| Por Raúl Kollmann  El ex jefe de la Policía
Federal, comisario Jorge Passero, reconoció ayer que hubo negligencias y relajamiento en
las guardias de su fuerza a la embajada de Israel y la AMIA cuando ocurrieron los
atentados. En realidad, Passero –que estuvo ayer en la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Investigación de los Atentados– le tiró la pelota a la SIDE, ya
que argumentó que los ataques agarraron desprevenida a la Federal porque “no había
información sobre el peligro de atentados”. La justificación parece inaceptable,
más aún en el segundo atentado, cuando ya se contaba con la experiencia del primero.
Además, debe recordarse que murieron 22 personas en la embajada y 86 en la AMIA.
En ambos atentados la custodia policial estuvo ausente. En el ataque contra la
representación diplomática israelí el agente que custodiaba el edificio se fue a las 14
y no esperó el relevo, que por otra parte nunca llegó. En la AMIA, uno de los policías
sostiene que fue al baño en un bar de enfrente y el otro sostiene que se había roto la
radio del patrullero, por lo que estaba arreglándola casi acostado en el piso del
vehículo. Ambos testimonios parecen poco creíbles: todo indica que habían abandonado la
guardia y lo cierto es que ninguno de los dos estaba en su puesto.
Para Passero todo se explica por el “relajamiento”, o sea que su gente hacía
guardia más bien distraída, sin prestar demasiada atención. “En la Argentina
había muy buena relación entre árabes y judíos, por lo que cualquier ataque resultó
más que inesperado. Además, nosotros no recibimos alertas de ninguna fuerza de seguridad
ni informes sobre actividad de grupos terroristas: estábamos desprevenidos.” En
suma, el ex jefe policial negó cualquier complicidad con los autores de los atentados y
ubicó la falla de las guardias en el terreno de los “errores” y
“negligencias”.
Los diputados Carlos Soria y Melchor Cruchaga, de la Bicameral, salieron bastante
disgustados del encuentro con Passero, no sólo por la explicación superficial de lo
ocurrido con las guardias, sino también con las respuestas del ex jefe respecto de otro
tema urticante relacionado con el atentado. Los legisladores le recordaron a Passero que
se había encontrado una especie de medalla de honor que la Policía Federal le otorgó a
Alejandro Monjo, el hombre vinculado a la red de armado de autos truchos que armó la
Trafic que estalló frente a la AMIA. “No sé cómo le otorgaron esa medalla
–adujo Passero–. Eso lo hacía la División Sustracción de Automotores y yo no
me enteraba de todo. Pregúntenle a quien fue jefe de esa división.” O sea que
Passero ni siquiera se indignó porque la dependencia encargada de perseguir a los que
roban autos les otorgara distinciones a hombres que participaban en una red en la que
justamente se robaban autos.
Por último, la visita de Passero a la Bicameral volvió a poner sobre el tapete la famosa
grabación del Comando Radioeléctrico, aquella en la que se ordena al patrullero 115 que
se dirigiera a la Cancillería cuatro minutos antes del atentado contra la embajada. Tal
como adelantó Página/12, los legisladores de la Comisión sugirieron ayer que la cinta
fue editada, es decir que se le insertó un trozo, precisamente con la orden de ir hacia
la Cancillería. Esto significa que la indicación nunca fue dada a la hora del atentado
sino mucho más tarde y todo se trató –supuestamente– de una maniobra de
algunos policías para explicar que el patrullero no estuvo cerca del edificio de la
embajada. Según Passero, la edición trucha de la cinta pudo haber sido hecha por algún
profesor de la escuela de policía, con el objeto de darle un carácter más didáctico. O
sea que otra vez la versión oficial de la Policía es que las cosas ocurrieron por
negligencias, casualidades o errores.
¿QUE INVESTIGABA GANGEME?
Los últimos escritos
Por Adriana Meyer
El
abogado de la familia de Ricardo Gangeme entregó a la Justicia documentación relacionada
con una investigación periodística que el editor asesinado pensaba publicar. Luis López
Salaberry encontró en el local de El Informador Chubutense una caja con una denuncia sin
firma y fotocopias de todos los elementos probatorios de la misma, además de unos apuntes
escritos a mano en lápiz en los que Gangeme ya había estructurado la historia que iba a
contar en los próximos números de su semanario.
“Se trata de una denuncia anónima por defraudación, a raíz del reconocimiento que
hizo el gobierno provincial de una supuesta deuda inexistente, lo que permitió que la
empresa constructora Dycasa cobrara 8 millones de pesos por la obra del hospital de Puerto
Madryn”, explicó el letrado a Página/12. “No quiere decir que el crimen de
Gangeme se relacione con esto, pero son elementos a tener en cuenta en la causa”,
aclaró. López Salaberry aseguró que entre los papeles encontrados hay copias del
certificado de reconocimiento de la deuda y del decreto que autorizó el pago, fechado el
20 de diciembre de 1993. Según el abogado, la denuncia la formuló otra empresa
constructora a la cual el Estado provincial le debe dinero. La fiscalía de Estado la
recibió en enero, pero recién dos días después de la muerte de Gangeme se inició la
causa en el juzgado de Florencio Minatta. El magistrado llamó a la empresa acusadora para
que ratifique sus imputaciones y ya interrogó al ex director de la procuraduría de la
Fiscalía de Estado, César Oller. .
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