Las declaraciones de Jorge Pérez Cuesta, hijo de un miembro del directorio del Banco Mendoza, involucraron al gobernador Arturo Lafalla a la constelación de personajes salpicados por el affaire financiero que mantiene prófugo a Raúl Moneta. Pérez Cuesta afirmó que Lafalla presionó para incluir al Banco República en el negocio de la privatización de las entidades provinciales. Y, mientras Moneta continúa con paradero desconocido y vela armas en espera de que el traslado de la causa al juzgado federal de Gustavo Literas descomprima su situación, los nombres de los abogados que lo representan en Buenos Aires y en Mendoza hacen sospechar a muchos de que el procurador general Nicolás Becerra no es ajeno al diseño de la estrategia defensiva del prófugo.
Las opiniones de Jorge Pérez Cuesta causaron sorpresa en el empresariado mendocino y nerviosismo en el Ejecutivo provincial. Jorge Pérez Cuesta, propietario del shopping Mendoza Plaza, es hijo de Ernesto Pérez Cuesta, integrante del último directorio del Mendoza y fallecido el 30 de abril. “Fue el mismo gobierno provincial –sostuvo Pérez Cuesta hijo– el que le exigió a Magna Inversora tener un grupo financista banquero que llevara adelante el gerenciamiento y la dirección de la entidad. Nosotros confiábamos en el prestigio del operador, algo que nos impuso el gobierno. Probablemente si hubiera sido un banquero local no hubiera ocurrido lo que sucedió.”
Magna Inversora participó junto a Moneta en la sociedad que se quedó con los privatizados bancos de Mendoza y de Previsión Social. Los dos bancos se fusionaron y dieron origen al Banco Mendoza. El cierre simultáneo de éste y del República, en las primeras semanas de abril, colapsó la vida comercial de la provincia y puso en dificultades a la flor y nata de su empresariado. Es la primera vez que alguien ligado de manera tan estrecha al affaire denuncia las presiones efectuadas por el poder político para incluir a Raúl Moneta en el negocio de la privatización de los bancos provinciales.
El banquero profugado y quienes han sido sus valedores en el mundo político y financiero cifran sus esperanzas en que las maniobras de ingeniería judicial puestas en marcha para derivar la causa a la Capital Federal rindan frutos. La posibilidad había sido anticipado a este diario la semana anterior, con alivio, por una altísima fuente del Banco Central. Es que la situación de Moneta es un tema de primer orden no sólo en el plano nacional, y su salvataje tiene la dimensión de una cuestión de Estado.
No es casual, por lo mismo, que el primer abogado defensor designado por Moneta en Mendoza haya sido Carlos García, ex socio del buffet de Eduardo Bauzá y ex procurador del Tesoro a partir de ese padrinazgo. Muchos suponen que fue esa evidente y peligrosa cercanía a Bauzá la que impuso su sustitución. Hace pocos días Moneta cambió de monta y designó en reemplazo de García a Jorge Garguir, un ex juez federal de la dictadura y ex socio del estudio del actual procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. En Buenos Aires, el banquero es representado por el estudio de Alfredo Iribarren, ex defensor de Amira Yoma. Pero hay una curiosidad adicional: según la edición 1998 del Directorio Argentino de Abogados, al estudio Iribarren lo integran, además, Juan José Iribarren, Jorge Mitchell y Maximiliano Rusconi. Este último estrecho colaborador de Becerra en la sede de la Procuración, en la elegante calle Guido.