| Por Carlos Rodríguez  En la Argentina, a pesar de
los logros que se pregonan en las campañas electorales, el 34,8 por ciento de los
habitantes se considera a sí mismo como “pobre o muy pobre”. El diagnóstico se
completa con algunos datos contundentes: mientras el 62,3 por ciento cuenta con alguna
cobertura médica de obra social o prepaga, un 37,6 por ciento tiene librada su salud a la
buena de Dios del hospital público, un porcentaje que sube al 64,9 en el 20 por ciento de
la población con menores ingresos. En el nivel primario de educación, el 77,3 por ciento
de los niños concurre a los colegios públicos, mientras que el 22,1 por ciento puede
bancar una escuela privada. En ese marco general, algunos datos son particularmente
llamativos: que el 56,5 por ciento responda que tiene en su casa el servicio de TV por
cable, mientras que el 5,1 por ciento carezca de heladera en la casa, el 17,9 por ciento
ocupe viviendas precarias o con problemas de hacinamiento, el 18,4 por ciento consuma agua
de origen insalubre o el 36 por ciento tenga cocina a gas de garrafa.
Los datos surgen de una encuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo Social sobre
26.209 viviendas urbanas de todo el país ubicadas en localidades de más de cinco mil
habitantes que representan el 96 por ciento de la población urbana y el 83,4 por ciento
de la población total. Mientras el 34,8 por ciento piensa que con su grupo familiar son
“pobres o muy pobres”, el 49,7 por ciento cree que pertenece, todavía, a la
“clase media” que fue dada por desaparecida tantas veces, y apenas el 0,2 por
ciento se autodefine como “rico”.
El ingreso medio total por familia es de 1114 pesos, con un piso de 355 pesos y un techo
de 2536 pesos. El ingreso promedio per cápita es de 310 pesos, con una base de 68 pesos
hasta un tope de 1041 pesos. El veinte por ciento de los hogares compuestos por los que
mejores sueldos cobran concentra el 45,6 por ciento de los ingresos, mientras que el 20
por ciento de los más pobres apenas reciben el 6,4 por ciento del total de ingresos. A
pesar de esa realidad implacable, el 52,8 por ciento de los jóvenes de 15 a 24 años
creen que en 20 años tendrán una situación económica “mejor” que la de sus
padres.
En cambio, entre los que tienen de 25 a 64 años sólo el 36,7 por ciento imagina una
evolución favorable, mientras el 44 por ciento considera que estarán “igual o
peor” que ahora. Y el 74,1 por ciento de los que tienen entre 15 y 64 años sostiene
que “en el país hay cada vez más pobres”. También aparece una limitación al
optimismo sobre la supervivencia de la llamada “clase media”. Mientras en el
plano personal el 49,7 por ciento dijo ubicarse dentro de los cánones que corresponden a
ese nivel social, el 67,8 por ciento de los que tienen entre 15 y 64 años admitieron que
“la clase media está peor” que en años anteriores.
En materia educativa, el 61 por ciento de los que cursan la escuela secundaria concurre a
establecimientos públicos, mientras que el 20,6 por ciento paga la matrícula en las
escuelas privadas. El 1,1 por ciento de la población ni siquiera concurre a la escuela
primaria, mientras que el nivel de deserción escolar se eleva al 26,8 por ciento cuando
se trata de jóvenes de 14 a 18 años, en edad de cursar el secundario. De todos modos, el
80,9 por ciento de los hijos, de entre 20 y 29 años, supera el nivel educacional al que
llegaron sus padres.
En materia de salud, la falta de cobertura privada o por obra social es más notoria,
evidentemente, entre los sectores más pobres. Mientras en la población total hay un 37,6
por ciento de habitantes que sólo pueden atenderse en un hospital público, si se toma el
20 por ciento que recibe los ingresos más bajos, el porcentaje sube al 64,9 por ciento.
En ese contexto, un 25,9 por ciento de las personas que se atendieron en el hospital
público tuvieron que recibir, también gratis, los remedios que les suministraron.
Las condiciones de vida se agravan por el déficit habitacional. Un 28,3 por ciento de los
habitantes está instalado en barrios con medios urbanosdeficitarios, un 20,9 por ciento
vive sobre calles de tierra sin veredas ni desagües, un 4,9 por ciento en casas precarias
o muy deterioradas, y un 2,6 por ciento en villas de emergencia o asentamientos urbanos.
El 39,7 por ciento carece de cloacas, el 28,3 no tiene gas natural, el 13,2 por ciento
vive sin tener agua corriente y el 6,4 por ciento está instalado en lugares donde no hay
alumbrado público.
También existen otros inconvenientes que complican la vida cotidiana de cualquier
habitante de la ciudad, como tener un centro de salud o un hospital a diez cuadras o más
(53,1 por ciento), o tener que recorrer la misma distancia para llegar al banco (48,6 por
ciento). En muchos de los casos, los perjudicados tienen los dos inconvenientes juntos,
además de la ausencia de teléfonos públicos, farmacias o comisarías cercanas, en
épocas en las cuales la seguridad ha ganado todos los comentarios cotidianos.
Hay casas donde el problema es el hacinamiento, en algunos casos “moderado” (dos
o tres personas por cuarto) y en otros decididamente “crítico” (más de tres
personas). El 13,1 por ciento vive en alguna de esas dos condiciones. El 20,4 por ciento
de la población tiene como problema adicional el hecho de vivir en una casa prestada o
sin escritura ni boleto de propiedad. Como paradoja, se da el caso de que el 89,9 por
ciento tiene televisor color, el 56,5 por ciento es abonado a la TV por cable y apenas un
4,5 por ciento carece de la “caja boba”.
Hay demasiadas cesáreas, sobre todo en
las clínicas
Una mujer
que va a dar a luz a una clínica privada tiene el doble de posibilidades de tener un
parto por cesárea que si se atiende en un hospital público. Los datos surgen del informe
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación: en el país se hacen cesáreas en un
30 por ciento de los nacimientos, pero esa cifra no es pareja en todas las instituciones.
Según datos de los últimos tres años, en los sanatorios privados se realizaron
cesáreas en un 40 por ciento de los partos, mientras que en los hospitales públicos esa
cifra bajó al 20 por ciento. Pero hay más: ese 30 por ciento global de parturientas que
cayeron bajo el bisturí duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Los especialistas coinciden en que es un problema complejo que no tiene que ver con lo
estrictamente económico. La formación de los profesionales y la información para el
paciente parecen ser las dos soluciones.
Según el lugar de atención, el 19,5 por ciento de las cesáreas fueron realizadas en un
hospital público, el 36,2 por obra social y el 44,6 en institutos privados. “Esto
muestra una relación directa: a mayor nivel socio-económico, mayor número de
cesáreas”, señala José Belizán, director del Centro Latinoamericano de
Perinatología de la Oficina Sanitaria Panamericana, de la OMS. “Esta paradoja
–dice Belizán– se registra en toda América latina. Las mujeres con condiciones
económicas más bajas y con mayores problemas de salud reciben menos cesáreas que las
mujeres con mejores condiciones socio-económicas.” Si bien el incremento a nivel
privado no sorprendió a los especialistas, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para
el Estudio e Investigación de la Mujer, se alarmó con el número de cesáreas hechas en
el ámbito público: “Esto indica un aumento grande porque un estudio realizado entre
1979 y 1993 en la Maternidad Sardá, marcaba que esta cifra estaba entre 14,3 y el 17,8
por ciento”.
Sin embargo, la tajante diferencia entre los dos ámbitos tiene múltiples respuestas.
“En las privadas se hacen más intervenciones porque no hay control, trabaja gente
joven, con poca experiencia y se cansan de esperar. En cambio, en los hospitales se
trabaja en equipo y la indicación de la cesárea es mucho más reprobable”, opina
Miguel Margulies, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UBA. Todos coinciden
en que en la clínica privada se produce una negociación médico-paciente para programar
el parto según la conveniencia de cada uno. Y en que, ante el auge de los juicios por
mala praxis, algunos médicos se aseguran con una cesárea. “Aunque no sea
pertinente, en un juicio por mala praxis siempre surge la pregunta: `¿Y por qué no le
hizo cesárea?’.” “Otro problema –señala Belizán– es que al
médico en la práctica privada le falta tiempo porque está mal remunerado y tiene que
ver más pacientes de lo que puede. La cesárea ahorra tiempo y puede ser
programada.”
Del lado del paciente, el miedo al dolor del parto también inclina la balanza hacia las
cesáreas. Bianco recomienda trabajar con los pacientes y los médicos para “aceptar
que el parto es un hecho fisiológico, no una enfermedad”. “Hay que lograr que
la mujer no se pierda el gozo de percibir cuando su hijo nace, tener el cuerpo dormido es
desnaturalizante”, sentencia Bianco. Del lado de los médicos, las sugerencias
apuntan a vencer algunos “axiomas” que favorecen la cesárea. Los médicos
señalan el axioma que dice “después de una cesárea siempre cesárea” debe ser
demolido. “Se comprobó que se puede llegar a tener un parto normal después de haber
tenido una cesárea”, señaló Belizán.
Además, los especialistas recomiendan que la mujer no esté sola en ese momento.
“Algunos estudios –agrega Belizán– muestran que cuando el compañero o un
familiar acompaña a la mujer durante el parto, baja la tasa de cesárea. Ella se siente
más acompañada y puede consultar antes de tomar una decisión.” Para Margulies,
ante la duda, la mujer siempre debe exigir la opinión de otro profesional. En ese
sentido, desde marzo el Centro Latinoamericano de Perinatología lleva adelante una
investigación en 40 hospitales de la Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Cuba y
Méxicopara probar el éxito de la segunda opinión. Los resultados se conocerán en
diciembre de este año.
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