| Por Nora Veiras  Hace veintiún años que
Carlos “Carli” Slepoy se tuvo que ir de la Argentina para recuperar su libertad.
Lo habían detenido apenas quince días antes del golpe del ‘76. Era
“culpable” de ejercer como abogado laboralista. Después de veinte meses de
cárcel, lo dejaron salir del país rumbo a España. Desde 1996, es uno de los pilares del
juicio contra el genocidio y el terrorismo de Estado que instruye el juez español
Baltasar Garzón, el proceso que provocó la detención de Augusto Pinochet en Londres y
dejó a los represores argentinos sin guaridas fuera del país. Slepoy llegó a Buenos
Aires para recibir el reconocimiento de la Central de Trabajadores Argentinos a su lucha
por la vigencia de los derechos humanos. Una lucha que él sólo entiende como colectiva.
–En su alegato ante la Audiencia Nacional de España, usted dijo que “el futuro
va a ser contagioso y los genocidas van a estar acorralados”. ¿Siente que se empieza
a cumplir?
–Es evidente que algo nuevo ha nacido pero, al mismo tiempo, percibo una gran
preocupación por la posibilidad de manipulación que pueden tener estos principios. A
pesar de eso, creo que esto nos abre la posibilidad de cuestionar que el poder determine
cuándo y de qué modo se hace justicia.
–¿Esa manipulación se está dando en el caso de Slobodan Milosevic?
–La propia creación de los Tribunales de Yugoslavia y de Ruanda es una clara
manifestación de que no actúan desde la independencia judicial y por la persecución del
crimen sino como consecuencia de decisiones políticas que adoptan los países poderosos
del planeta. Concretamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese órgano no
tiene ninguna atribución para crear un tribunal penal internacional y sin embargo lo ha
hecho. Esto no significa que esté en contra, me parece un avance importante, pero en un
análisis global significa establecer un área de justicia con el afán, en realidad, de
buscar resultados políticos de su aplicación.
–¿Cómo analiza que el 24 de marzo, el mismo día en que el ministro del Interior
británico, Jack Straw, autorizó la extradición de Augusto Pinochet a España, la OTAN
empezó a bombardear Yugoslavia?
–Hay quien analiza esto como una manifestación más de la internacionalización de
la justicia y que lo de Milosevic estaría en la misma senda que lo de Pinochet. Yo, en
cambio, creo que son dos caminos enfrentados. La imputación a Milosevic, con quien se
pactaron los acuerdos de Dalton cuando él ya era considerado responsable de graves
crímenes contra la humanidad, y el hecho de que ahora, sin que esencialmente haya
cambiado la política de Milosevic, sea imputado por el Tribunal Penal Internacional
demuestra que actúan enormes presiones políticas. Voy a creer que ese tribunal actúa
independientemente si lo acusan a Bill Clinton, a Tony Blair, a quienes están desatando
un auténtico exterminio en Yugoslavia. Lo más grave hacia el futuro quizás sea cómo
han arrasado con toda la precaria legalidad internacional existente hasta ese momento. En
el caso de Pinochet, en cambio, es la lucha de la gente la que pugnó por la aplicación
de la legislación internacional para castigar a un genocida.
–Cuando ustedes iniciaron el proceso, los dictadores de Argentina y Chile estaban
impunes. Hoy Pinochet está preso en Londres y hay nueve presos en la Argentina. ¿Cómo
influyó el proceso de España en este “revivir” de la justicia?
–Me resulta difícil determinar en qué grado influyó, pero que lo hizo no me cabe
duda. Nosotros siempre decimos que no hubiera habido proceso en España, como en otros
lugares, de no mediar antes una lucha contra la impunidad de trascendencia universal como
la de las Abuelas y las Madres en la Argentina. Si acá hubiera habido justicia, no
hubiera sido necesario un proceso de este tipo. Ahora, una vez iniciado, la repercusión
es grandeporque se produce el efecto cárcel. Todos ellos saben que, si salen de
Argentina, corren el riesgo de quedar detenidos. Pero, a la vez, se produce el efecto
refugio, es decir paradójicamente, el lugar donde cometen sus crímenes es el lugar donde
están protegidos. No solamente ellos sino sus bienes. Después de la actuación del juez
Baltasar Garzón en el caso de las cuentas bancarias en Suiza, tienen que repatriar sus
capitales, por tanto están todos aquí: el dinero y los criminales. Esto aviva en los
organismos de derechos humanos, en jueces y fiscales, la idea de que no puede ser que se
los persiga afuera y no aquí. Por eso están presos. Incluso en los juicios por la verdad
como en La Plata, Córdoba y Bahía Blanca, no descarto que avancen hasta tener efectos
punitivos.
–¿La Justicia argentina podría actuar aun con los efectos de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida?
–Estoy absolutamente convencido de que podría actuar. Un juez tiene la posibilidad
de iniciar un procedimiento planteando la inconstitucionalidad de determinadas normas o si
entiende que existe una norma que se opone a tratados firmados por la Argentina, puede
explicar que deja de lado ese obstáculo y aplica la ley que entiende que debería usarse.
Esto pasaría a la Corte Suprema y seguiría los carriles.
–¿Es decir que es una decisión política?
–No, jurídica. Yo no descarto, es medio audaz de mi parte porque no soy abogado en
Argentina, pero creo que hay dos vías posibles para terminar con la impunidad: una es que
el Parlamento -.que con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida usurpó el lugar del
Poder Judicial porque es un juez el que debe determinar si un delito está prescripto o no
y, desde luego, el que debe determinar si una persona actuó bajo coerción– decida
la nulidad de las leyes. En definitiva, la derogación no tiene efectos reales. Otro
camino es que los propios jueces lo hagan. En este sentido para mí ha sido un avance de
una trascendencia enorme que estos hechos hayan sido calificados como genocidio por el
tribunal español. Argentina tiene firmado el Tratado contra el Genocidio mucho antes que
España y para no aplicarlo se ha dicho que el legislador argentino no lo incorporó a la
legislación interna, lo cual resulta una falacia porque debe primar la obligación
internacional. Hay un convenio internacional sobre el derecho de los tratados que
determina que los pactos deben ser cumplidos. Argentina debe juzgar los crímenes como
genocidio, lo cual es un procedimiento universal, muy distinto de los que están haciendo
ahora.
–De hecho en el Juicio a las Juntas se los imputó por delitos comunes.
–Cuando empezamos se nos decía que había cosa juzgada respecto de los militares
argentinos. Nosotros dijimos que no porque con juzgar 700 casos no se puede decir que
esté juzgado todo. Ya en ese momento quedaban afuera 8200 casos que había registrado la
Conadep. Además, a pesar de que el fiscal Julio Strassera habla de genocidio en su
alegato, no formula la acusación por ese delito. Ya hay legislación internacional que
dice que cuando un culpable de crímenes contra la humanidad hubiera sido juzgado por
delitos comunes, el tribunal internacional que actúe podrá volver a juzgarlo por
entender que es un juicio fraudulento.
–El presidente Carlos Menem desconoce la jurisdicción española para procesar a los
militares argentinos. ¿Qué expectativa tiene ante el cambio de gobierno?
–Si hay coherencia entre lo que han manifestado algunos sectores de la Alianza,
incluso del peronismo –Duhalde, en algún momento, se manifestó apoyando el proceso
de Garzón– será el momento de ver si fueron posturas que respondieron al
oportunismo político o realmente hay una voluntad de que se juzguen estos hechos. Lo
ideal sería que los juzgamientos se hagan acá. Sino, al menos, que permitan que se hagan
en el extranjero.
–El candidato de la Concertación Ricardo Lagos dijo que Pinochet podría ser juzgado
en Chile. ¿Cree que es factible? –No parece muy factible, pero sin embargo las cosas
se mueven. Para demostrar que es así, lo que podrían hacer es iniciar un procedimiento
judicial, imputarlo por todos los crímenes que cometió y luego con un auto de prisión,
Chile tendría la posibilidad de pedir la extradición a Gran Bretaña. Creo que deben
dejarse de retórica y permitir que la Justicia actúe. No quiero ser utópico, pero
pienso que la detención de Pinochet cambió la historia política de Chile, destrabó la
consolidación de la democracia.
–Garzón pidió colaboración al Departamento de Estado de Estados Unidos para
acceder a la documentación probatoria del golpe contra Allende. ¿Qué pasó con ese
pedido?
–Hay una promesa de entrega de documentos sobre el tema de los niños de
detenidos-desaparecidos, sobre los centros clandestinos de detención que no se concretó.
Un sector de la administración está dispuesto a entregarlo y otro no. Saben que, por la
envergadura que tomó este procedimiento, se está investigando el Plan Cóndor, que es
hijo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y este juicio en la medida en que continúe
puede tener implicaciones para toda América latina y sobre el papel de Estados Unidos en
esta historia.
–Es una protección a Henry Kissinger.
–Temen que puedan imputarlo como instigador de todo esto.
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