The Guardian de Gran Bretaña
Por Jonathan Franklin Desde Santiago de Chile Ayer en Santiago se emitieron
órdenes de arresto contra Sergio Arrellano Stark, un general del ejército retirado, y
cuatro subordinados, acusados de secuestrar y ejecutar a por lo menos 75 prisioneros
políticos después del golpe de Estado de 1973 que llevó al poder a Augusto Pinochet. El
general Arrellano y sus cuatro colegas, todos retirados, comandaban una unidad especial
del ejército a la que los chilenos se referían como la “caravana de la
muerte”. La “caravana” llegaba a ciudades de Chile en helicóptero y, en
pocas horas, los prisioneros eran sacados de sus celdas y ejecutados por un pelotón de
fusilamiento, después de largas sesiones de tortura que incluían quemar vivos a los
prisioneros y eviscerarlos con cuchillos corvos.
Ayer se desconocía el paradero del general Arrellano en Santiago. A pesar de los informes
de que había sido puesto bajo arresto domiciliario, o que se estaba recuperando en una
clínica privada, se extrañó la ausencia de declaración oficial por parte de las
autoridades legales o de los abogados del general Arrellano. Varios periódicos chilenos
informaron que había sido enviado en secreto al hospital militar para ampararlo de la
prensa, y, por lo menos temporariamente, de la Justicia. Los abogados de los cinco no
niegan que las ejecuciones tuvieron lugar, pero culpan a otros superiores o subordinados.
Claudio Arellano Parker, el abogado del general Arrellano, dijo: “Esta misión
oficial fue delegada por el general Pinochet, pero él nunca ordenó crímenes ni mi
cliente los cometió”. Uno de los nombrados ayer, el coronel retirado Pedro Espinoza,
está cumpliendo una sentencia de seis años por su participación en el asesinato de
Orlando Letelier en 1976. Letelier, un ex ministro del Exterior chileno, murió cuando
explotó una bomba en su automóvil en Washington, puesta para eliminar a un carismático
líder de los exiliados chilenos.
El abogado de Patricio Díaz, Sergio Arredondo y Marcelo Moren, los tres oficiales
subordinados nombrados, no hizo ningún comentario. Los tres continuarán presos en los
cuarteles mientras sigan los procedimientos legales. En el pasado, el general Arrellano
acusó a sus subordinados, incluyendo a dos de los oficiales nombrados ayer, de ejecutar a
14 prisioneros en la ciudad de Antofagasta. El general Arrellano mantuvo siempre que su
propia misión era estrictamente judicial, ya que estaba “controlando el estado de
los procesos (tribunales de guerra) con el propósito de acelerarlos”.
Las órdenes de arresto de ayer fueron emitidas por el juez Juan Guzmán, después de una
investigación de 18 meses, originada en los juicios entablados contra el general Pinochet
por el Partido Comunista chileno. Se espera que el juez, que es responsable de la
investigación de los abusos a los derechos humanos bajo el régimen militar, y
acusaciones contra el general Pinochet, adopte una serie de medidas. Estas estarían
destinadas a hacer añicos la autoproclamada amnistía del ejército, que protege a los
violadores de los derechos humanos desde hace más de un cuarto de siglo. Aunque el
general Pinochet no está legalmente acusado de organizar las “caravanas de la
muerte”, el juez Guzmán continúa firmemente en sus esfuerzos, primero, por quitarle
al general la inmunidad de la que goza y luego presentar cargos en su contra.
En un esfuerzo por repeler esta ofensiva legal contra los oficiales, Ricardo Izurieta, el
sucesor del general Pinochet como comandante en jefe, lanzó una nueva estrategia para la
defensa del ejército. En una ceremonia militar en la ciudad norteña de Arica, el lunes
pasado, declaró que un juicio al ejército sólo sería razonable si fuera acompañado
por procedimientos legales contra los políticos que “causaron la crisis política de
1973”. Sus comentarios fueron condenados por la mayoría de los partidos políticos
chilenos, que han buscado frenar el extraordinario rolpolítico del ejército, que incluye
poderes tan variados como manejar a los “hooligans” del fútbol y censurar las
películas extranjeras.
Traducción: C. Doyhambéhère.
ATENTADO MORTAL CONTRA OPOSITORES IRANIES EN
IRAK
Para no distenderse demasiado
Seis
militantes de la oposición iraní –Mujaidines del Pueblo– murieron ayer en el
norte de Bagdad, como consecuencia del estallido de una camioneta cargada con más de 200
kilogramos de explosivos. En el atentado resultaron heridas 36 personas, entre ellas una
decena de ciudadanos iraquíes, algunas de las cuales se encuentran en agonía. El mismo
día, Teherán confirmó la detención de 13 judíos iraníes, acusados de espionaje para
Israel y Estados Unidos.
El atentado tuvo lugar al pie de una carretera, a quince kilómetros al norte de Bagdad.
El estallido de la camioneta bomba provocó un cráter de dos metros de profundidad y tres
de ancho, mientras que los restos del vehículo quedaron esparcidos en un radio de 80
metros. Un portavoz de la organización los Mujaidines del Pueblo, que tiene una de sus
sedes principales en Bagdad, acusó al gobierno de Teherán de estar detrás de la
operación y añadió que la embajada de Irán en Bagdad estaba implicada en la
operación.
El atentado de ayer en Bagdad, el más grave que se produce contra los Mujaidines desde
1986, tuvo lugar dos meses después de que fuera asesinado en Teherán el general Ali
Sayad Chirazi, uno de los más importantes mandos del ejército iraní, en una operación
reivindicada por los propios Mujaidines. La organización iraní, que se encuentra
refugiada en Irak desde 1986, ha sufrido en los últimos seis años 75 atentados, 24 de
los cuales han sido perpetrados desde 1997, fecha en la que llegó al poder el presidente
aperturista Mohamed Jatami.
La presencia de la organización opositora iraní en Bagdad y esta larga racha de
atentados son una de las principales causas que impiden la completa normalización de
relaciones entre Irak e Irán, a pesar de lo cual ambos países mantienen relaciones
diplomáticas y tienen abierto un paso fronterizo, por el que circulan desde hace cerca de
un año con normalidad un gran número de peregrinos que desde Irán se dirigen a las
ciudades santas del chiismo situadas en el centro de Irak. El propio presidente iraquí,
Saddam Hussein, ha participado también personalmente en los últimos tiempos en esta
operación de acercamiento entre Irak e Irán, haciendo importantes esfuerzos y
concesiones para cerrar las heridas abiertas por la guerra que durante ocho años
–1980 a 1988– enfrentó a los dos pueblos y provocó más de 300.000 muertos y
500.000 heridos.
Saddam, que es de religión musulmana sunita, permitió recientemente la reapertura de
numerosas mezquitas chiitas y efectuó importantes donaciones económicas para la
rehabilitación de sus centros de peregrinaje en Irak. El pasado miércoles los dos
países se habían intercambiado los restos de cien soldados muertos durante aquella
contienda.
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