| Por Pedro Lipcovich  Se concretó la pesadilla de
los automovilistas: 1300 camiones y micros obstruyendo el paso y haciendo sonar sus
bocinas ruteras. Los transportistas de carga y pasajeros se movilizaron para pedir la
exención al impuesto destinado al Fondo Nacional de Incentivo Docente, en un recorrido
que confluyó en el Congreso y dejó rodeado el macrocentro porteño. No obstante, el caos
fue menor al que produjo la movilización de colectivos el jueves pasado: porque mucha
gente, alertada, se abstuvo de ir al centro en auto, y porque esta vez el dispositivo
policial funcionó. Extrañamente la movilización dio lugar, por un día, a lo que
recomiendan los especialistas en circulación urbana: dejar el auto en casa, usar el
subte, y un microcentro peatonal. Hubo un solo detenido, pero no camionero ni dueño de
micro sino jubilado, de los que se manifiestan los miércoles, por “resistirse a la
autoridad”.
“No resultó tan complicado como el otro día”, comentaba ayer a las 4 y 20 de
la tarde el taxista Hugo Zamudio, a bordo de su Renault 12, en Bartolomé Mitre y
Riobamba, donde unos pocos autos circulaban guiados por una mujer policía. Es que los
camioneros y colectiveros no dejaron sus vehículos en medio de la calzada, respetaron el
recorrido prefijado y, en general, las indicaciones de la policía, que, instruida por los
fiscales de la ciudad, dispuso un cuidadoso dispositivo de control. Y, sobre todo, la
mayoría de los automovilistas, alertados por los anuncios periodísticos y escaldados por
la experiencia del jueves, dejaron sus autos en casa y tomaron el subte.
Fueron en realidad dos movilizaciones: camioneros y colectiveros. La más impresionante
fue la de los camioneros que, desde las 15, concentrándose desde distintos puntos en
Independencia y Entre Ríos, se desplazaron hacia Congreso haciendo sonar sus bocinas
ruteras. Muchos venían desde la provincia de Córdoba; algunos, desde Misiones. “Los
transportistas no pagamos el Fondo Docente porque no podemos”, decía uno de los
carteles pegados en los coches. Otro era más conceptual: “Los vehículos de las
empresas de transporte no son bienes de consumo sino activos productivos de un servicio
público. Exención a la ley de incentivo docente”.
Frente al Congreso, se juntaban todos: los camioneros, los colectiveros y los jubilados.
De entre estos últimos provino el único detenido de la jornada, por “atentado y
resistencia a la autoridad”; anoche permanecía en la comisaría 6ª, que no dio a
conocer su nombre. El “atentado” de los ancianos consistió en hacer su
movilización de los miércoles en Rivadavia entre Callao y Riobamba, por donde debían
girar los gigantescos camiones. “Ponga que la policía cagó a palos a los
jubilados”, dijeron al cronista. Y se conoció que la diputada María América
González, del Frepaso, fue golpeada por la policía cuando intentó mediar. A las cuatro,
los jubilados ya no “atentaban”, y una de ellas, Esther, petisita, con un
gorrito del sindicato de camioneros cubriéndole las canas, saludaba a los conductores.
“Es que estamos siempre de acuerdo con los pobres”, explicó genéricamente.
Los micros y colectivos de larga distancia venían por Rivadavia, se rozaban con los
camioneros en Congreso y doblaban por Callao, en el circuito que los llevaría por Santa
Fe, Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo hacia Congreso. Eran menos que los camiones y,
más allá de algún embotellamiento en la avenida Santa Fe, coexistieron pacíficamente
con el tránsito normal. Por lo demás, los hábitos conductivos de los colectiveros
resultaron más fuertes que el propósito gremial de marcha lenta, y se apuraban para no
perder la onda verde. En Corrientes y Callao, a las 5 menos 20, los escasos automovilistas
que se habían atrevido a venir al centro circulaban normalmente.
La policía informó que “no se produjeron incidentes” y que “se labraron
cuatro actas de infracción por no acatar las indicaciones del personal policial”,
que en diversas esquinas –esto hubiera sido imposible en unamovilización de a
pie– hacía detener a los manifestantes para permitir la circulación por los cruces.
Entretanto, en Avenida de Mayo y Perú, un nene de unos cinco años con un paragüitas
amarillo correteaba por el centro de la calzada mientras la mamá miraba distraída, entre
peatones que salían del subte, poco ruido y nada de smog. Es que, por la movilización,
la comuna porteña cerró al tránsito vehicular el microcentro, así convertido en lago
de paz en medio de la tormenta.
A las seis, seguían firmes los camioneros y sus bocinas ruteras. En Entre Ríos entre
Alsina y Moreno, un hombre con bastón blanco alzaba la cara, igual que el ciego de
Amarcord, hacia los monstruos metálicos. “Tengo los oídos rotos”, dijo,
clavado en el lugar donde ejerce su oficio de mendigo. El, que se llama Manuel, está de
acuerdo con la protesta porque “el impuesto lo tiene que pagar la gente, y con el
Gobierno, ¿qué pasa?”.
| El turno de los tacheros Las calles de Buenos Aires se pintarán mañana de amarillo y negro. Esta vez
serán los tacheros los que protestarán por el impuesto docente que recae sobre los
dueños de automóviles. Los taxistas se reunirán a las 11 en la esquina de Corrientes y
Agüero, y de ahí marcharán al Congreso. “Se esperan más de 600 vehículos”,
dijo a ese diario Luis Fernández, presidente de la Asociación Taxistas de la Capital,
que junto con la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, convocan a la
manifestación, a la que asistirán delegaciones de Ezeiza, La Plata, Avellaneda, La Rioja
y Ushuauaia, entre otras. “Sí a la educación pública financiada por el Estado y
por una política tributaria que grave la riqueza y no el trabajo”, dice la
convocatoria. |
RAZONES EMPRESARIAS PARA NO PAGAR EL GRAVAMEN
“Un impuesto confiscatorio”
Por David Cufré
“Lo
cierto es que nadie está pagando el impuesto y no lo vamos a pagar.” Al cabo de un
día de furia, con más de un millar de micros y camiones taponando el centro de la
Capital Federal, el presidente de la Federación de Entidades del Autotransporte de
Cargas, José Schimdt, describió a Página/12 el virtual estado de rebeldía en que se
encuentran los empresarios del transporte. A pesar de la contundencia de la
manifestación, tanto el Gobierno –con el Ministerio de Educación a la cabeza–
como las bancadas de diputados del justicialismo y de la Alianza insisten en que las
compañías de colectivos, camiones, barcos y aéreas deben someterse a la ley y pagar el
gravamen que financia un aumento a los docentes.
Para redoblar la presión, los empresarios advirtieron que reclamarán al Gobierno el
aumento de las tarifas de colectivos. “Los legisladores comprenden que más cargas
impositivas deberán trasladarse a las tarifas de los servicios. No queremos que esto
ocurra porque ya estamos fuera de los precios del mercado”, señaló José Canegallo,
prosecretario de la Federación del Transporte de Pasajeros.
El diputado duhaldista Telmo Pérez, presidente de la Comisión de Transporte de la
Cámara baja, es prácticamente el único dirigente que atiende los argumentos de los
transportistas. El legislador presentó hace 60 días un proyecto de ley para excluir a
ese sector del alcance del impuesto. Ayer, junto a los diputados Alejandro Nievas (UCR) y
Gustavo Gutiérrez (Demócrata de Mendoza), Pérez recibió a los dirigentes que
encabezaron la protesta. Después de que cada empresario expusiera las razones por las
cuales se encuentran en “estado de emergencia económica”, los legisladores se
comprometieron a fogonear la iniciativa de Pérez.
Asimismo, el diputado duhaldista propuso que se aumente de 7 a 17 por ciento el impuesto a
la venta de autos gasoleros cero kilómetro, con lo que se recaudarían
–estimó– “unos 100 millones de pesos”. La propuesta ya fue discutida
con el viceministro de Economía, Pablo Guidotti, quien se pronunció en contra,
atendiendo la crisis de la industria automotriz.
Por su parte, los transportistas decidieron pedir audiencia a los jefes de bancada del
oficialismo, Humberto Roggero, y de la Alianza, Federico Storani. Voceros de ambos
legisladores comentaron que los recibirán, pero que no cederán a la demanda de dar
marcha atrás con el cobro del gravamen al sector.
“Es un impuesto de pobres contra pobres, que perjudica a más gente de la que
beneficia”, remarcó Schimdt. “El 55 por ciento de los 130 mil camioneros son
dueños de un solo vehículo y no pueden afrontar un desembolso de entre 600 y 800 pesos.
El 30 por ciento de las empresas tienen entre 2 y 4 unidades, y apenas el 15 por ciento
son flotas numerosas. Acá le están queriendo cobrar a gente por el uso de su herramienta
de trabajo”, se quejó el empresario.
En el mismo sentido, el presidente de la aerolínea LAPA, Alfredo Deutsch, enfatizó que
el impuesto de 1 por ciento sobre el valor de los aviones “es un incentivo para que
la chatarra del mundo venga a volar a la Argentina”. “Nos pone en desigualdad
competitiva –añadió–, porque nuestros aviones nuevos tributarán cinco veces
más que los equipos antiguos de la competencia.” Puso como ejemplo que deberá pagar
850 mil pesos por un avión que acaba de comprar LAPA, a 85 millones de pesos. “El
impuesto es directamente confiscatorio”, insistió Deutsch, al tiempo que agregó un
singular argumento para oponerse: “Nos obligará a aumentar las tarifas y el mercado
volverá a reducirse. En consecuencia, los maestros, aun con un aumento de salarios, no
podrán volver a utilizar el avión porque será demasiado caro”.
La eterna cruzada del señor Toma
El
secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, aprovechó los trastornos ocasionados
por la protesta de los transportistas para volver a la carga contra el Código de
Convivencia Urbana y generar, de paso, una nueva polémica con las autoridades porteñas.
“El Código es insuficiente porque le impide actuar a la policía más allá de
ciertos límites”, cuestionó Toma. Y les pidió a los fiscales contravencionales que
establezcan “instrucciones por escrito a la policía sobre cómo debe actuar en casos
de cortes de calles”. El funcionario no tuvo en cuenta que los fiscales ya había
dictado una resolución, en setiembre de 1998, ratificada y ampliada por otra, el viernes
último. En un comunicado, los fiscales de Cámara Walter Fernández y Juan Carlos López
advirtieron sobre la “pertinaz acción desinformativa” llevada a cabo por Toma,
que “sigue sembrando confusión para la eficaz resolución de los problemas”.
Fiel a su cruzada contra el Código porteño, Toma le pidió al jefe de la Policía
Federal requiera instrucciones por escrito a los fiscales sobre cómo deben actuar en
situaciones de ocupación indebida del espacio público, con cortes de calles”.
Los fiscales respondieron con una dura nota, en la que acusan a Toma de “retomar su
vieja prédica destinada a ocultar las falencias de su gestión”. Recordaron que el
artículo 41 del Código sanciona a quien “impida u obstaculice la circulación de
personas o vehículos por la vía pública, salvo que sea en ejercicio de un derecho
constitucional y se haya dado previo aviso a la autoridad competente”. Y aclararon
que la policía puede labrar actas de infracción sin necesidad de pedir autorización a
los fiscales, como ocurre con cualquier contravención.
Ante la polémica, el propio vicejefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, junto con el
secretario de Gobierno, Enrique Mathov, salieron a la calle para colaborar con los
fiscales y la policía en la tarea de organizar el tránsito. “Se han aplicado
sanciones por bloquear intencionalmente la circulación de vehículos, no por participar
en una marcha”, aclaró Olivera a Página/12.
La Fiscalía dispuso puestos fijos en nueve puntos críticos de la ciudad. Allí, con la
colaboración de efectivos de 20 comisarías, intentaron “garantizar que no se
obstaculicen las vías de circulación”. “La discusión con Toma es una
antigüedad –dijo Fernández a este diario–. La policía actuó como
corresponde, sin necesidad de nuestra autorización. Nadie sabe mejor que ellos controlar
el tránsito en la ciudad.”
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