación por la Alianza, Pedro Rougés, sostuvo que la violencia social era fruto de la impunidad.
–¿No colabora a ello la candidatura a intendente por la Alianza de Horacio Ibarreche, que reivindica el terrorismo de estado? –le preguntó el docente Andrés Jaroslavsky, hijo de un médico desaparecido durante la dictadura.
–Yo creo en el perdón cristiano –respondió Rougés. –¿Usted garantiza que se arrepintió, ya que una cosa es renunciar a Fuerza Republicana por problemas internos y otra distinta dejar de ser fascista? –insistió Jaroslavsky.
–Sólo puedo responder por mí mismo –se excusó el candidato y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán.
A 48 horas de los comicios, el candidato peronista a la gobernación, el senador Julio Miranda y el de Fuerza Republicana a la vicegobernación, Oscar Paz, admitieron que cobran jubilaciones de privilegio de $4.498,90 y $3.414 pesos. Seguramente no son esos los recursos que le permitieron a Miranda mudarse de su vieja casa barrial en la popular villa 9 de Julio a un amplio chalet en la residencial avenida Mate de Luna, con cancha de paddle y lujosas 4x4 en el garage. Según Bussi, hace una década Miranda vendía garrafas y hoy es propietario de una gran finca citrícola y una lujosa vivienda.
Gracias a la ley de lemas ideada por el dirigente radical Oscar Muiño, uno de cada 25 tucumanos es candidato a algo en las elecciones de hoy, con la ilusión de obtener canonjías similares. A esa rueda de la fortuna se han subido cómicos teatrales, payasos de feria, cantantes de bailantas, pastores evangélicos, folkloristas de segunda, animadores televisivos y mafiosos conocidos. La mujer del ex policía Malevo Ferreyra, condenado a prisión perpetua, el Payaso Trapalín, Gladys la Bomba Tucumana y la mujer de la Chancha Ale, candidata por el lema “Turf y Verdad”, son algunos de los 43.000 aspirantes al salvador empleo público. Por ahora, festejan las imprentas, por la cantidad de boletas electorales necesarias. La ley que prohíbe la reelección de los funcionarios ha provocado un fulminante interés de esposas, amantes, hijos, hermanos y cuñados por la cosa pública. Esta fragmentación en clanes relega el mensaje a un remoto segundo plano, en favor del marketing electoral. Encontrar una boleta en el cuarto oscuro ya será una proeza. Como la única chance reside en que el ciudadano llegue con el voto en el bolsillo, y que el cuarto oscuro le sirva sólo para ensobrarlo, la campaña se realizó casa por casa, a través de visitas personales, entrega de dádivas y muchas promesas, terreno en el que el partido gobernante corre con ventaja. Sus promotores son jóvenes estudiantes que exponen a los vecinos la virtud de su producto en forma eficaz. El Frepaso espera superar el 1,1 por ciento de los votos que obtuvo en 1995 su líder local, José Vitar, cuya virtud es la intransigencia ante Bussi. Su candidato ahora es el ex guardián de hierro Ricardo Díaz, que corre con el sublema “Chacho Alvarez”. La personalidad objeto de ese culto decapitó al sector crítico y más radicalizado del Frepaso, que a principios de la década había reunido el 4 por ciento de los votos. Alvarez prefirió el populismo de Vitar, siempre esperanzado con una ruptura del justicialismo que nunca se produce.
Cuando Bussi daba sus primeros pasos políticos había quienes trataban de entender cómo eso era posible. Hoy su presencia se acepta con tanta naturalidad como la de Hugo Banzer en Bolivia, ese otro espejo de la argentinidad en que los políticos ilustrados de Buenos Aires tampoco gustan mirarse. En 1989 el analista político Fernando Hevia escribió que “en ningún otro lugar del país la transición estuvo tan teñida de continuismo. La atención particular que el régimen militar prestó a la provincia estuvo acompañada de una carga de adoctrinamiento ideológico, de estilos y conductas, difíciles de desmantelar. Salvo honrosas excepciones, los nuevos representantes surgidos desde 1983 optaron por la cautela y el compromiso –cuando no la complicidad manifiesta– con el pasado”. Una década más tarde, Hevia, quien es investigador del Centro de Iniciativas Ciudadanas (CIC), agrega que el progresismo “no logró recuperarse nunca del abismo dictatorial”. Con “líderes sindicales de experiencia desaparecidos, sindicatos en liquidación, militancia política exterminada, intelectuales y opositores emigrados, el proceso de reconstrucción de unespacio esencialmente democrático fue penoso y balbuceante. La clase media, otrora crítica y desafiante, se volvió timorata y conservadora”. Sin temor al ridículo abrazó “los valores de la antigua y decadente aristocracia provinciana: la misa parroquial, la casa de veraneo en Tafí del Valle y el exhibirse a caballo disfrazados de gaucho. El menemismo lo completó trayendo el golf, los boliches y la comida tex-mex, salpicada con Miami y Caribbean resorts”. En ningún otro lugar del país la dictadura pudo introducir una cuña cultural tan profunda, empujada por las modificaciones estructurales debidas a la crisis del monocultivo de caña. El auge del azúcar explicó la densidad demográfica, el fuerte y combativo movimiento obrero, la inmigración calificada, la universidad avanzada y las nuevas clases medias pujantes y seguras que desplazaron paulatinamente a las antiguas aristocracias. La hecatombe del azúcar demolió ese esquema y “latinoamericanizó” a la región, explica Hevia. Tucumán comenzó a expulsar a sus nativos. El poder económico pasó cada vez más a manos ajenas a la región, crecieron la especulación y la usura. Las migraciones desde los ingenios multiplicaron las villas miseria y el clientelismo electoral. Ese proletariado desindustrializado destruyó máquinas cosechadoras que desplazaban al trabajo manual y se sumó a una incipiente guerrilla. Los ex ingenios San José y Santa Lucía figuran a la cabeza en la lista de presos, muertos y desaparecidos bajo la represión bussista. La pequeña burguesía pauperizada, que votaba a la UCR, fue la primera en pasarse a Bussi, que recién después empezó a disputarle al peronismo los barrios populares, de formación reciente, donde van los desocupados del campo, sin tradición gremial.
Parte de la dirigencia política surgida a partir de 1983 también es producto de ese mismo corte cultural, en una de las provincias que el esquema económico neoliberal tornó inviables. La profundización del abismo que las separa de Buenos Aires también marcó la concepción del mundo de estas sociedades mediterráneas que, en palabras de Hevia, “emprendieron un camino de retroceso ideológico, de desconfianza hacia cualquier espíritu crítico”. Esto ayuda a entender el fuerte sesgo hacia la derecha del peronismo y del radicalismo tucumano postdictatoriales y la inexistencia del Frepaso. Cada vez que los conflictos sociales lo desbordaban, el ex gobernador Fernando Riera denunciaba la presencia de Sendero Luminoso en los montes. El principal dirigente radical en la década del `80, Rubén Chebaia, nunca hizo alusión pública a la responsabilidad de Bussi en la desaparición de su padre, líder histórico de la CGE. Ambos partidos tradicionales fueron incapaces de cerrar filas y volver a encerrar en la botella a los genios desatados. En la UCR el legislador provincial Carlos Courel y diputado nacional Neme Scheij plantearon el frentismo con el PJ. Pero en una elección interna en la que se cruzaron mutuas acusaciones de fraude fueron derrotados por el médico Rodolfo Campero, hijo de un ex gobernador radical y ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Su gestión aperturista desde el punto de vista ideológico no fue manchada por casos de corrupción, pero se le reprocha cierto inmovilismo y la designación a granel como funcionarios de los dirigentes de Franja Morada. Su gestión como diputado nacional (1993/97) pasó desapercibida y fue uno de los legisladores con peor asistencia a la Cámara. Campero clausuró las negociaciones con el justicialismo y cerró trato con el Frepaso y otros partidos menores, priorizando el enfrentamiento nacional con el PJ por encima de la perspectiva de iniciar también en Tucumán la postergada transición a la democracia.
En los últimos días de la campaña, el candidato justicialista Miranda recordó que en enero había propuesto un “frente programático” para enfrentar al bussismo. Hubiera sido fácil, dijo, porque “la oposición representa el 68 por ciento del padrón electoral” pero, divididos, asistimos a un “angustiante final”. Gremialista petrolero en una provinciasin petróleo, protegido de Diego Ibáñez, Miranda fue de los primeros dirigentes justicialistas que se reunieron en privado con Bussi cuando llegó a la gobernación y su actitud fue la de allanar el camino a la gobernabilidad de la provincia. También los radicales pusieron “la tucumanidad por encima de la política” y votaron en la legislatura las leyes que Bussi les pedía, en general empréstitos de salvataje al crónico déficit provincial.
La aparición mágica de Palito Ortega postergó por cuatro años el triunfo de Bussi y así liquidó su proyecto presidencial. Pero la repetición del milagro es improbable. Los justicialistas tucumanos andan a tontas y a locas. Bussi les usurpó hasta la vieja liturgia de los actos masivos con música y fuegos artificiales, el clientelismo del bolsón de comida y el reparto de chapas, la multiplicidad de punteros, los besos, abrazos y caricias a los chicos. A ello suma algo de la disciplina cuartelera, el respeto a las jerarquías por el que nadie mete la mano en la lata si no está debidamente autorizado. Los intereses de las burguesías locales están bien expresados por este verdadero partido conservador provincial, pero con una amplia base popular que se identifica con sus símbolos, retóricas y preceptos.
Resentido con Miranda por su migración con Palito Ortega hacia el duhaldismo y agradecido con Bussi por su posición en favor de la reforma constitucional anunciada antes del Pacto de Olivos, Menem apoyó al generalísimo con una generosa asignación de Aportes del Tesoro Nacional. Entre las cuentas de Bussi que pagó Menem están los seis millones de dólares pactados por la Nación con un tribunal federal de Los Angeles, como indemnización al empresario José Siderman, secuestrado, torturado y despojado de sus bienes durante la dictadura. Sin fondos remitidos desde la Capital nada tiene remedio. Nadie lo sabe mejor que Bussi, que durante la guerra sucia hacía brotar los recursos para paliar urgencias. En un momento en que el ajuste iniciado en la Nación se cierne sobre las provincias, la conjunción de plata y palos con que gobernó entonces, hoy se parece más a una disyuntiva. Ricardo hará lo que le diga su papá.

 

Los Tres

Cualquiera sea el resultado de hoy la herencia de la dictadura se hará sentir en San Miguel, ya que los tres candidatos a ocupar la Intendencia de San Miguel son bussistas de la primera hora:
ron2.gif (93 bytes)   Raúl Topa (Fuerza Republicana): se vinculó con Bussi en 1976, cuando era soldado conscripto. Desde 1995 fue vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados. Ocupó la gobernación durante los 54 días que duró la suspensión de Bussi. Un ex represor intentó extorsionarlo con una carta en la que decía que ambos estaban manchados con sangre. Agrupa a los liberales moderados dentro del bussismo, algunos provenientes de la antigua UCD y mantiene óptimas relaciones con el menemismo nacional, que aspira a tenerlo como candidato en el futuro.
ron2.gif (93 bytes)   Rafael Bulacio (PJ): secretario de Turismo durante la dictadura de Onganía, devino en propietario de la principal agencia de viajes local. Entre 19911995 fue intendente de la Capital por Fuerza Republicana y después diputado nacional, hasta alejarse del bussismo por desavenencias con el ex dictador. Su pequeño partido Cambio 2000 parecía próximo a Cavallo, pero decidió aliarse con el PJ.
ron2.gif (93 bytes)   Horacio Ibarreche (Alianza): abogado de industriales azucareros, se acercó al bussismo desde sus inicios. Fue legislador provincial por Fuerza Republicana y su hermano Julio diputado nacional. También él se alejó por roces con Bussi y fundó un minúsculo Nuevo Partido, hasta recalar en la Alianza junto a los radicales.


 

El oro y el fuego

Por H.V.

t.gif (862 bytes) La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidasdesaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia, una concentración de poder absoluto que no ocurrió en ningún otro lugar del país.
Lejos de reivindicar las opciones guerrilleras, la Comisión Bicameral las repudió en forma expresa. Pero según sus registros sólo el 19 por ciento de los secuestrados tenían una militancia política y/o gremial conocida. En contra de la propaganda sobre el combate entre dos fuerzas militares en el monte, “nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas, las que siempre actuaban en una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”. Documentos de la inteligencia militar demuestran que en el momento de mayor auge, la compañía de monte del ERP apenas tuvo entre 120 y 180 efectivos. Al entregar el comando a Bussi el general Adel Vilas declaró que la guerrilla ya había sido derrotada. “Sinembargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha”, sostuvo la Bicameral.
La Cámara Federal de la Capital probó los crímenes cometidos en Tucumán. Pero no los pagó Bussi sino su jefe, Jorge Videla, condenado a prisión perpetua. Las citaciones a declarar eran llevadas al domicilio de los denunciantes en los mismos camiones que rodearon las viviendas para secuestrar a sus familiares y quienes habían intervenido en aquellos operativos actuaban en los juzgados de instrucción militar. Bussi y Vilas amenazaban a los testigos en la propia sede del tribunal militar. Con ayuda de la ley de punto final del ex presidente Raúl Alfonsín todas las causas prescribieron.
El ex gendarme Omar Eduardo Torres vio torturar a los detenidos con el submarino en un tanque de agua y mediante el paso de corriente eléctrica con teléfonos de campaña. También les arrancaban las uñas con una tenaza y los golpeaban con cadenas. “A uno de los detenidos lo enterraron hasta la cabeza en un pozo”, dijo. También presenció dos fusilamientos. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona”. Los demás disparaban tiros en la cabeza sobre el resto que caían a un pozo, en el que “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”.
Uno de los enterrados de pie fue un amigo del general Luciano Menéndez, el rector del Colegio Nacional de Aguilares, Alberto Augier, a quien acusaron de espía del comandante del Cuerpo de Ejército III. Augier describió el trato recibido por el estudiante Luis Maldonado. “Lo sometieron a jornadas de tortura, picana eléctrica, apaleamiento y entierro. Sufría mucho. Con posterioridad lo colgaron con alambres gritando de dolor y así estuvo tres o cuatro horas. Luego lo arrastraron por un campo arado lleno de espinas y de piedras, y luego lo llevaron inconsciente a la celda. Su aspecto era de una masa informe cubierta de sangre”. Cuando tuvo síntomas de tétanos “no le prestaron ninguna asistencia médica, muriendo después de algunas horas”. También vio “a un señor Rodríguez, de Santa Rosa de Monteros, que lo trajeron con un niño de 11 años. Lo torturaron brutalmente y le decían que declare”. A cada pregunta que no sabía contestar “le aplicaban golpes, todo en presencia del hijo. Este último, en medio del llanto le decía: `Papá, contestá`. Después de una hora de torturas le dispararon un balazo en la cabeza delante de su pequeño hijo”. Juan Martín describió el método del enterramiento en vida: “En torno a la cabeza se apisonaba la tierra, previo humedecimiento para compactarla. La tortura se prolongaba 48 horas. Los efectos de este tormento son impactantes. Además de la enorme presión psicológica el prisionero sigue vendado, sin poder ver en torno suyo, el cuerpo desnudo apretado por la tierra se sufrían fuertes calambres musculares y presiones sobre la caja torácica. Cuando uno era desenterrado, las secuelas eran afecciones diversas en la piel”. Los presos dormían en el suelo, pero antes los guardias los obligaban a rezar un Padrenuestro y un Ave María “y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Podían bañarse con baldes de agua cada tres o cuatro días, para lo cual se les desataba una mano, y debían secarse saltando y moviéndose. “Palizas, ejercicios físicos violentos y violaciones contra las prisioneras” eran frecuentes. Como no los llevaban al baño muchos prisioneros “se orinaban o defecaban vestidos, lo cual traía aparejados castigos muy severos”. Los detenidos padecían bronquitis, diarreas, deshidratación y ataques de locura. Los administradores de los campos se vanagloriaban de aplicar torturas aprendidas en Vietnam, donde Bussi estuvo como observador invitado por el Ejército norteamericano. También se colgaba a los prisioneros de una barra de metal a tres metros de altura con una soga, en distintas posiciones, en la que se les introducía la cabeza en tambores de agua, se los golpeaba o se los hacía atacar por perros. El también ex gendarme Antonio Cruz narró otra sesión de fusilamiento. El Coronel Caffarena hizo arrodillar a tres prisioneros “y procedió a fusilarlos, cayendo al pozo que se encontraba cubierto de ramas y gomas de autos. Cuando cayeron les tiraron más gomas y una mezcla de aceite con nafta y de lejos les tiraron antorchas”. Pero uno “quedó vivo y tenía una rueda de tractor sobre el pecho mientras se quemaba”. Cruz pidió a su jefe que lo matara, pero no le hicieron caso y lo dejaron morir quemado. Entre los detenidos estaba la hija del dueño de un supermercado, “que la habían detenido sin motivo alguno”. Según Cruz “había sido detenida para cobrar rescate” y ya le habían quitado “un tapado de piel y un anillo de oro”.

 

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