| Por José Natanson  Luego de las acusaciones
cruzadas entre Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, un grupo de legisladores del Frepaso
comenzó a husmear los archivos en busca de cualquier hecho de corrupción que pueda rozar
al candidato justicialista. La diputada Nilda Garré investiga los presuntos sobreprecios
que la gobernación habría pagado para equipar a la policía. Mary Sánchez, también
diputada nacional, estudia la posibilidad de que se hayan producido sobrevaluaciones en la
construcción de escuelas. El legislador provincial Alejandro Mosquera analiza las
contrataciones del casino que funcionará en el Tigre. Y todos investigan cómo y en qué
se gastan los 600 millones de pesos anuales del Fondo del Conurbano Bonaerense.
La corrupción volvió a instalarse en la agenda de campaña el domingo pasado, cuando
Duhalde publicó una solicitada en la que le sugirió a De la Rúa tratar el tema a nivel
de “política de Estado”. El jefe de gobierno porteño le respondió recordando
la complicidad de Duhalde con el menemismo. Y, ante la propuesta del gobernador de limitar
la publicidad electoral a los 45 previos a la campaña, le sugirió contratar a
Transparency International para que funcione como auditora.
Con la certeza de que en este tema la coalición lleva las de ganar, la fórmula de la
Alianza salió velozmente a responderle a Duhalde. Los estrategas de la coalición
interpretaron esta jugada como un intento del gobernador bonaerense de sacar la discusión
por la ética de la campaña, aunque la realidad demostró que la maniobra produjo un
efecto inverso. En este clima de acusaciones cruzadas, una serie de dirigentes frepasistas
decidieron en los últimos días desempolvar los archivos de la provincia de Buenos Aires.
La idea es encontrar antecedentes que permitan alimentar con ejemplos concretos el
discurso de los candidatos, que suelen insistir en que no existen diferencias entre la
gestión nacional y la provincial. En el comité de campaña niegan que se trate del
inicio de una etapa de campaña negativa e insisten en que los esfuerzos se concentran en
la difusión del programa de gobierno. Pero lo cierto es que los frepasistas retomaron la
investigación de la corrupción, una actividad que les ha dado muchos réditos
electorales en el pasado.
Nilda Garré fue uno de los dirigentes designados por Carlos “Chacho” Alvarez
como coordinadora del FBI de la Corrupción, una comisión que la Alianza puso en marcha
el año pasado para investigar posibles negociados del gobierno nacional. En los últimos
días, la diputada comenzó a analizar los sobreprecios que se habrían pagado en el
equipamiento de la ex Policía Bonaerense y a buscar información sobre la responsabilidad
de Duhalde en el nombramiento de Ibrahim Al Ibrahim al frente de la Aduana de Ezeiza.
Pero Garré no es la única. Mary Sánchez estudia la presunta responsabilidad de la
gobernación en el pago de sobreprecios en la construcción de escuelas y analiza la
presentación de una denuncia penal por este tema. Por su parte, Mosquera investiga la
instalación de miles de máquinas tragamonedas en el futuro casino de Tigre, un tema que
utilizó ayer el candidato a vicegobernador de la Alianza, Melchor Posse, quien acusó a
Duhalde de “convertir la provincia en un garito”.
De todos modos, el objetivo central de las investigaciones son los 600 millones del Fondo
del Conurbano que, según las acusaciones de la Alianza, Duhalde maneja sin ningún
control y con total discrecionalidad. La candidata a gobernadora por la Alianza, Graciela
Fernández Meijide, dio instrucciones a los dirigentes frepasistas de la provincia de
Buenos Aires para que investiguen en qué se destina el enorme presupuesto del Fondo. La
diputada está convencida, al igual que los integrantes de la fórmula presidencial, de
que el porcentaje que recibe cada Municipio se decide con base en las exigencias
políticas y no de acuerdo con sus verdaderas necesidades.
SESION ESPECIAL EL 1° DE JULIO
Elecciones unificadas
La
Legislatura porteña tratará el 1° de julio próximo la ley electoral de la ciudad
durante una sesión especial que ayer decidió impulsar el bloque de la Alianza. El
objetivo será dotar a Fernando de la Rúa del instrumento legal que necesita para
convocar a elecciones en el distrito junto con las presidenciales del 24 de octubre.
Radicales y frepasistas decidieron apurar el tratamiento de la ley electoral aún sin
haber arribado a un acuerdo entre ellos sobre el proyecto que la Alianza llevará al
recinto, aunque los encargados de pilotear las negociaciones confían en que la semana
próxima todo quedará resuelto. Dentro del bloque de la coalición, el tema está en
manos de una subcomisión que trabaja sobre la base de la propuesta formulada por el
Ejecutivo.
Los legisladores aliancistas tomaron la iniciativa frente a las dudas de Fernando de la
Rúa. El candidato sostiene que no puede convocar a elecciones porque no cuenta con la ley
electoral, aunque la verdad es que no está convencido de hacerlo porque supone que su
carrera presidencial podría complicarse si Domingo Cavallo decide lanzarse en el distrito
de la mano de Eduardo Duhalde. Las máximas autoridades del bloque de la Alianza en la
Legislatura, Gabriela González Gass y Abel Fatala, le advirtieron ayer que “no tiene
sentido realizar dos elecciones en menos de seis meses”.
| Oyhanarte “al voleo” Fernando de la Rúa le pidió ayer a la legisladora porteña Marta Oyhanarte
que no lance “acusaciones al voleo” sobre presuntos casos de corrupción en su
administración sino que “aporte elementos concretos”. La semana pasada,
Oyhanarte anunció que renunciaba a su afiliación radical argumentando que la UCR estaba
“enferma” y mencionó algunos hechos de corrupción denunciados en la gestión
municipal. Además, dejó entrever la posibilidad de pasar a Nueva Dirigencia, la fuerza
de Gustavo Beliz. “Como ella hizo una apreciación general de que existen hechos de
corrupción no averiguados, le pido que aporte elementos concretos”, reclamó De la
Rúa, que insistió en que “lamentaba mucho” la postura de Oyhanarte. |
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