EN CUATRO AÑOS AUMENTO LA CANTIDAD DE POBRES: HAY 4,1 MILLONES MAS
Más pobres en la cuenta de Menem

Los datos del Banco Mundial son contundentes. Además, hay 1,5 millón más de indigentes. Contra toda interpretación oficial, las cifras revelan el impresionante deterioro de la situación social durante la Convertibilidad. Cifras: No hay publicación oficial sobre pobreza en todo el país. Sorprende que el titular de Desarrollo Social asegure que hay “sólo” 9 millones de pobres. La población que vive en la indigencia llega a 3,2 millones de personas. Sus ingresos no alcanzan para cubrir una dieta mínima en calorías.

  En la última semana, ministros, secretarios y hasta el propio Presidente negaron que la pobreza haya aumentado en los últimos años. Sin embargo, Página/12 publica hoy más datos del Banco Mundial que confirman el impresionante deterioro de la situación social. Según cálculos del organismo internacional, entre 1994 y 1998 el número de pobres en la Argentina aumentó en 4,1 millones. Mientras que los indigentes, aquellas personas que ni siquiera acceden a una dieta mínima en calorías, crecieron en 1,5 millón. Las cifras surgen del mismo estudio que conmocionó al gobierno, al revelar que hoy existen en el país 13,4 millones de pobres. Al presidente Carlos Menem sólo le queda comparar con octubre de 1989, en plena hiperinflación, para argumentar que la pobreza disminuyó durante su gobierno.
A diferencia de la tradicional medición oficial del INdEC, que sólo contempla el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires, el Banco Mundial encaró una medición de la pobreza en todo el país. Este es el gran valor de la nueva estimación realizada por el pelotón de investigadores, coordinados desde Washington por el funcionario Norman Hicks. El estudio forma parte de la auditoría social de la gestión menemista (“Argentina Poverty Assessments”), que lleva a cabo el organismo para determinar qué sectores priorizar en los créditos que se otorgarán al próximo gobierno. De acuerdo con dicho informe, en 1998 había en Argentina 13,4 millones de personas (el 36 por ciento de la población) que no alcanzaban a comprar a fin de mes una canasta básica de bienes y servicios. Esta canasta, valuada en 140 pesos mensuales por adulto de la familia, define la llamada línea de pobreza. A su vez, el 8,8 por ciento de la población, unos 3,2 millones, vivía bajo la llamada línea de indigencia, valuada en poco más de 70 pesos mensuales por adulto.
La comparación con años anteriores, que surge del propio estudio del Banco Mundial, revela el aumento de la pobreza, en millones de personas, durante los últimos años. Y confirma que el Menem del segundo mandato, comparado con el Menem del primero, dejará un pesado legado de pobreza para el próximo gobierno. Estos son los resultados:
  Entre 1993 y 1994, estaba bajo la línea de pobreza el 27,4 por ciento de los argentinos. Teniendo en cuenta que para entonces el INdEC estimó una población total de 33,9 millones, esto significa que entonces había en el país 9.280.216 pobres.
  Así, hoy existen alrededor de 4,1 millones más de pobres que cinco años atrás.
  Un cálculo similar se puede hacer con los indigentes. En el período 93/94, había 5 por ciento de la población viviendo en la indigencia, es decir, 1.693.470 personas.
  Por lo tanto, hoy hay 1,5 millón más de indigentes que hace cinco años.
  La serie de pobreza del Banco Mundial para todo el país sólo recoge datos a partir de 1990. La razón es simple. Hasta ahora, la mayor dificultad para calcular la pobreza, más allá del Gran Buenos Aires, era que no se habían podido confeccionar canastas alimentarias para las principales ciudades del interior del país –que reflejaran las peculiaridades del consumo de esas zonas– para compararlos con los ingresos de la gente. Justamente, los técnicos del Banco aprovecharon la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares –relevada por el INdEC entre 1996 y 1997– para construir canastas con cantidades e ítems de consumo típico en el interior del país. Por eso, se supone que llevar la serie más allá de 1990 no reflejaría la realidad, ya que cuanto más uno se aleje en el pasado, más distintas serán las pautas de consumo.
  En 1990, tiempos de la segunda hiperinflación, 42,1 por ciento de la población estaba bajo la línea de pobreza. Teniendo en cuenta la población de entonces, esto significa que 13.693.000 personas, un número bastante similar al actual, eran pobres.
No existe ninguna publicación oficial con cifras de pobreza para todo el país. Por eso, sorprende la estimación que volvió a mencionar ayer el secretario de Desarrollo Social, José Figueroa, de que hoy hay “sólo” 9 millones de pobres en todo el país.
Los datos del Gobierno, basados en la encuesta de hogares del INdEC, sólo son válidos para Capital y Gran Buenos Aires. Como reveló Página/12 el 9 de marzo pasado, la última medición –correspondiente a octubre del ‘98– dio un nuevo salto de la pobreza y la indigencia. En el área metropolitana, según el INdEC, el 25,9 por ciento de la población era pobre, esto es, poco más de 3 millones de personas.
El cálculo del Banco Mundial para Capital y Gran Buenos Aires arroja que el 29,4 por ciento de las personas se halla bajo la línea de pobreza. Para los expertos, la medición del Banco es más “realista”: mientras los técnicos del organismo internacional trabajaron con una canasta de consumo actualizada para la región, el INdEC sigue utilizando una canasta de bienes y servicios que data de 1986. Ya sea la fuente el INdEC o el Banco Mundial, a Menem no le queda ningún logro que mostrar durante la Convertibilidad, dado que los índices ya son similares al momento previo de lanzado el plan. Más aún, los índices triplican los niveles de principios de los ‘80. Sólo si se compara con los meses de hiperinflación, Menem puede adjudicarse un triunfo en la lucha contra la pobreza.
No hay experto en temas de pobreza que no admita que en el interior del país la situación es sensiblemente peor que en el área metropolitana. De hecho, el estudio del Banco Mundial revela que, actualmente, en el Nordeste el 57 por ciento de las personas no llega a comprar una canasta elemental de bienes y servicios. En el Noroeste alcanza al 56,9 por ciento. En Cuyo trepa al 47,7 por ciento. A su vez, tanto en el Noroeste como en el Nordeste, la indigencia roza el 20 por ciento.

Los planes sociales apenas llegan a los carenciados

Por M. M.

A confesión de parte, relevo de pruebas. La propia Secretaría de Desarrollo Social reconoce, en un informe que difundió el último fin de semana, la escasísima cobertura social con que cuentan hoy los sectores más pobres de la población. Según el documento, menos de la mitad de los niños pobres de 3 a 4 años accede a comedores infantiles, en tanto que un porcentaje aún menor es recibido por guarderías y jardines oficiales. El drama de que el Estado proteja a una ínfima porción de los carenciados se repite en casi todas la áreas, pero sobresale en los programas más críticos, como son los de carácter alimentario materno-infantil.
La Encuesta de Desarrollo Social del Siempro-INDEC, de la que este diario dio cuenta en ediciones anteriores, esconde una perla. El estudio que publicó la Secretaría conducida por el santiagueño José Figueroa revela que los planes sociales implementados por el Gobierno son apenas aspirinas para una enfermedad grave.
Sólo así puede interpretarse que apenas una mínima parte de los sectores en condiciones de pobreza e indigencia sean socorridos por programas sociales. Esta es la síntesis de los resultados:
  La “cobertura y focalización de programas alimentarios para niños de 3 a 4 años” parece más bien paupérrima. Sólo el 45 por ciento de los niños pertenecientes a familias pobres son asistidos en comedores infantiles solventados por el Estado. Más precisamente, alcanza al 62 por ciento de los pequeños que viven en hogares calificados de indigentes, pero sólo al 30 por ciento de lo que pertenecen a familias pobres propiamente dichas.
  Además, sólo el 35 por ciento goza de los beneficios de jardines, guarderías u otros servicios aportados por el Gobierno.
  Para los niños de 6 a 13 años, el grado de cobertura a través de los programas alimentarios distribuidos en escuelas primarias no es mucho mejor. Cubre al 60 por ciento de los chicos que viven en hogares que califican como indigentes. Pero sólo al 23 por ciento de los niños de hogares pobres.
  Los planes alimentarios que asisten a los ancianos en condición de pobreza también son insuficientes. Sólo el 35 por ciento de los viejos en condición de indigencia y/o pobreza recibe ayuda alimentaria del Estado.
Página/12 publicó ayer que, en Argentina, mueren diariamente 47 niños menores de cinco años por enfermedades o causas evitables. Son 17 mil defunciones al año. Así, pese a tener un ingreso per cápita superior, según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, la tasa de mortalidad infantil argentina más que duplica a la de Chile, Cuba o Jamaica, cuadruplica a la de Corea, y es todavía mayor a la de países muy pobres como Sri Lanka.
Un índice tan escandaloso para un país de desarrollo medio se entiende, en parte, por la deficiente cobertura de los programas dirigidos a niños recién nacidos hasta dos años y embarazadas:
  Si bien el 75 por ciento de bebés y embarazadas de familias indigentes reciben atención oficial, apenas el 19 por ciento de las que viven en hogares pobres son socorridas por el Gobierno.
Para tener una idea de la importancia de este tipo de asistencia para bajar la mortalidad infantil, basta considerar lo siguiente. Cuando en 1995, el ministro de Salud, Alberto Mazza, recortó varios de estos programas, debido al ajuste fiscal implementado por la crisis del tequila, el índice de mortalidad infantil, que por cuestiones culturales inercialmente tiende a bajar, subió por primera vez en décadas.
Más aún, el ex director de Unicef, Eduardo Bustelo, calculó que si el Gobierno ampliara la cobertura de estos programas en la totalidad de embarazadas pobres, una medida con un costo inferior a los 40 millones anuales de las jubilaciones de privilegio, “se podría reducir la tasa de mortandad a la mitad y salvar más de 8 mil niños todos los años”. La encuesta de Desarrollo Social también saca a la luz lo acotado de la asistencia oficial a las familias pobres en situación de emergencia, como aquellos hogares que padecieron el año pasado las inundaciones en el Litoral. Sólo el 25 por ciento de los carenciados que padecieron estas emergencias, fueron compensados por el Estado.

EL CELS DENUNCIA AL GOBIERNO
Recortes al Pro-Huerta

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia en contra del Gobierno ante el Banco Mundial. La presentación se realizó ante el “incumplimiento”, por parte del Ejecutivo, de las cláusulas establecidas en un crédito otorgado por la entidad multilateral que beneficiaba a diversos programas de asistencia social, por un monto global de 2525 millones de dólares.
La denuncia se fundamenta en que el Gobierno decidió recortar los planes de ayuda sociales en el marco del ajuste planeado para el presupuesto de este año. Como el recorte “amenaza” la normal ejecución de esos programas, el CELS presentó una queja ante el Banco Mundial, en atención a que una de las cláusulas del crédito era que los planes sociales fueran “expansivos”; es decir, que cada vez abarcara a más personas.
Uno de los programas que corren peligro de desaparecer es el denominado Pro-Huerta, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y que es ejecutado a través del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Por intermedio del Pro-Huerta, por el cual se promociona la autoproducción de alimentos, existe la posibilidad de beneficiar a casi seis millones y medio de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Desde 1994, la cantidad de huertas formadas se quintuplicó al pasar de 91.440 a 434.000. Pero la reducción de fondos –del 60 por ciento del total– amenaza su continuidad. “La decisión del Gobierno revela una intención de utilizar los programas sociales como variables de ajuste del déficit presupuestario. Aun cuando se vulnera la clara voluntad del Banco Mundial de preservar la totalidad de los programas sociales”, como el Asoma (apoyo solidario para mayores) y el Prani (programa alimentario infantil), señaló ayer el CELS a través de un comunicado.

PRINCIPAL