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 El coronel
retirado Edberto González de la Vega, actualmente preso por su presunta participación en
la venta ilegal de armas, aseguró ayer que esas maniobras “involucran” al
propio presidente Carlos Menem. De la Vega, quien era director de Coordinación Empresaria
de Fabricaciones Militares cuando se desvió el armamento a Ecuador y Croacia, formuló la
acusación en un escrito que presentó a la Justicia y en el cual reclamó que la Corte
Suprema asuma la investigación del caso.“Los hechos involucran a funcionarios de un ente autárquico del Estado, a las máximas instancias jerárquicas de dos Fuerzas Armadas, a tres ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y aún al titular de este último.” Así, sin nombrar a ninguno, De la Vega involucró a todos en la venta ilegal de armas. A Fabricaciones Militares, al Ejército y la Fuerza Aérea, a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Economía, y hasta al propio Presidente Menem. De la Vega no hizo la acusación en forma personal, sino a través de un escrito que su abogado defensor, Juan Torres Baunde, presentó a los jueces Jorge Urso y Julio Speroni. A ambos magistrados, Torres Baunde les solicitó en esa presentación que “se abstengan de seguir entendiendo” en la investigación del desvío de armas a Ecuador y Croacia y les señaló que deber ser “la Corte Suprema quien asuma el conocimiento del caso”. Se trata de la primera vez que un imputado en la causa cuestiona la competencia de los jueces que investigan el ilícito y reclama que la Corte Suprema tome el control del expediente que compromete a varios hombres del entorno de Menem. Desde la Casa Rosada se intentó tiempo atrás una jugada en ese sentido con el fin de frenar la investigación que compromete al canciller Guido Di Tella; al jefe del Ejército, Martín Balza, y a los ex ministros de Defensa Oscar Camilión y Antonio Erman González. La posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Suprema también fue barajada en algún momento por Balza, acusado por el fiscal Carlos Stornelli como supuesto miembro de la asociación ilícita que participó de la venta ilegal de armas. José Scelzi, el abogado del jefe del Ejército, llegó incluso a redactar un escrito en ese sentido pero nunca lo presentó. De la Vega está detenido desde enero pasado y fue procesado en la tres causas abiertas por el desvío de armas a Ecuador y Croacia y que en forma separada tramitan los jueces Urso, Speroni y Marcelo Aguinsky. Este último magistrado es el único que declinó su competencia en favor de la Corte Suprema, aunque sólo para el caso de las operaciones que terminaron con el envío de armamento a los Balcanes. El argumento de la defensa de De la Vega para solicitar el pase del expediente a la Corte Suprema es que el objeto de la investigación es “la conducta de funcionarios del Gobierno argentino en tratos con funcionarios de países extranjeros”. Torres Baunde recordó que le compete a ese Tribunal “la resolución de juicios en que se discuten cuestiones susceptibles de afectar las relaciones internacionales” y opinó que las operaciones de venta de armas “no son sino la consecuencia de decisiones de Gobierno tomadas en el marco de la política exterior de nuestro país”. En Tribunales se dio a conocer también que Stornelli apeló la falta de mérito que Urso dictó en favor del hermano del ministro de Justicia, ex interventor de Fabricaciones Militares, Nicolás Granillo Ocampo, y del ex viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olazabal.
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
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