El relevo de Eduardo Cabanillas como jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, dispuesto ayer por Martín Balza, es un hecho extraordinario: por primera vez en democracia un general de división en actividad debe dejar su puesto castigado porque no cree en el valor supremo de los derechos humanos. Cabanillas solía regalar un libro de la fundación Aunar, del general retirado Fernando Verplaetsen, injuriando al Nunca Más, tal como informó en exclusiva Página/12. El jefe del Ejército dijo primero a este diario que Cabanillas había regalado el libro sin haberlo leído. Sonaba absurdo. Al final lo echó.

Pero incluso una noticia tan impactante como el despido del ex subjefe de un campo de concentración deja, al mismo tiempo, un sabor agridulce. Primero, lo agrio:

* Desde que el 4 de abril Juan Gelman acusó a Cabanillas como autor mediato del robo de su nieto o su nieta nacido o nacida en cautiverio en el campo de concentración de Orletti, del que el entonces capitán era su número dos, ninguno de los candidatos presidenciales ni sus equipos se preocuparon por el tema.

* Ni el Presidente ni su ministro de Defensa tomaron la iniciativa de relevar a Cabanillas. Se limitaron a aceptar, ayer, la decisión de Balza.

* El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Casella, no convocó a Cabanillas ni siquiera para preguntarle su opinión sobre el Nunca Más.

* El juez federal Adolfo Bagnasco no quiso pagar el presunto costo político de citar, así fuera como testigo, a un general en actividad.

* El Ejército puede acompañar un proceso de reconstrucción de la verdad --por ejemplo, entregando documentación pública como los expedientes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas-- pero si las instituciones políticas no le dan órdenes concretas su iniciativa será siempre escasa.

* El Ejército solo, por cuenta propia, no se desprenderá de un jefe exclusivamente porque haya sospechas sobre su pasado como represor en los años de plomo.

El sabor dulce que deja el caso Cabanillas puede tener tres motivos:

* De ahora en adelante, está claro que oponerse al Nunca Más como la única forma institucionalmente aceptable de pararse frente al pasado puede ser causa de castigo para un integrante del alto mando del Ejército.

* Al relevar al general de división, Balza eligió seguir comprometido con el discurso de los derechos humanos como clave de su perfil público. Una decisión personal como ésa puede admitir muchas interpretaciones: convicción moral, conveniencia política o necesidad de reposicionar al Ejército. No son contradictorias. Pero hasta la visión menos benévola hacia Balza deja en claro dos cosas. Una, que en el Ejército hay plafond para ejercer un liderazgo basado en un discurso de derechos humanos. Otra, que la gente exige y premia esa línea.

* A pesar de que los partidos desdeñan temas como el de Cabanillas, la sociedad encuentra el modo de instalarlos y sostenerlos. Tras las cartas abiertas de Juan Gelman a Balza no hubo semana sin novedad importante. Este diario no abandonó el tema. El ex capitán José Luis D'Andrea Mohr explicó cómo sancionar a Cabanillas. El académico Ernesto López y la abogada Mirta Mántaras iluminaron el análisis de las normas militares. Los diputados Alfredo Bravo y Jorge Rivas reclamaron activamente la citación del general. La ombudsman y abogada del CELS Alicia Oliveira peleó para que el tribunal de honor contra Cabanillas no terminara siendo el refugio feudal de un militar. Y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por impulso de su vicepresidente Simón Lázara, exigió abiertamente el relevo del jefe del Segundo Cuerpo.

Dulce o amargo, o agridulce, el mecanismo que llevó al relevo de Cabanillas es, de todos modos, el primer paso de la historia y no su final. La sociedad se interesó por el destino de este general después de que Gelman informase a Balza que Cabanillas es una pieza clave para saber dónde está su nieto, nacido en 1976 cuando su nuera María Claudia estaba secuestrada. Gelman aún no lo sabe. Ahora que Cabanillas no integra más la cúpula del Ejército, el Gobierno, el Congreso y la Justicia podrían averiguarlo.

REP

PRINCIPAL