| Por Laura Términe Desde Roma  Familiares de desaparecidos
ítalo-argentinos e ítalo-uruguayos denunciaron ayer ante el fiscal sustituto de Roma,
Giancarlo Capaldo, el homicidio de ocho ciudadanos italianos secuestrados en la Argentina
y Brasil entre los años 1974 y 1980, aportaron detalles para demostrar que los asesinatos
se realizaron en el marco del Plan Cóndor y acusaron al general chileno Augusto Pinochet
como responsable del operativo represivo coordinado por las dictaduras de Chile, la
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en los años setenta. La denuncia da lugar a la
iniciación de un proceso que podría terminar en el enjuiciamiento de los militares
involucrados.
Capaldo escuchó durante la mañana de ayer los testimonios de seis mujeres, familiares
directas de los desaparecidos ítalo-uruguayos Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Armando
Arnone, Andrés Bellizzi, Daniel Baranzano –todos secuestrados en la Argentina–
y del desaparecido ítaloargentino Lorenzo Gigli, secuestrado en 1980 en Brasil y
asesinado en la Argentina. Los casos de Horacio Campiglia y Alejandro Logoluso, también
ítalo-argentinos, fueron denunciados al fiscal a través de un escrito.
Las declaraciones incriminaron a nueve militares, los argentinos Cristino Nicolaides, Luis
D’Imperio y Jorge Muzzio, general, capitán de corbeta y coronel del Ejército,
respectivamente; al comisario de la policía paraguaya, Pastor Coronel; y a cinco
uruguayos: los mayores José “Nino” Gavazzo y Manuel “Jovato” Cordero,
el capitán Jorge Silveira, el teniente Maurente Mata, y el comisario de la policía, Hugo
Campos Hermida.
En un documento de alrededor de 30 páginas, los familiares piden al Estado italiano
“justicia por los crímenes reconducibles a la misma matriz política, en el marco
del operativo de represión ideado por Augusto Pinochet en diferentes países del Cono
Sur”. El texto alude al operativo que se inició “gracias a la colaboración de
los diferentes servicios de informaciones militares” de los cinco países
latinoamericanos, conocido como Plan Cóndor. Además, aporta pruebas y testimonios caso
por caso de los secuestros y desapariciones denunciados.
Con este material, Capaldo deberá solicitar al ministro de Justicia
italiano, Oliviero Diliberto, la autorización para que se inicien las
investigaciones judiciales en este país. El Código Penal de Italia prevé juzgar a los
responsables de un delito político cometido o sufrido por un ciudadano italiano en
territorio extranjero, y puede hacerlo en ausencia de los imputados, al igual que
establecer condenas.
De hecho, en octubre próximo los tribunales romanos iniciarán un proceso
contra siete militares argentinos, entre ellos los generales Guillermo
Suárez Mason y Santiago Riveros, acusados del asesinato de siete ciudadanos italianos y
la desaparición de un bebé durante la dictadura en la Argentina.
Con la luz verde del ministro de Justicia, Italia podría iniciar la
investigación de las formas de cooperación entre los altos mandos de las
dictaduras latinoamericanas para perseguir a disidentes políticos en varios países de
América latina, una indagación que actualmente lleva el juez Baltasar Garzón en los
Tribunales españoles, y por la cual pidió la
extradición de Pinochet desde Gran Bretaña.
“De Italia esperamos justicia y confiamos en la sensibilidad de los
magistrados, de las instituciones y de la clase política de este país”, dijo Aurora
Melloni después de relatar al fiscal Capaldo el contexto de la desaparición de su marido
Daniel Baranzano, secuestrado en la Argentina en 1976.
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