El País de Madrid
Por Pilar Lozano Desde Bogotá El Parlamento de Colombia
denegó al presidente conservador, Andrés Pastrana, poderes especiales para conducir el
complicado proceso de paz con la guerrilla. Los liberales –en la oposición–
argumentaron en su negativa que el gobierno se ha negado a escuchar sus inquietudes en
esta materia, calificaron de “soberbio y excluyente” al presidente y en reñida
votación hundieron esta posibilidad en el Congreso. Estas facultadas acordadas
inicialmente en un pacto político por todos los sectores otorgaban al jefe de Estado
instrumentos para facilitar los acuerdos de reconciliación resultantes de las
negociaciones, entre otros aspectos en lo relacionado a la creación de circunscripciones
especiales de paz, indulto, reinserción y financiación.
“Ganó el país”, “perdió el país” dijeron, unos con caras largas,
otros sonrientes al término de una sesión que dejó la sensación de que lo que primó
fue la puja de partidos, poderes, y protagonismos, y no los intereses de una Colombia
agobiada por todo tipo de males. Las facultades de paz estaban incluidas en una reforma
política que, en su tránsito por las cámaras del Congreso, se fue llenado de
“micos” –agregados– que desvirtuaron la idea inicial de acabar con los
vicios de la política. El debate, sin embargo, se limitó a enfilar baterías contra la
“prepotencia” del presidente.
Las quejas de los liberales y algunos independientes contra la forma como se maneja la paz
son muchas: falta de concertación, incoherencia que, según ellos, generaron
“preocupación” para entregarle un “cheque en blanco” al jefe de
Estado, y la última: no están contentos con los 5 negociadores que se sentarán, en los
próximos días, con los tres delegados de las FARC. Todos “son allegados al
presidente”. Las más duras críticas las lanzó Juan Manuel Santos, ex candidato
presidencial. “A Pastrana se le salió el dictador”, dijo Santos. Y fue más
allá: comparó las facultades con una “dictadura constitucional”. “El
país va a ser rediseñado por Andrés Pastrana y las FARC bajo chantaje de las armas y
sin participación del pueblo”.
El politólogo Alejandro Reyes comparó lo ocurrido con la rebelión militar, de hace una
semana, también contra el manejo que da el gobierno a la paz: “Ahora es la clase
política la que quiere fijar las reglas del juego y decirle a Pastrana ‘la paz la
hacemos todos’”. Las opiniones sobre hasta dónde afecta al proceso esta
decisión del Congreso están divididas. “Las facultades eran indispensables en este
momento”, dijo Augusto Ramírez Ocampo, uno de los hombres que más ha trabajado por
la reconciliación. “No es tan grave; el gobierno puede echar mano de la legislación
de orden público que le da herramientas similares”, opinan muchos.
“Es bueno que las FARC vean que las cosas no son tan fáciles; que hay un
tamiz”, opinó el presidente de la federación de comerciantes, también cercano a
los vaivenes de la paz. Muchos no ven viable la salida del referendo anunciado por el
gobierno, en un país ahogado por la peor crisis económica del siglo y en medio de un
ambiente político enrarecido.
La caravana va hacia el juicio
El juez
chileno Juan Guzmán procesó por “secuestro calificado” a un general y cuatro
oficiales retirados del Ejército que participaron de la “caravana de la muerte”
durante la dictadura de Augusto Pinochet. La “caravana” –que realizó
decenas de ejecuciones sumarias de presos políticos– fue encabezada por el ahora
procesado general Sergio Arellano Stark, quien dijo que la misión de “apurar el
desenlace” de los “disidentes” le fue encomendada por el propio Pinochet.
El ministro chileno de Defensa, José Florencio Guzmán, pidió “prudencia” ayer
al jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, quien reiteró que el Ejército “no
descansará” hasta que Pinochet regrese a Chile. “Estoy convencido de que el
general Izurieta es un demócrata”, señaló el ministro. Las palabras de Izurieta
fueron condenadas por el socialismo como “deliberantes”, lo que constituiría
una intromisión en asuntos políticos. El retorno de Pinochet a Chile por “motivos
humanitarios” será solicitado nuevamente por sus abogados, ya que el ex dictador
sufre ahora una hernia en la ingle.
EL CONTACTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL
La ETA confirmó a Aznar
Un día después de
que el presidente de España, José María Aznar, revelara que a mediados de mayo se
realizó una reunión entre el Ejecutivo español y la cúpula de la ETA, la agrupación
terrorista salió ayer a confirmar las palabras de Aznar. En tregua unilateral e
indefinida desde setiembre del año pasado, la ETA comunicó en una nota a la emisora
vasca Radio Euskadi que en el encuentro realizado en Bélgica con representantes del
gobierno se “intercambiaron opiniones y objetivos concretos” y que se sentaron
posibles bases “para continuar en el futuro”.
“ETA quiere dar a conocer a la sociedad vasca que ha tenido un contacto directo
reciente con el gobierno español”, dice el comunicado. Según la ETA, la reunión se
logró luego de un intercambio de cartas entre las partes. Pero fue a propuesta del
gobierno. En el encuentro, la organización separatista exigió “la necesidad de
respetar el proceso político y la voluntad del País Vasco”, reivindicación
rechazada por el gobierno, según señala la nota etarra. El 3 de noviembre pasado, Aznar
había autorizado los contactos con la ETA para “explorar” si la organización
tenía voluntad de abandonar las armas.
|
