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 Una
comisión que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud, y que analiza el peligro que
los juguetes de PVC blando entrañan para la salud de los niños, está a punto de emitir
un dictamen en el que se advierte sobre el riesgo que implica el uso de esos materiales y
se recomienda "evitar o minimizar, en la medida de lo posible, la comercialización
de productos que contengan esas sustancias", aseguraron a Página/12 fuentes de la
comisión. El ministerio sólo espera para pronunciar su dictamen los informes de los
países donde la venta de estos productos fue restringida por las autoridades.La polémica sobre la posible toxicidad de los juguetes de PVC blando surgió en setiembre de 1997, a partir de una denuncia de Greenpeace. La organización ambientalista le pidió al ministro de Salud, Alberto Mazza, que recomendara el retiro de la venta de los juguetes que contenían ese material, especialmente mordillos y mascotas con sonido. Los estudios que presentó Greenpeace alertaban sobre la posibilidad de desprendimiento de los ftalatos, un aditivo para hacer flexible el PVC, que es considerado tóxico, y que podrían ser ingerido por los niños al morder los juguetes. En animales, se comprobó, los ftalatos provocan trastornos renales, hepáticos y en el sistema reproductor. La respuesta de Mazza fue conformar una comisión multisectorial que, un año y nueve meses después, aún no ha emitido su dictamen. Integran esa comisión desde Greenpeace y la Asociación de Defensa del Consumidor (Adelco), hasta la Cámara Argentina del Juguete y la Asociación Argentina del PVC. También está conformada por la Sociedad Argentina de Pediatría, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) y la Asociación Toxicológica Argentina, entre otros organismos. La comisión debía expedirse por consenso, algo casi imposible dadas las posiciones antagónicas entre algunos de sus miembros: contra lo afirmado por Greenpeace, la Asociación Argentina de PVC sostiene que los juguetes cuestionados "son seguros". "De todas formas, si no se logra consenso, nuestra obligación es proteger la salud de la población", dijo a Página/12 Ernesto De Tito, director de Promoción y Políticas de Salud, a cargo de la comisión. El funcionario argumentó que la demora en pronunciarse el dictamen obedece a que "se estaban esperando los resultados de una investigación que realiza la Comisión de Ecotoxicidad y Medio Ambiente de la Comunidad Europea, para medir "cuántos ftalatos pueden migrar de los juguetes y ser ingeridos por los niños". Como los investigadores europeos no lograron desarrollar una técnica para obtener resultados confiables, la definición se demoró. "Mientras tanto, países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Suecia y Canadá prohibieron o restringieron el uso de ftalatos en juguetes de PVC", dijo a Página/12 Verónica Odriozola, de Greenpeace. El Ministerio de Salud pidió antecedentes a las autoridades de esos países, vía Cancillería, antes de tomar una decisión. "Hay datos de intoxicación en animales, pero no en seres humanos: tampoco se ha podido cuantificar cuántos ftalatos se desprenden de un juguete y ante qué comportamientos de los chicos estas sustancias pueden liberarse", añadió Odriozola. La Asociación Argentina del PVC, en cambio, insiste en que se debe esperar el resultado de los estudios que se realizan en la CEE: "No hay una demostración fehaciente de que estas sustancias hagan efecto sobre la salud humana", dijo a este diario Eduardo Alvira, titular de esa asociación. No obstante, admitió que "los ensayos sobre ratones demostraron efectos nocivos sobre algunos órganos". La asociación representa a productores de artículos de PVC, pero no de juguetes de ese material, que son importados en su casi totalidad. José Castro, presidente de la Cámara Argentina del Juguete, coincide en que se debe esperar el resultado de los estudios internacionales. "El problema es que no hay un método con base científica para medir la migración de ftalatos", explicó. Odriozola admite que hasta el momento no hay posibilidades de cuantificar los daños que produce el PVC, y que no se han registrado casos de intoxicaciones agudas. Pero sostuvo que "al tratarse de un material fácilmente reemplazable, no es necesario seguir corriendo el riesgo". La falta de acuerdo no preocupa a las autoridades del ministerio. "Nuestra prioridad no es el consenso sino proteger a la comunidad", concluyó De Tito.
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