| Por Santiago Rodríguez  Joao Batista Dos Mares Guía
fue secretario de Educación de Minas Gerais. Durante su paso por ese cargo, entre 1995 y
1997, sistematizó la evaluación educativa y concedió una amplia autonomía a las
escuelas. Así, consiguió que el sistema de enseñanza de ese estado brasileño saltara
del cuarto al primer lugar en cuanto a calidad. De visita en Buenos Aires, Dos Mares Guía
compartió esa experiencia con docentes y pedagogos argentinos. “El tema de la
evaluación no tiene absolutamente nada que ver con ningún organismo internacional, sino
que forma parte de la cultura educativa anglosajona y entre los estudiosos y los que se
dedican a la gestión de sistemas educativos es hoy un concepto básico
internacional”, explicó Dos Mares Guía durante un reportaje que concedió a
Página/12, poco antes de empezar la disertación que organizada por la diputada del
Frepaso Irma Parentella. Dos Mares Guía salió de ese modo al cruce de quienes sostienen
que las evaluaciones son sólo una moda impuesta por el Banco Mundial y destacó que
“constituye una innovación que un sistema educativo se decida a implementar una
evaluación”.
–Y cuando lo hace, ¿qué es lo que se debe evaluar?
–Un gobernante democrático debe tener como preocupación la ética de la
responsabilidad. En ese sentido, debe rendir cuentas a todos de los resultados de las
inversiones educativas y hay una única posibilidad objetiva de hacerlo: por medio de una
evaluación continua y periódica del rendimiento de los alumnos.
–¿Qué opina acerca de la confección de un ranking público para reflejar los
resultados de cada una de las escuelas evaluadas?
–El ranking produce consecuencias absolutamente negativas. Imaginemos una escuela en
una región muy pobre que en dos o tres años empieza a organizarse porque ha obtenido un
liderazgo más significativo y ha organizado la participación de la comunidad. Esa
escuela seguramente está mejorando en relación a sí misma, pero es sometida a una
evaluación nacional y a una comparación con una escuela, por ejemplo, de clase media,
con padres universitarios, bien ubicada y con una buena logística. En esa comparación la
primera es muy mala y la otra es óptima. Entonces, los maestros de la primera van a
querer cambiar de escuela y la comunidad no va a entender porque no comprende los
criterios. Se introduce un procedimiento de puro mercado, imaginándose que la simple
radicalización de la competencia puede producir más racionalidad y eso es absolutamente
falso, porque la condición de las escuelas a priori no es de igualdad, sino de profunda
desigualdad.
–¿Se debe evaluar entonces con distintos parámetros?
–No, sino que para comprender cómo se producen los aprendizajes en una escuela debe
comprenderse también el ambiente escolar.
–En la Argentina existe la sensación de que atrás de los proyectos de conceder
mayor autonomía a las escuelas se esconde la intención del Estado de desentenderse de la
enseñanza. ¿Qué puede decir al respecto?
–La Argentina es quizás uno de los países más avanzados desde el punto de vista de
conquistas y cultura democrática, pero cuando se trata de democratización en la
educación, la actitud me parece sumamente conservadora. Vincular la autonomía con el
Banco Mundial es algo como una demonización, es un fenómeno psicológico colectivo que
no se explica racionalmente y es muy grave. La idea de autonomía es central en la teoría
democrática contemporánea.
–¿Por qué?
–La experiencia democrática de la participación demuestra que cuanto más cercana a
la gente está la posibilidad de organizarse más efectiva es. Cuando se habla de
autonomía, no se habla de mercado o de falta de compromiso del poder público con la
prestación y organización de servicios. Autonomía es un concepto de libertad máxima
con el máximo de responsabilidad. –¿Acuerda con el sistema de vouchers, por medio
del cual se subvenciona a los padres en lugar de a las escuelas?
–No hay ningún problema de que la legislación contemple ese sistema siempre y
cuando las escuelas que los reciban sean consideradas como públicas. En ese sentido el
Estado no puede negarse la responsabilidad de evaluarlas, de asegurar la equidad en el
acceso a esas escuelas y de cuidar que las escuelas públicas mantenidas directamente por
el mismo Estado tengan una atención preferencial para mejorar en forma continua.
Lamentablemente, las experiencias en América latina han demostrado que el sistema de
voucher está introduciendo, en nombre de la democracia, la ampliación de la inequidad.
El problema surge cuando se plantea, como en Chile y en cierta medida en la Argentina, que
el sistema de voucher es más racional y contribuye a producir mejorías de la calidad y
la equidad.
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