El País de Madrid
Por Ernesto Ekaizer Desde Madrid El general Augusto Pinochet
adoptó el pasado fin de semana, en su residencia de Surrey (Reino Unido), la decisión de
autorizar el apersonamiento de sus abogados en la causa sobre terrorismo, genocidio y
tortura que se instruye en la Audiencia Nacional española desde julio de 1996. La
decisión fue el resultado de acoger positivamente las opiniones de varios abogados
españoles que participaron en una reunión con el equipo de letrados chilenos y
británicos el pasado viernes 4 de junio en Madrid. La idea consiste en defender desde
dentro del procedimiento que instruye el juez Baltasar Garzón la falta de competencia
jurisdiccional española en los delitos que se imputan al ex dictador.
La batalla, pues, será ahora en dos frentes: en Madrid y en Londres. Hasta el momento, el
general Pinochet y sus abogados chilenos y británicos eran reacios a emprender una
defensa jurídica en el procedimiento español por el hecho de que ello podría implicar,
de hecho, un reconocimiento de la jurisdicción española.
El pasado viernes 4 de junio, el bufete de abogados Kingsley & Napley, que lleva la
defensa del general Pinochet en Londres, y los abogados chilenos del general, en este caso
Hernán Felipe Errázuriz (ex ministro de Asuntos Exteriores de Chile, ex embajador en
Washington y ex presidente del Banco Central chileno, cargos que ejerció durante los
gobiernos de Pinochet), se reunieron en Madrid con tres abogados españoles. Uno de ellos,
Ernesto Díaz-Bastién, es el letrado cuyo bufete actúa desde hace varios años como
corresponsal de Kingsley & Napley; los otros dos abogados fueron el penalista José
María Stampa y Fernando Escardó.
Los tres abogados españoles escucharon un amplio informe de sus colegas británicos, que
estuvieron representados por el abogado Michael Caplan y por Clive Nicholls, quien actúa
como barrister, el abogado con rango especial que presenta el caso en los tribunales.
Fuentes jurídicas consultadas en Londres dijeron a este periódico que los letrados
británicos ratificaron su confianza en ganar el caso y, por tanto, impedir la
extradición de Pinochet a España. Sin embargo, habrían puntualizado que el proceso en
Londres, por los múltiples recursos ante el Alto Tribunal de Justicia como ante la
Cámara de los Lores, puede durar dos años y medio.
El factor tiempo es, en este caso, crucial por el simple hecho de que Pinochet cumplirá
el próximo 25 de noviembre 84 años y porque algunos problemas de salud que arrastra
(marcapasos en el corazón, diabetes, y otros) parecen verse agravados ahora con la
depresión resultante de nueve meses de batallas jurídicas que, finalmente, han terminado
en derrota, en lo que se refiere al aspecto fundamental, que es devolverlo a Chile.
Los abogados británicos y chilenos se venían preguntando, pues, si cabía alguna acción
en España para lograr en el terreno del procedimiento de Chile anular la petición de
extradición mediante una batalla contra la jurisdicción española sobre los delitos de
tortura y conspiración para torturar, a partir del 8 de diciembre de 1988, que son los
únicos que ahora se imputan a Pinochet.
La opinión de los tres abogados españoles ha sido unánime: el apersonamiento, el
ejercicio del derecho de defensa, en el procedimiento de la Audiencia Nacional española
no significa el reconocimiento “político” de jurisdicción por parte de
Pinochet si lo que se va a hacer es combatir esa competencia jurisdiccional. Stampa,
Escardó y Díaz-Bastién opinaron que el general debe apersonarse en la causa cuanto
antes y plantear todas las cuestiones previas en el contexto de la instrucción sumarial.
Los tres opinaron, según fuentes jurídicas consultadas enMadrid, Santiago y Londres, que
no existen obstáculos técnicos al apersonamiento de Pinochet.
El ejercicio de defensa está consagrado por la Constitución española y por la ley de
Enjuiciamiento Criminal. Aunque Pinochet no ha comparecido ante el juez Garzón, tampoco
está prófugo o en situación de rebeldía, lo que podría invocarse en contra de su
apersonamiento a través de abogado, puesto que permanece en Londres, bajo custodia
policial, a la espera del resultado del juicio de extradición. Este juicio ha sido
convocado para el próximo 27 de setiembre por el tribunal de Bow Street.
| “Maté, y qué” El hijo y abogado defensor del general chileno Sergio Arrellano Stark
admitió ayer la responsabilidad de su padre en el fusilamiento de 72 presos políticos,
ordenados por la “caravana de la muerte” que el militar (foto) encabezó en el
norte de Chile en 1973. “Es una cuestión absolutamente indudable que los crímenes
se cometieron”, dijo el abogado Claudio Arrellano Parker. El general Arrellano Stark
y otros cuatro altos oficiales retirados del Ejército enfrentan una orden de arresto que
había dictado el martes el juez Juan Guzmán Tapia, en una de las 24 querellas criminales
presentadas contra el general Augusto Pinochet, el ex dictador chileno detenido en
Londres. |
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